Macri quiere endurecer las sanciones

Porteñas | Nueva reforma del Código Contravencional

Macri quiere endurecer las sanciones

Una nueva reforma del Código Contravencional ingresó a la Legislatura, impulsada por el oficialismo. El proyecto enviado por Jorge Macri endurece sanciones, incorpora nuevas figuras y agrava la reincidencia, pero su tratamiento legislativo se convirtió rápidamente en una discusión sobre el modelo de convivencia que cada fuerza pretende consolidar en Buenos Aires. Es la tercera vez que Macri avanza sobre el régimen de faltas porteño. Las dos anteriores, más acotadas y focalizadas en reprimir a los trapitos y manteros, funcionaron como antesala del proyecto integral actual. Buenos Aires 14 de octubre de 2026. El PRO y sus aliados sostienen que la actualización del Código es indispensable para enfrentar problemáticas que se profundizaron en los últimos años: la proliferación de actividades lucrativas no autorizadas, la conflictividad en el espacio público, el aumento de infracciones vinculadas al tránsito y la aparición de modalidades delictivas asociadas a la tecnología. Para el oficialismo, las sanciones vigentes quedaron desfasadas frente a la inflación y perdieron capacidad disuasoria, lo que favoreció la reiteración de conductas que afectan la seguridad y la vida cotidiana. Legisladores cercanos a Macri remarcan que la Ciudad necesita “herramientas más firmes” para intervenir en situaciones que hoy, afirman, generan sensación de desorden y vulneran derechos de vecinos y comerciantes.

La oposición porteña, sin embargo, plantea objeciones de distinto alcance. En el radicalismo algunos legisladores reconocen la necesidad de actualizar el Código, pero cuestionan la magnitud de las multas y la ampliación de figuras que, a su juicio, podrían habilitar interpretaciones amplias por parte de las fuerzas de seguridad. Otros sectores de la UCR sostienen que el proyecto se inscribe en una lógica punitivista que no aborda las causas sociales de las infracciones y que podría derivar en un uso selectivo de las sanciones sobre grupos vulnerables. En el peronismo porteño, las críticas son más contundentes: señalan que el endurecimiento de penas no garantiza mayor eficacia estatal y que la reforma podría convertirse en una herramienta para perseguir la informalidad sin ofrecer alternativas laborales o de inclusión.

El debate sobre la reincidencia es uno de los puntos más sensibles. El oficialismo defiende la ampliación de su definición y el incremento de sanciones para infractores habituales, especialmente en actividades como los trapitos. Argumenta que la falta de consecuencias efectivas favorece la consolidación de prácticas que generan intimidación y ocupación indebida del espacio público. Desde la oposición, en cambio, advierten que el aumento de arrestos y multas para reincidentes podría profundizar la desigualdad y que la Ciudad debería priorizar políticas de prevención, mediación y abordaje social antes que respuestas exclusivamente sancionatorias.

La incorporación de nuevas figuras también generó controversias. El acoso callejero y las estafas digitales son, en general, respaldados por la mayoría de los bloques, que reconocen la necesidad de contar con herramientas específicas para intervenir en estas conductas. Pero otras figuras, como la portación de elementos destinados a provocar disturbios o la manipulación de sistemas de transporte, despertaron reparos por su posible aplicación en contextos de protesta social. Legisladores opositores plantearon que la redacción podría habilitar interpretaciones amplias y afectar el derecho a la manifestación, mientras que el oficialismo respondió que la norma apunta a conductas concretas que ponen en riesgo la seguridad y no a la protesta en sí misma.

El tratamiento de adolescentes, adaptado a la nueva Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil, recibió un respaldo más amplio, aunque también fue objeto de discusión. Mientras el oficialismo destaca que el régimen propuesto evita la detención y prioriza la responsabilidad y la integración social, algunos legisladores opositores señalan que la Ciudad debe garantizar recursos suficientes para implementar programas educativos, acompañamiento interdisciplinario y tareas de utilidad pública, sin los cuales la reforma podría quedar en una declaración de principios.

En paralelo, organizaciones sociales, sindicatos y colectivos vinculados al espacio público comenzaron a expresar preocupación por el impacto de la reforma. Denuncian que el endurecimiento de sanciones podría profundizar la criminalización de la economía informal y afectar a quienes dependen de actividades callejeras para subsistir. Señalan el absurdo de imponer sanciones ocho veces más graves a la venta callejera que a conducir alcoholizado. También advierten que la ampliación de facultades para fiscalizar el espacio público podría derivar en prácticas policiales abusivas, como ya se denuncian reiteradamente, si no se establecen controles estrictos y mecanismos de supervisión independientes.

El oficialismo, que no cuenta con mayoría propia, necesita acuerdos para avanzar con la iniciativa. En las primeras reuniones de comisión, los bloques opositores reclamaron precisiones sobre la proporcionalidad de las sanciones, la capacidad operativa del Estado para aplicar el nuevo régimen y el impacto social de las figuras incorporadas. El Gobierno porteño anticipó que está dispuesto a introducir modificaciones, pero defendió el espíritu general del proyecto y sostuvo que la Ciudad requiere un marco normativo más robusto para enfrentar los desafíos actuales. Veremos si logra consolidarse la visión represiva del conflicto social, en un contexto de agravamiento de las condiciones de vida para las mayorías.

Martín Pérez Díaz

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