Sociedad | Atentado a la AMIA

El juicio que viene

Cuando se aproxima el 21 aniversario del atentado a la AMIA en la justicia argentina poco se comprobó acerca de los autores, las acciones que realizaron para consumar el atentado y sus colaboradores locales. Dos investigaciones prosiguen abiertas. Una, en la que investigaba el fallecido fiscal Nisman, procura deslindar la autoría de los hechos criminales. Otra, que ya está elevada a juicio oral, se instruyó para analizar las acciones de encubrimiento realizadas por autoridades argentinas con diferentes responsabilidades en aquel momento. Buenos Aires, 14 de abril de 2015. El mayor atentado terrorista padecido por nuestro país en su historia todavía se encuentra pendiente de justicia. Próximos a los 21 años de la explosión que destruyera gran parte de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, sólo se dispone de un listado de sospechosos de haber planeado y ejecutado el atentado, imputados por el trágicamente muerto Nisman.

El otro juicio, sobre el encubrimiento de los autores, ya tiene procesados desde hace casi siete años. Sin embargo, todavía duerme el sueño de los justos. Tanto, que el 10 de marzo pasado, después de todo lo que ocurrió en este verano, la Suprema Corte de Justicia requirió “la mayor celeridad” para el inicio del juicio oral por el encubrimiento del atentado a la AMIA.

Antes que la Corte, había sido el propio Nisman quien había solicitado que se aceleren los tiempos de los encargados de juzgar. En los últimos días hábiles del año pasado había presentado un escrito ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, pidiendo que se adelante para el primer semestre de 2015 el inicio del juicio oral contra los acusados de encubrir el atentado.

En su momento, el fiscal especial para la Causa Amia, argumentó que “se encuentran cumplidas las condiciones procesales que permiten fijar una fecha próxima”, pidiendo en ese marco que por la “relevancia” existía la “necesidad de adoptar una decisión definitiva”.

El juez federal Ariel Lijo, interviniente en la sustanciación del sumario, había dictado el 30 de junio de 2008 el procesamiento del ex presidente Carlos Menem, del ex juez Juan José Galeano y del ex secretario de la SIDE, Hugo Anzorreguy, en la causa que se investigan presuntas irregularidades cometidas en el proceso de instrucción del atentado a la mutual judía. La medida judicial alcanzó también al hermano del ex presidente Munir Menem, al ex comisario Jorge “Fino” Palacios, y a Juan Carlos Anchezar y Carlos Castañeda.

En una dura y extensa resolución de 324 carillas, el magistrado dio por probado que, como lo venía sosteniendo el fiscal Nisman, a partir del 1 de agosto de 1994, apenas unos días después del atentado, el ex presidente Menem ordenó y determinó al juez Galeano, a la SIDE y a la Policía Federal, dar impunidad y sustraer de la investigación a Alberto Jacinto Kannore Edul, argentino de origen sirio, uno de los principales referentes de la conexión local.

Para eso se interrumpió abruptamente la investigación al respecto, se dejaron sin efecto intervenciones telefónicas de singular importancia, se interrumpieron allanamientos y otros no se realizaron, se ocultó información que vinculaba a Kannore Edul con la causa y se destruyó material probatorio.

Entre el material destruido estaban más de 130 cassettes con escuchas telefónicas y se insertaron datos falsos en instrumentos públicos, en al menos ocho oportunidades.

A Menem y su hermano Munir se los procesó por encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica reiterada de instrumento público. En tanto a que a Galeano se lo acusó de encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y violación de medios de prueba.

Por su parte, Anzorreguy y Anchezar fueron imputados de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público en cinco oportunidades. Palacios, quien fuera separado del cargo de jefe de la Policía Metropolitana apenas designado por Macri por la presión que ejercieron familiares de las víctimas de la AMIA y organismos de derechos humanos, fue imputado de los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y destrucción de pruebas.

Respecto de Palacios, el juez descartó una a una sus excusas y dio por probado que el teléfono desde el cual se llamó a Kannore Edul era del ex comisario y fue utilizado por el mismo jefe policial en llamadas que duraron 48 y 96 segundos. También se determinó que había otros teléfonos a nombre de la policía que usaban sus subordinados. Por último, Palacios también quedó acusado por la sustracción de 54 cassetes y transcripciones telefónicas con escuchas que comprometían a Kannore Edul.

También aparecen imputados los ex fiscales Eamon, Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia, quienes llegarán a juicio acusados de privación abusiva de la libertad agravada, peculado y coacción, junto al reducidor de vehículos Carlos Alberto Telleldín y su pareja Ana María Bogarín; el abogado Víctor Stinfale, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja y el ex agente de la SIDE, Patricio Finnen, por el delito de peculado.

La causa por encubrimiento del atentado a la AMIA se inició el 15 de febrero de 2000, a raíz de las declaraciones públicas del ex prosecretario del juez Galeano, Claudio Lifschitz. Antes de llegar a Lijo, la causa sufrió una larga parálisis cuando estuvo en manos del juez federal Claudio Bonadío, quien fue apartado en 2005.

Santiago Pujol

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