Sociedad | Tragedia de Once
El fiscal pidió juzgar a todos los imputados
Los empresarios y funcionarios cargan, además, con la acusación de defraudación, por no haber utilizado los subsidios estatales en el mantenimiento de las unidades como correspondía al contrato de concesión. En tribunales se cree que hay chances de que antes de fin de año pueda iniciarse el juicio oral.
Uno de los temas que plantean los empresarios del grupo Cirigliano es que la pericia es contundente en el sentido de que el tren frenaba y que el conductor, Marcos Antonio Córdoba, no accionó los frenos porque se quedó dormido, sufrió un desmayo o algún otro percance. En principio, el juez Claudio Bonadío ni siquiera había procesado al motorman, pero la Cámara consideró que como mínimo ingresó a Once a una velocidad excesiva y que tenía anulado el freno de hombre muerto, un mecanismo que debería haberse utilizado.
Por ello, quedó imputado por el mismo delito, descarrilamiento culposo, pero obviamente no lo alcanza el cargo por fraude con los subsidios. La defensa de los empresarios de TBA y Cometrans es que, además, Córdoba no usó la radio en los últimos segundos ni tiene lesiones defensivas ni intentó salir de la cabina, lo que les hace pensar que no estaba consciente en el momento del choque. El Fiscal Delgado, por su parte, respaldó la postura de la Cámara y también imputó al maquinista por descarrilamiento culposo, mientras que en las presentaciones que harán hoy otras querellas, hay alguna que no acusa al motorman.
En cuanto a los hermanos Cirigliano y los demás empresarios, Delgado ratificó también las calificaciones del encuadre que hizo la Cámara Federal: descarrilamiento culposo y defraudación. Uno de los elementos más importantes en la acusación es la transcripción de los diálogos que mantuvieron los maquinistas en los días anteriores con la base central de Once. En ellos, los distintos conductores dan cuenta de las fallas en los frenos y las dificultades de las formaciones. Con ello, Delgado da por probado que podrían haber evitado el descarrilamiento. Respecto de la defraudación, el punto crucial es que el fiscal sostiene que no se usaron los subsidios del Estado en mantener las unidades como correspondía.
El descarrilamiento culposo tiene penas que van de uno a cinco años de prisión y la defraudación, de un mes a seis años.
Respecto de los funcionarios, encabezados por los ex secretarios de Seguridad Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el fiscal sostiene que desoyeron las advertencias de la Auditoría General de la Nación (AGN) que ya señalaba las falencias en el mantenimiento y, hasta cierto punto, el riesgo que se corría. Delgado afirma que el control de la concesión fue formal, que se llenaban papeles, pero que no se tomaban medidas reales. Schiavi se defendió en su momento insistiendo en que la clave está en el choque mismo y que es evidente que el accidente se produjo por responsabilidad del maquinista.
El ex secretario de Transporte aduce en su defensa que no era su dependencia la encargada del control del ex Sarmiento, sino la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, cuyos titulares también están procesados. Justamente una de las cuestiones que señaló la Cámara Federal es que el control se convirtió en una maraña en la que al final no había control real alguno.
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