Buenos Aires, 9 de enero de 2024. El centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que presentó la acción de amparo que derivó en el freno a las construcciones, celebró ahora el nuevo fallo aunque advirtió sobre “la calidad de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que pueda presentar” el gobierno porteño para intentar destrabar el proyecto.

En una nueva resolución de 19 páginas, Danas no sólo ratificó su fallo anterior sino que transformó la medida precautelar en cautelar a secas para mantener frenadas todas las obras dentro de la reserva “hasta tanto se haya acreditado en autos la conclusión del Procedimiento Técnico - Administrativo de EIA”. 

El GCBA deberá cumplir, entonces, con todos los pasos previstos por el Artículo N°9 de la Ley N°123, que establece las características del proceso que deriva en el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental. Además de hacer la audiencia, se debe categorizar el efecto ambiental de las actividades, proyectos, programas o emprendimientos a realizar, presentar el estudio y declaración de impacto, y finalmente sí tramitar el certificado.

El proyecto de obras comenzó a fines del año 2022 e incluye, además del local gastronómico, un nuevo portal y un nuevo camino de acceso, caminos secundarios, sanitarios, áreas con pérgolas y bicisendas, y un centro de interpretación, que también fue cuestionado por los estudiantes de FCEN por haber sido construido en “zona intangible” de la Reserva. En cuanto al local, la más polémica de las construcciones, se denomina oficialmente Bar Bajo Espigón y está ubicado en el centro de la zona de espigones, al borde del Río de la Plata, donde ya se puede divisar la estructura metálica y vidriada, con un deck hacía el río. 

En el marco de la causa, el GCBA argumentó que la obra se lleva a cabo en la parte de la reserva catalogada por el Código Urbanístico (CUR) como Urbanización Parque (UP) y que es “compatible dentro de la zonificación propuesta en el Plan de gestión”, por lo que no tiene relevante impacto ambiental. 

Ese argumento había sido rebatido durante la audiencia por el representante de la Defensoría del Pueblo, Hernán Invernizzi, titular del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El funcionario subrayó allí que “el CUR establece que toda la reserva es una unidad que incluye la UP, pero como parte de la reserva”. El área protegida de 18 hectáreas cuenta con más de 800 especies de seres vivos, de las cuales unas 500 corresponden a animales y las restantes a plantas.

El gobierno porteño también sostuvo en el expediente que la obra del local gastronómico se realiza tomando parte de una estructura preexistente, argumentando además que el espacio utilizado se encontraba “sin uso ni mantenimiento alguno, con constante peligro latente de intrusión por personas sin techo”. 

 

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