Criminalizar la pobreza

Porteñas | Otra tormenta negra

Criminalizar la pobreza

El nuevo operativo Tormenta Negra, desplegado por el gobierno porteño en 15 villas y barrios populares, volvió a exponer una lógica de intervención estatal que combina saturación policial, decomisos y clausuras con un mensaje político que identifica a los sectores más vulnerables como zonas de ocupación. Más de 1500 efectivos ingresaron de manera simultánea a los asentamientos, en un procedimiento que derivó en detenciones, episodios de violencia y retiro de pertenencias y herramientas de trabajo, mientras organizaciones sociales, referentes territoriales y sectores de la Iglesia advirtieron que la Ciudad consolida una política que asocia pobreza con inseguridad y que profundiza la fragmentación urbana. Buenos Aires, 29 de setiembre de 2026. El operativo se realizó el jueves 24 de septiembre y replicó casi en espejo el despliegue de mayo, cuando la administración de Jorge Macri había ejecutado la primera edición de Tormenta Negra. Según la información oficial, esta vez participaron más de 1500 policías y agentes de control, que se distribuyeron en la Villa 31, la 21-24, la 1-11-14, Ciudad Oculta, Rodrigo Bueno, Fraga, La Carbonilla, el Barrio Mitre, Los Piletones, Fátima, Cildáñez, Mugica, INTA, Bermejo y Villa 20, entre otros puntos. El gobierno informó que hubo 17 detenidos, en su mayoría por delitos vinculados al narcotráfico, además de 192 vehículos secuestrados, 30 comercios inspeccionados y 12 clausuras.

Sin embargo, el Ministerio Público de la Defensa porteño registró 13 detenciones, lo que vuelve a abrir interrogantes sobre la falta de controles y la consistencia de los datos oficiales, como ya había ocurrido en el operativo de mayo. La diferencia en las cifras se suma a las denuncias de vecinos y organizaciones, que documentaron situaciones de violencia policial, uso de gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. En la Villa 21-24, los registros audiovisuales muestran intervenciones contra personas en situación de calle que intentaban resguardar colchones y pertenencias, así como el retiro de herramientas de trabajo de recicladores y vendedores informales. Estas acciones, que luego circulan como material de promoción política en redes sociales, tienen efectos concretos en la vida cotidiana: la confiscación de mercadería o instrumentos laborales implica privar a familias de los medios indispensables para su subsistencia.

El gobierno porteño sostiene que Tormenta Negra busca “reforzar la seguridad y recuperar el orden urbano”, y que forma parte de un abordaje integral que incluye el Operativo Muro y la recuperación de propiedades usurpadas. Pero para las organizaciones territoriales, el despliegue constituye una política de control poblacional que naturaliza que la primera presencia del Estado en los barrios populares sea policial. Señalan que no hubo intervención de áreas sociales, ni dispositivos de acompañamiento, ni relevamientos de necesidades urgentes. En cambio, se consolidó un esquema que decide qué cuerpos serán controlados, qué familias deberán demostrar una y otra vez su derecho a permanecer en el barrio y quiénes deben exhibir documentación en estaciones de trenes y subtes. La política porteña, afirman, abandona la integración sociourbana y niega la ciudadanía de quienes viven en villas y asentamientos.

La crítica también proviene de sectores de la Iglesia. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cuestionó con firmeza la repetición del operativo y sostuvo que la verdadera “tormenta negra” para los vecinos es el narcotráfico, la falta de trabajo y la retirada del Estado, no los procedimientos policiales. Sus declaraciones fueron pronunciadas durante una misa en el Barrio Padre Mugica, pocos días después del despliegue. Allí advirtió que los megaoperativos son vividos como hostigamiento, con decomisos de mercadería, cierres de comercios y bloqueos de calles, y reclamó “un nuevo amanecer” para los barrios populares, basado en la fraternidad, la solidaridad y la presencia sostenida del Estado.

Los curas villeros también expresaron preocupación por la espectacularidad del operativo y por su impacto en la economía popular. En un pronunciamiento leído en Plaza Constitución, señalaron que muchas villas carecen de ley de integración sociourbana y que las intervenciones deben contemplar la precariedad habitacional, el endeudamiento familiar, la falta de empleo y la informalidad laboral. “Nuestros vecinos quieren respetar la ley y están de acuerdo con el orden, pero el Estado debe hacerse cargo de la realidad que vivimos históricamente”, afirmaron.

Mientras tanto, en los barrios persiste la sensación de que la Ciudad aplica una vara diferenciada: no existen operativos de saturación policial en Palermo, Caballito o Núñez, donde también hay delitos. La guerra contra los pobres, sostienen las organizaciones, habla de la pobreza en las políticas públicas de la gestión actual y del solapamiento entre el discurso de combate al delito y la persecución de estrategias de supervivencia. Los operativos espasmódicos y violentos no llevan orden, sino incertidumbre, abusos y un show para las redes sociales. Cuando la policía se retira, no quedan otras políticas públicas.

El mismo día del operativo, el INDEC informó un nuevo agravamiento de la pobreza. En ese contexto, la presencia estatal en los barrios populares se tradujo en decomisos, clausuras y detenciones, sin dispositivos de acompañamiento ni respuestas estructurales. Para los vecinos, la ciudad se fragmenta cada vez más y la desigualdad se profundiza. La discusión sobre Tormenta Negra excede la seguridad: interpela el modelo de ciudad, el derecho a la ciudadanía y el lugar que ocupan los sectores populares en la agenda pública.

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