Las explicaciones que se esperan

Sociedad | Anticipo: el titular de la Agencia de Control en la Legislatura

Las explicaciones que se esperan

Javier Ibáñez, titular de la AGC, responderá sobre las habilitaciones cuestionadas de Beara y de dos discotecas en la Costanera. Se desconoce la actitud que adoptará respecto de los funcionarios renunciantes en su área. Buenos Aires, 29 de agosto de 2011. La Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad es el área que concentra las inspecciones de comercios en la Ciudad. Su titular, Javier Ibáñez, admitió que existen personas que trafican influencias a cambio de dinero para lograr habilitaciones de comercios y reconoció que su área no puede hacer demasiado para combatir a esas organizaciones. Fue ante una requisitoria periodística. No defendió a los funcionarios sospechados y renunciados en el área, aunque tampoco los acusó.

El funcionario fue convocado para dar explicaciones ante los legisladores sobre la causa en la que, por presunta extorsión, aparece involucrada una funcionaria de la AGC que renunció hace tres semanas. Se trata de Vanesa Berkowski, ex directora general de Fiscalización y Control de la ciudad.

La convocatoria a Ibáñez surgió a raíz de la investigación del juez Juan Ramos Padilla según la cual se habría descubierto una presunta red de tráfico de influencias y extorsiones que, a cambio de dinero, tramitaba habilitaciones y evitaba inspecciones y clausuras. En las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez, uno de los imputados dialogaba con Vanesa Berkowski, sobre la habilitación de un espacio para el funcionamiento del circo Servian, ente otras conversaciones comprometedoras. Tres días después de que se conocieran publicara detalles de la investigación, la funcionaria presentó su renuncia.

Ibáñez manifestó que desconocía el contenido de las escuchas telefónicas, pero a la vez asegura que su voz no aparecía en ellas. Adelantan que destacará su papel como denunciante en esa causa. Ibáñez asegura que no conoce a los imputados en la causa, Leandro Camani y Federico Garaglia, ni al abogado Matías Pantarotto, defensor de los imputados por la tragedia de Beara. Pero cuenta que había recibido varios pedidos de audiencia de Pantarotto, el último de ellos el martes, en carácter de urgente, para que se apruebe la habilitación de un local contiguo a Beara y que de lo contrario me iba a denunciar al juez Ramos Padilla, dijo Ibáñez. Afirma asimismo que no le concedió la entrevista solicitada.

En la audiencia, que se estima durará tres horas, estarán también presentes familiares de las víctimas de la tragedia de Beara, el boliche de Palermo en el que, hace casi un año, murieron dos chicas como consecuencia del derrumbe de un entrepiso. También estarán integrantes de la agrupación Que no se Repita, que reúne a familiares de víctimas de Cromañón. La Corrupción mata, Justicia por Beara y AGC: Agencia Gubernamental de Cohecho serán algunas de las frases que esgrimiran en pancartas los familiares, dentro de la audiencia.

El funcionario no respondió a los cuestionamientos periodísticos por la irregular habilitación de Beara, pero sí dijo que si la Justicia hubiera confirmado rápidamente la clausura del local impuesta por la AGC, la tragedia no hubiera ocurrido. En ese sentido, reclamará la sanción de un proyecto de ley que modifica el procedimiento, de manera de hacer más rápida la intervención de la Justicia, en casos de apelaciones de las clausuras.

Tampoco explicó Ibáñez por qué fueron habilitados dos boliches, Terrazas del Este, en Punta Carrasco, y Tazz, en Costa Salguero, en áreas zonificadas como Urbanización Parque (UP) o Urbanización Futura (UF), donde no está permitido ese tipo de uso.

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