Sociedad | Violencia digital

La nueva amenaza al periodismo

La violencia digital contra el periodismo argentino dejó de ser un problema aislado para convertirse en una amenaza concreta al ejercicio de la profesión y al derecho de la sociedad a estar informada. Una encuesta nacional realizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la revista Anfibia y el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín (LEDA-UNSAM) reveló que el 43% de los periodistas sufrió agresiones digitales por su trabajo durante el último año. El relevamiento también expuso que una de cada cuatro víctimas recibió ataques graves, que la mitad de los consultados evitó investigar o publicar determinados temas por temor y que más de la mitad de quienes fueron agredidos no recibió respaldo de su medio. Los datos muestran que el hostigamiento en las plataformas no solo afecta a quienes trabajan en prensa: también condiciona la circulación de información y empobrece el debate público. Buenos Aires, 3 de noviembre de 2026. El trabajo de campo se realizó entre junio y septiembre de 2026. A partir de un universo de 10.006 periodistas identificados en 1.158 fuentes de todo el país, se reunieron 905 respuestas válidas. La investigación fue presentada por la defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños; Silvina Heguy, del equipo de dirección de Anfibia; Ezequiel Ipar, por el LEDA-UNSAM, y Pablo Gordon, director general de Investigaciones y Gestión de los Conocimientos de la Defensoría. El propósito fue poner cifras a una problemática que suele aparecer dispersa en experiencias individuales: el hostigamiento en redes, las amenazas y otras formas de agresión que acompañan el trabajo periodístico.

Los resultados muestran que los ataques no se limitan a discusiones ásperas o descalificaciones propias de la conversación digital. Los insultos y ataques personales aparecen como la modalidad más extendida, pero también se registraron hackeos o intentos de acceso a cuentas, difamaciones y circulación de información falsa. Entre las personas que sufrieron violencia, el 24,7% recibió al menos una agresión grave. El 14,9% fue amenazado con violencia física y el 9,3% recibió amenazas de muerte. También se contabilizaron episodios de doxing —la publicación de datos personales sin consentimiento—, deepfakes y difusión de contenido sexual no consentido.

La exposición no es igual para todas las tareas periodísticas. Quienes trabajan frente a una cámara o un micrófono se encuentran entre los grupos más afectados: siete de cada diez conductores y movileros padecieron violencia digital, una proporción muy superior al promedio general. La visibilidad pública, que constituye una herramienta central para el desempeño profesional, también puede convertirse en una vía directa para recibir hostigamiento.

El riesgo de sufrir agresiones graves también aumenta en determinados perfiles laborales. La proporción llega al 16% entre quienes realizan periodismo de investigación, frente al 9% del resto; alcanza el mismo nivel entre quienes conducen o presentan programas, frente al 8% de quienes no cumplen esas funciones. También es mayor entre quienes trabajan bajo contratos de locación de servicios y entre quienes utilizan X como herramienta profesional. La plataforma funciona como espacio de difusión, contacto con fuentes y construcción de audiencias, pero también como escenario de ataques que pueden trasladarse desde la actividad pública hasta las cuentas personales.

La encuesta permite vincular esa exposición con las condiciones en que se desarrolla el oficio. Según el análisis publicado por Anfibia, el 61,7% de los periodistas tiene dos o más empleos o fuentes de ingresos vinculados con la actividad, mientras que el 49,2% declaró tener alguna relación de dependencia con un medio. Las modalidades se superponen: una misma persona puede trabajar para una empresa, cobrar por colaboraciones y sostener un proyecto propio. Esa fragmentación puede dificultar la identificación de quién debe intervenir cuando aparece una amenaza. La situación es especialmente delicada para quienes trabajan de manera independiente, que representan casi la mitad de la muestra y, en muchos casos, carecen de una estructura institucional a la cual recurrir.

Aunque la proporción de mujeres y varones que sufrió ataques es prácticamente equivalente —43,6% y 42,1%, respectivamente—, las consecuencias sobre la salud mental muestran una diferencia significativa. Entre las periodistas agredidas, el 50,8% ubicó el impacto en los niveles más altos de la escala utilizada por el estudio, frente al 35,5% de los varones. Las agresiones de carácter sexual y la exposición pública pueden sumar dimensiones específicas al hostigamiento que reciben las mujeres.

La frecuencia de los ataques también modifica sus consecuencias. Entre quienes padecieron episodios aislados, la afectación grave de la salud mental fue del 11,5%; entre quienes sufrieron violencia de manera sistemática, trepó al 40,7%. En este último grupo, apenas el 7,4% manifestó que las agresiones no lo habían afectado. La reiteración convierte el hostigamiento en una presión persistente, capaz de alterar la vida cotidiana y las decisiones profesionales.

A ese impacto se suma la falta de acompañamiento institucional. El 53,2% de las víctimas no recibió ningún tipo de apoyo del medio en el que trabaja. Además, una parte importante de los encuestados desconoce si la empresa o institución para la que trabaja cuenta con protocolos específicos. La ausencia de procedimientos se traduce en mayor desprotección: entre quienes trabajan en medios sin protocolos, el 62,3% quedó sin respaldo, mientras que entre quienes cuentan con esas herramientas la proporción desciende al 11,1%.

La existencia de protocolos, sin embargo, no elimina el riesgo de sufrir agresiones graves. El estudio registró una incidencia del 10% entre quienes trabajan en medios que disponen de esos mecanismos y del 12% entre quienes no los tienen. La diferencia indica que estas herramientas son relevantes para responder y acompañar después de un ataque, pero no alcanzan por sí solas para prevenirlo. Su eficacia depende de que existan canales conocidos, recursos concretos y una decisión institucional de intervenir. Para los trabajadores independientes, el problema es todavía mayor: no siempre hay una red laboral que pueda brindar asesoramiento, asistencia psicológica o protección digital.

La consecuencia más preocupante para el funcionamiento del periodismo aparece en las decisiones sobre qué investigar y qué publicar. El 50,4% de los encuestados —453 personas— dijo que durante el último año evitó abordar algún tema por temor a las posibles represalias. Entre quienes sufrieron violencia sistemática, la autocensura alcanza al 82%. El retiro de la conversación pública también crece: abandonar redes, dejar de interactuar con las audiencias o reducir la participación pasó del 17% entre quienes padecieron ataques ocasionales al 53% entre quienes los sufrieron de manera reiterada.

El efecto no se limita a quienes reciben amenazas directas. La Defensoría porteña advirtió que periodistas que no fueron atacados pueden restringir su actividad al observar lo que les sucede a sus colegas. El temor se transmite dentro del propio colectivo profesional y puede instalar límites informales a la cobertura de determinados asuntos. Entre los temas que los encuestados identificaron como más propensos a desencadenar violencia digital aparecen las cuestiones de género, las opiniones críticas sobre el Gobierno, la corrupción y los derechos humanos.

La investigación no permite conocer cuáles fueron las historias que quedaron sin publicar ni reconstruir qué información perdió la sociedad como consecuencia de esas decisiones. Pero sí registra la magnitud de la autocensura y su relación con la reiteración de las agresiones. Entre quienes sufrieron violencia grave, un 33% se retiró del debate público, frente al 21% del resto. El problema, por lo tanto, no se agota en el daño individual: también reduce la diversidad de voces y la posibilidad de que circulen investigaciones sobre asuntos de interés colectivo.

Frente a este escenario, el informe plantea la necesidad de desarrollar políticas de protección que no dependan exclusivamente de la capacidad individual de cada trabajador para enfrentar los ataques. Entre sus recomendaciones propone que los medios establezcan protocolos de prevención, asistencia y acompañamiento, y que se creen mecanismos equivalentes para periodistas independientes. También señala la importancia de garantizar atención prioritaria en salud mental a quienes padecen violencia grave o sistemática, exigir a las plataformas canales de denuncia accesibles y respuestas eficaces, y promover instancias de formación en seguridad digital con perspectiva de género, especialmente destinadas a quienes trabajan frente a cámara o micrófono.

El documento agrega la conveniencia de realizar relevamientos periódicos para seguir la evolución del fenómeno y evaluar las respuestas institucionales. La presentación de los resultados, según planteó Muiños, busca instalar la discusión más allá del ámbito profesional: cuando la violencia condiciona qué se investiga, qué se publica y quiénes se animan a participar del debate, también se restringe el derecho ciudadano a acceder a información.

La encuesta expone así una doble dimensión del problema. Por un lado, periodistas que enfrentan amenazas, hostigamiento y consecuencias sobre su salud sin contar necesariamente con respaldo laboral. Por otro, una sociedad que puede desconocer temas, investigaciones y preguntas que dejaron de llegar al espacio público. La protección de quienes ejercen el periodismo no constituye solamente una cuestión de seguridad en el trabajo: es también una condición para sostener la libertad de expresión, el acceso a la información y la calidad de la vida democrática.



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