Buenos Aires, 12 de julio de 2022. La Justicia porteña rechazó en una nueva instancia el reclamo de las familias y trabajadores de la salud contra el traslado de la Escuela Infantil Nº 6 del Distrito Escolar Nº 6 -el Jardín del Hospital Ramos Mejía- que desde 1986 funcionaba en su histórica sede de Venezuela 3158, dentro del centro de salud, a su actual destino en la calle Catamarca 342, en la Plaza Manzana 66, ambas locaciones en el barrio de Balvanera. Al hacer la mudanza, se cerró este primer inmueble.

“Era de esperar que fuera en favor del GCBA. Tenemos ahora que elevar el reclamo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ)”, nos dijo Laura Valdés, madre de una escolar. Se trata de la máxima instancia judicial en CABA. “La idea ante este panorama es empezar a realizar otras acciones, ahora que la situación sanitaria lo permite. Aunque muchas de las familias ya egresaron, consideran la importancia de que se mantenga el jardín”, sumó.

El traslado se resolvió en 2018 y se concretó en 2020, a poco de iniciar la pandemia. En el medio, la comunidad educativa impulsó dos amparos, uno de ellos por parte de familiares de escolares y trabajadores del hospital. Sobre este se pronunció a fines de junio la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CATyRC)-Sala II. 

Según María Cecilia Fernández, abogada que patrocinó a las familias, se espera que la Cámara evalúe la concesión de un recurso para que puedan reclamar ante el TSJ. “Si nos los rechazan, lo que nos queda para hacer es plantear una queja directamente al TSJ y, de acuerdo a esta resolución, lo único que nos quedaría luego si volvemos a perder es ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como instancia interna del país”, indicó. Luego mencionó instancias internacionales. 

“Vamos a seguir, vamos a pedir que se reabra el jardín”, dijo en diálogo con este medio Claudio Gómez, del cuerpo de delegados del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) del Hospital Ramos Mejía. 

En concreto, desde hace tiempo el Gobierno porteño quería mudar el Jardín del hospital, el efector público de salud más importante de la Comuna 3 y alrededores. En la causa judicial, fuentes de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación porteño dijeron que el inmueble era una casa reformada. Aludieron “deficientes condiciones edilicias” y “limitaciones” a la hora de emprender reformas. 

En paralelo, en abril de 2017 se aprobó la Ley N° 5.800 que creó la Plaza Manzana 66, fruto de la lucha vecinal. Los ciudadanos propusieron, junto con el pedido de áreas parquizadas y mobiliario público, la creación de una escuela inicial dentro del perímetro, con unas 500 vacantes. Al año siguiente iniciaron las obras en esta manzana limitada por las calles Catamarca, Moreno, Jujuy y Belgrano. En ese contexto, el GCBA emitió la Resolución 3968/MEIGC/18 que avalaba el traslado del Jardín del Ramos y definió mudar a los 350 niños y niñas a la futura escuela inicial en la plaza, a cinco cuadras.

De este modo, el sector de Venezuela 3158 quedó en manos del Ministerio de Salud porteño, que dijo a las autoridades judiciales que se encuentra evaluando “el uso a otorgarse al espacio físico disponible, con el objeto de optimizar el recurso en concordancia con las políticas públicas sanitarias”. La comunidad educativa pedía mantener ambos inmuebles abiertos (el de Venezuela y el de Catamarca) para garantizar una mayor cantidad de vacantes escolares en la zona. Por eso se movilizó mediante distintas acciones, desde protestas callejeras, charlas con funcionarios y la presentación de amparos.

En el verano de 2019, una medida cautelar ante el reclamo de los sindicatos ordenó la reapertura del lactario del jardín para ese ciclo lectivo. Al verano siguiente, el Gobierno porteño empezó a mudar mobiliario desde Venezuela a Catamarca. En marzo de 2020, a poco de iniciar el ciclo lectivo en la nueva escuela de la Plaza Manzana 66, el juez López Alfonsín firmó otra medida cautelar -en base al reclamo de las familias y trabajadores- para que el GCBA realice “obras pertinentes para garantizar la seguridad en el edificio de la calle Venezuela”. La medida fue leída por la comunidad como una victoria, pero el Gobierno porteño continuó las clases en Catamarca. Después, empezó el aislamiento por la pandemia. Además, el GCBA apeló la medida, la cual fue revocada en septiembre de 2021 por la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero. 

El GCBA decía que “se encontraban garantizados” los derechos de los estudiantes para acceder a la educación. Argumentaron que se pasó de un establecimiento con “una capacidad limitada” a uno donde se podía “alojar más cantidad de alumnos y ampliar la matrícula respectiva”. En tanto, la Fiscalía de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario A en diciembre de 2021 emitió un dictamen para denotar “la inexistencia de vulneración al derecho a la educación” y señalar que los trabajadores del Hospital Ramos Mejía “tuvieron prioridad en la inscripción” de sus hijos, por lo cual “no se advierte tampoco un agravio” hacia ellos con el traslado, a cinco cuadras. 

Se sumó que este 23 de junio la Cámara de Apelaciones en lo CATyRC-Sala II, Secretaría Única, rechazó los recursos de apelación interpuestos por familiares de escolares y delegados sindicales y confirmó la resolución recurrida en favor del Gobierno porteño.

Juan Castro 

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