Buenos Aires, 13 de diciembre de 202. A medida que las empresas son más significativas y poderosas, adquieren capacidad para cooptar estamentos enteros de ese Estado para que actúen en función de sus intereses. Es lo que quedó al desnudo con el accionar de Clarín y el tour a Lago Escondido con el que agasajó a un selecto pelotón de funcionarios judiciales y gubernamentales macristas.

Hacerse amigo del juez es un antiguo consejo ladino que sirve para ganar favores. Que eso lo haga el mayor complejo mediático del país, indica una violación de las garantías democráticas de igualdad ante la Ley. Más aún cuando, por supuesto, Clarín opera a través del conjunto de sus propios medios de prensa para encubrir, naturalizar y tergiversar ante la opinión pública sobre la que incide, los graves hechos puestos al descubierto. 

Es frente a ese escenario de exhibición pornográfica de sumisión del Poder Judicial a la voluntad de los grandes conglomerados empresarios que alcanza toda su dimensión la pregunta por lo que resta de la democracia, a casi cuarenta años de haberla recuperado formalmente. No se trata tan solo de votar cada dos o cuatro años candidatos promovidos o atacados por esos mismos medios. La cuestión cardinal de la democracia es en interés de quienes gobierna el Estado.

Si solo actúa al servicio de la minoría ultra concentrada que es propietaria de las principales actividades económicas del país, por mucho que haya sido convalidado por elección popular, se trata de un gobierno de las oligarquías, al igual que el que ya tuvimos cuando los militares se apoderaron de las instituciones estatales por la fuerza. Porque no hay que olvidar que la dictadura fue un gobierno de la oligarquía. Entre otras evidencias claras, fue entonces que La Nación y Clarín se apropiaron fraudulentamente de Papel Prensa y desde entonces, monopolizan la producción de un insumo esencial para el ejercicio pleno de la libertad de prensa.

Con el gobierno de Macri obtuvieron la consagración de su posición dominante en el sistema de medios argentinos, al ser derogados por un decreto los principales artículos de la Ley de Medios votada por el Parlamento durante el gobierno de Cristina Fernández. Con su justicia adicta, ahora pretenden proscribir a la principal dirigente política popular y con eso cercenar el derecho de elegir libremente quién será el próximo gobernante argentino. 

Ya ni siquiera se limitan de acuerdo con las normas vigentes, puestas patas para arriba por los mismos cortesanos que debieran ser sus mayores custodios. La Corte Suprema que integra el abogado del grupo Clarín puesto por la ventana por Macri junto a su actual Presidente, decidió usurpar funciones legislativas y mediante un fallo repuso una ley expresamente derogada quince años antes por el Poder Legislativo. No contentos con este atropello, perfeccionado con la autoelección del juez Rosatti como titular del Consejo de la Magistratura, luego pretenden resolver en sede judicial cómo debe ser el funcionamiento del Senado de la República y cuál es el procedimiento para designar los representantes del cuerpo en el Consejo. Así están destruyendo la República y, con ella, el ejercicio soberano de la voluntad popular. Por eso, ¿qué queda de la democracia?   

Lic. Gerardo Codina

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