Buenos Aires, 3 de octubre de 2017. El proceso de BA Elige se inició en abril con el ingreso de las propuestas vecinales. Luego el Gobierno evaluó cuáles de ellas eran viables. Entre el 22 de agosto y el 17 de septiembre se desarrolló la última etapa. Los vecinos votaron en forma digital qué obras quieren que ejecute el Gobierno porteño el año que viene. Entre los proyectos más votados hay una pista de ciclismo en Parque Sarmiento (Comuna 12), la creación de una plaza en Rocamora y Pringles (Comuna 5), una pista de atletismo en Parque Avellaneda (Comuna 9), uso de energía solar en Barrancas de Belgrano (Comuna 13), construcción de un parque verde en Donato Álvarez y Yerbal, Caballito (Comuna 6), entre otros. Pero no todos quedaron conformes.

Al respecto, el Movimiento Comunero, agrupación que defiende la descentralización porteña y cuyos miembros participan en los Consultivos, afirmó: "Está muy bien que se consulte a los vecinos sobre las obras públicas que quieren y necesitan en los barrios. Más aún, la democracia participativa implica la intervención directa de los ciudadanos en la elaboración, decisión y control de las acciones públicas. Y para eso la Constitución creó el Cuarto Poder de la Ciudad – las Comunas – como la institución central de la democracia participativa. Independiente del Gobierno de la Ciudad y con dos organismos de gobierno propios. Una Junta Comunal elegida por la ciudadanía y un Consejo Comunal integrado libre y voluntariamente por los vecinos y sus organizaciones".

"Llama la atención el lanzamiento del Programa BA Elige, con un respaldo de 500 millones de pesos, cuando a las Comunas jamás les asignaron un peso. Publicitado como si, a través de él, los ciudadanos ejercieran la participación, decidiendo las obras que quieren que se hagan en sus barrios, resulta, en realidad, un estudiado mecanismo para falsificar e impedir la participación real, institucional y libre de los vecinos", reprocharon en un comunicado.

"Porque la limita a un mecanismo exclusivamente virtual, no interactivo, centralizado y sin ninguna posibilidad de intercambio ni control por los ciudadanos. Los funcionarios que dirigen y llevan adelante las distintas etapas del proceso del BA Elige, conocen todos los datos sobre las personas que proponen y votan, pero estos no tienen ningún acceso a dicha información. Así un ciudadano que hace una propuesta, no tiene información alguna sobre quien la apoya, quien la evalúa "técnicamente" y quien la vota, ni puede comprobar, en consecuencia, si la votación virtual fue hecha por trolls o por ciudadanos reales, ni conocer los criterios de la evaluación, ni si ésta fue fundada en razones técnicas o razones "políticas". Al impedir cualquier posibilidad de intercambio de los ciudadanos entre sí y con los funcionarios intervinientes, el programa BA Elige se convierte en una falsificación y manipulación de la participación ciudadana de acuerdo con los intereses del gobierno", denuncian.

"La propuesta del Movimiento Comunero es que los recursos informáticos necesarios sean transferidos a los Consejos Consultivos Comunales, para que estos los incorporen al proceso de elaboración participativa del plan y presupuesto comunal anual. Como lo establece la Ley 1777", concluyen los vecinos participativos.

En junio de este año, el juez Martín Converset, titular del juzgado N° 5 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, rechazó "in limine litis" una acción de amparo planteada por un grupo de integrantes de diversas Juntas Comunales, todos del Frente para la Victoria, para suspender BA Elige.

En la sentencia se sostuvo que los amparistas no estaban legitimados para representar a las Comunas como organismo y tampoco "logran demostrar que el programa ´BA Elige´ pueda afectarlos en su condición de miembros aislados de las Juntas Comunales que integran", por lo que ante la "ausencia de un caso", correspondía el archivo de la causa. "En definitiva y a la luz de estos asertos, de consuno con la jurisprudencia reseñada, parecería un exceso dar trámite a la presente acción puesto que como comuneros los actores carecen de acción y, como habitantes de la ciudad, no han logrado esgrimir un ´interés específico, concreto y atribuible en forma determinada´ respecto de cualquier otro habitante de la ciudad que se crea con derecho a cuestionar la legalidad del acto que pretende atacar", expresó Converset en la sentencia firmada el 10 de mayo, concluyendo que "la ausencia de un caso que habilita la intervención del poder judicial, sella la suerte del planteo efectuado por los actores, sin otra posibilidad que su archivo".

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