Buenos Aires, 14 de mayo de 2024. Toda la perorata de defensa de la propiedad privada se tira al tacho cuando se trata de confiscar las escasas pertenencias de un pobre desahuciado. Colchones, mantas, cartones. Todo se destruye porque “ensucia” la ciudad próspera, orgullosa de sí misma, admirada por los extranjeros adinerados que hacen turismo en ella para beneficio de los propietarios de sus inmuebles más codiciados. 

Lo mismo ocurre cuando la policía, “brava” con los más débiles, se apropia ilegalmente de la mercadería que intentan vender en las calles para sobrevivir día a día en una ciudad que les da la espalda a los caídos. Sean sánguches, frutas o ropa de marcas falsificadas, todo es saqueado en nombre del orden y la limpieza, por los mismos uniformados que hacen la vista gorda frente al narcotráfico, como sistemáticamente denuncian nuestros vecinos.

En esa ciudad hipócrita que procura conformar Macri y que se desentiende de las consecuencias de una economía excluyente y en caída libre, no hay lugar para el escándalo frente a la brutalidad del desprecio por los afectados. Son descartados sin siquiera una mueca de vergüenza. Nadie reclama por su dignidad violentada, como si se creyera que la pobreza carece también de derechos. Y ese silencio colectivo es en sí mismo un verdadero escándalo moral que demuestra la degradación colectiva a la que nos ha arrastrado la lógica economicista del ultra liberalismo.

Vivimos tiempos en los que campea la lógica de la “aporofobia”, neologismo acuñado por la filósofa española Adela Cortina en 1995 para referirse al “rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que, al menos en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio”. Tiempos en el que reditúa políticamente mostrar cómo se limpia la ciudad de menesterosos, sin que nadie pregunte qué fue de ellos. En los que un funcionario público puede inventar el supuesto delito de dormir en la calle y aprehender a los que lo cometen.

Tiempos difíciles para la democracia aunque se hayan elegido los gobernantes por el voto popular, dado que la igualdad se niega radicalmente al que no posee un mínimo de bienes. A ese, ni derecho a protestar se le reconoce. Entonces, ¿de qué ciudadanía hablamos? ¿Será por eso que consideran a la justicia social como una verdadera aberración?

Negar la igualdad política de algunos en función de su carencia de recursos es un antiguo rasgo de las repúblicas modernas. Así fue fundado Estados Unidos, con una ciudadanía restringida a los hombres blancos, mayores de 25 años, siempre que fueran propietarios. A falta de propiedad, los hombres blancos mayores de 25 no tenían derecho a voto. Igual que los no blancos, las mujeres y los menores de edad. ¿También querrán volver a esto? Deben saber que esas restricciones fueron barridas de la historia por la persistente lucha de los desamparados en reclamo de su lugar en la sociedad. Un lugar de  dignidad e igualdad sustentado en su condición humana.

                                                                                                          Lic. Gerardo Codina

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