Sociedad | Macri de parabienes
“Hacete amigo del juez”
En el último día de Maqueda como integrante de la Corte, el juez votó con la mayoría habilitar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como órgano revisor de las sentencias de la Justicia Nacional en la causa Levinas. Ahora Correo Argentino y Chocobar podrían ser las siguientes. Preocupación entre los magistrados nacionales y las organizaciones sindicales. Buenos Aires, 7 de enero de 2025. En su último acuerdo del año 24, la Corte Suprema resolvió la habilitación del Tribunal Superior de Justicia porteño como órgano encargado de resolver los recursos extraordinarios interpuestos contra sentencias de la Justicia Nacional, algo que marca un precedente inédito para causas sensibles a nivel político.
La decisión se tomó en la demanda por la rendición de cuentas iniciada por herederos del artista León Ferrari a Gabriel Levinas, por la gestión en la exhibición y venta de obras de arte, en la que el periodista fue condenado a pagar U$S 88.000 más intereses. El imputado recurrió a la justicia porteña para zafar de su condena. Así, el Tribunal Superior de Justicia y la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil trabaron un conflicto de competencia ante la negativa de ésta a que sus decisiones sean revisadas por el superior tribunal porteño. Frente a este desacuerdo, se envió la causa a la Corte Suprema para que definiera la cuestión.
Con este fallo, el Supremo Tribunal decidió que esta nueva jurisprudencia se aplique a los “casos pendientes de decisión en los cuales ya se hubiera planteado un conflicto análogo y a las apelaciones dirigidas contra sentencias de cámaras nacionales […] que fueran notificadas con posterioridad a este fallo”. El Tribunal Superior de Justicia porteño está integrado por cinco miembros. Tres de ellos fueron designados por gobiernos de PRO. La presidenta Weinberg, por Macri, mientras que Langhe y Otamendi por Horacio Rodríguez Larreta. Además, Weinberg había sido una de las candidatas que Macri, cuando fue presidente, intentó impulsar para la Corte Suprema.
Entre las causas más sensibles que podrían tener un giro aparece la de la familia Macri vinculada al Correo Argentino, un proceso que lleva más de 20 años y en donde el Estado Nacional les reclama por no haber pagado el canon de 300 millones de pesos/dólares, un acuerdo sellado entre Franco Macri y el entonces presidente Carlos Menem.
Así, mostrando la aceitada influencia que aún tiene sobre significativos estamentos del Poder Judicial y con la vuelta de Pepín Rodríguez Simón, Mauricio Macri logró que le habilitaran un camino inédito para discernir en los procesos judiciales que más le interesan. Colocando al Tribunal Superior de Justicia porteño como instancia revisora de causas que tramitan ante la justicia nacional, garantiza que jueces nombrados por él dicten sentencia en las causas, como la del Correo Argentino, que comprometen el patrimonio de su familia.
Oposición de magistrados
Conocido el fallo supremo, jueces, fiscales, defensores nacionales y empleados judiciales se reunieron “de urgencia” en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) para rechazar los intentos de traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad. Dentro de los puntos cuestionados, los representantes judiciales mencionaron que “la jurisdicción constituye uno de los mayores atributos inherentes a la soberanía del Estado que, en la República Argentina, se integra con el gobierno federal y los gobiernos de las provincias”. En ese sentido, consideraron que, aunque el Gobierno porteño es calificado como “autónomo”, su personalidad jurídico-política “no emana de un poder originario y propio”, sino de la voluntad de un ente superior, es decir, la Nación argentina.
Así los funcionarios judiciales compartieron los argumentos del procurador Eduardo Casal, que se pronunció contra la idea de habilitar la apelación del TSJ porteño y del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, que se pronunció en disidencia en este caso. “No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por las Cámaras Nacionales de Casación y de Apelaciones”, insistieron.
Para el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni la decisión del máximo tribunal es un “disparate”. El reconocido jurista calificó la decisión como algo que de ninguna manera podía salir vía fallo judicial, sino que tenía que, en última instancia, debatirse en el Congreso nacional y ser decretado vía ley. En el mismo sentido opinó el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, señalando una intención política: “Estas son cuestiones nacionales que ahora se decidirán bajo el paraguas de la Ciudad, que responde a intereses locales. Todo esto parece claramente diseñado para resolverle la causa del Correo a Mauricio Macri”.
Rechazo sindical
También hay preocupación entre los gremios porque el Tribunal Superior de Justicia porteño quedó habilitado para revisar medidas de las cámaras nacionales, mientras el oficialismo porteño avanzó en la formación de un fuero laboral en la ciudad por una ley que acaban de sancionar.
Por eso, el sindicalismo rechazó la decisión de la Corte. “Entre gallos y medianoche, de la misma manera en que se traman las cosas espurias, la Corte resolvió en el denominado caso Levinas que el Tribunal Superior de Justicia porteño se encuentra facultado a revisar las sentencias de las Cámaras Nacionales, un verdadero absurdo jurídico que atenta contra la ley y la propia Constitución Nacional. Lo fallado solo tiene como objetivo principal el control del fuero del Trabajo y del fuero Comercial, pero fundamentalmente garantizar la impunidad de Mauricio Macri en la causa Correo Argentino en desmedro del Estado nacional”, expresaron en un mensaje reproducido por la CGT.
Santiago Pujol
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