Buenos Aires, 26 de abril de 2022. El lunes 20 de agosto de 2019 a la madrugada un efectivo de seguridad de la Policía de la Ciudad le pegó una patada a la altura del pecho a Gómez, que había sido denunciado por obstruir el tránsito, quien pese a recibir asistencia médica murió al poco tiempo en una guardia de hospital Ramos Mejía. El inspector Esteban Ramírez fue quien se le acercó de frente, mientras otros tres compañeros lo rodeaban por atrás y lo tumbó de una patada en el pecho. El hombre de 40 años, empleado de un taller de relojería, golpeó la cabeza con el asfalto y murió unas horas después. 

Ramírez todavía espera que se lo enjuicie. Iba a comenzar a ser juzgado el 6 de septiembre último por el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°9, aunque el debate se suspendió tras un pedido del abogado querellante para que se aceptara como parte a uno de los hermanos de la víctima. Es que Ariel Gómez, que se había presentado como particular damnificado en la causa, falleció en mayo pasado por Covid-19 y el abogado de la familia pidió que sea sustituido por su hermano Eduardo, lo que fue rechazado.

Ante esa negativa, el abogado querellante presentó un recurso de casación, que fue concedido por el TOC 9 y derivó en la suspensión del debate hasta que se resuelva la cuestión. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio al que accedió Télam, el policía Ramírez actuó en un momento en el que “no había conducta alguna de alarma, es decir no esperó la respuesta a las órdenes que le había impartido a Gómez cuando le aplicó la patada que provocara que aquel cayera de espalda, situación que en definitiva le provocara la muerte”.

El policía había declarado que en un momento de distracción decidió golpearlo con una patada en el abdomen para que “pieda el aire y al doblarse poder reducirlo”. Pero que, contrariamente a lo que esperaba, cayó pesadamente de espaldas, aunque luego de la caída no le pareció que estuviere malherido, ya que no tenía sangre ni síntomas de que se estuviese ahogando.

Ahora otros dos policías de la Ciudad, la oficial primera Lorena Luna y su colega Sergio Sendra, compañeros de Ramírez en aquella madrugada, fueron procesados por encubrimiento del homicidio de Jorge Martín Gómez. El pedido de procesamiento fue realizado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, y aceptado y ordenado por la jueza Yamile Bernan, a cargo del juzgado en lo Criminal y Correccional 8. 

Antes Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía CyC 32, había solicitado la misma medida para el inspector principal Héctor Febula, quien ese día actuaba como enlace con la Justicia, pero Bernan rechazó el pedido al dictar la falta de mérito. El fiscal apeló ahora la falta de mérito y, por otro lado, agregó a un cuarto uniformado a la causa, el inspector principal Alejandro Tavani, para quien pidió la indagatoria.

La causa se denomina CCC 61.144/2019 y fue caratulada como “Comuna 3B de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (Jefe de servicio) y otros s/encubrimiento”. Más allá de que se busca determinar protagonistas y grado de participación posible, lo que se dirime en la 61.144 es el hábito policial de barrer debajo de la alfombra lo que otro(s) colega(s) comete(n) por salvajada, descontrol, incapacidad, falta de aptitudes o negocio. 

El encubrimiento como criterio está presente en segundo plano en la cabeza policial y salta al primer plano como solución al alcance cuando algún integrante comete algún delito en funciones. Escasas veces sale a la luz. El mecanismo de encubrimiento, además de inmediato, es efectivo por el guiño político y la "convicción" que ese guiño ejerce sobre el martillo judicial y la información periodística. El caso más reciente en que ese andamiaje quedó expuesto en forma descarnada fue el del fusilamiento de Lucas González, en el que quedó en evidencia la atrocidad del crimen y los movimientos para encubrirlo, desde el llano hasta las jerarquías.

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir