Buenos Aires, 7 de julio de 2020. “’Inteligencia macrista’ es un oxímoron”, escribía alguien en twitter. Puede ser. Pero existió. El seguimiento sistemático de propios y ajenos para saber sus secretos parece lo único que no hace falta seguir probando en la causa que se investiga en Lomas de Zamora. Sí quién daba las órdenes, quién recibía los informes, cuál era su uso. Hacia allí se dirige la pesquisa judicial. 

En el mundo político los resultados ya están a la vista. El círculo íntimo del ex presidente salió de inmediato a descalificar el accionar de la justicia federal, asegurando que se trataba de una “causa armada”, algo que muchos del kirchnerismo le reprochan haber hecho al macrismo, con “mesa judicial” incluida. Otro efecto es que Larreta, Santilli, Vidal y demás popes macristas se constituyeron en querellantes para impulsar la investigación destinada a discernir quién comandaba la asociación ilícita que los espiaba. Sospechan precisamente de Macri. Por el que nadie pone las manos en el fuego.

Lo curioso del caso es que se usaron para el espionaje ilegal de los gobernantes del distrito, agentes de la propia Policía de la Ciudad, bien que comisionados a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), los que retomaron sus lugares habituales de trabajo al tiempo que culminaba el mandato del ex presidente.

No es el único juego sucio puesto en marcha por la anterior administración, ahora intensamente interesada en un accionar destituyente apenas disimulado. Macri inauguró su gestión pretendiendo designar dos jueces de la Corte Suprema por decreto, en momentos de receso del parlamento argentino, en tanto hacía campañas en los medios para expulsar de sus puestos a la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, nombrada con acuerdo del Senado y del ex Presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, también en funciones legalmente establecidas.

Esos atropellos a la institucionalidad republicana que supuestamente defendían, anticiparon una larga serie de aprietes, renuncias forzadas, denuncias falsas y amenazas que padecieron decenas de magistrados durante toda la gestión Macri, claro que con el silencio cómplice de los monopolios de la prensa comercial. 

El espionaje ilegal es una simple comprobación de su conducta mafiosa. Lo más peligroso es que pretenden ahora hundir a la sociedad en una guerra de odio orientada a desbaratar todos los esfuerzos que se están haciendo por reparar los inmensos daños que ya causaron. Así como frente a la pandemia, quienes gobiernan tendrán que demostrar que no están asociados a aventuras que comprometen la cohesión social de los argentinos.

La democracia no supone uniformidad, pero sí capacidad de tolerar las diferencias, en el marco de una legalidad compartida. Los que operan fuera de la ley no son demócratas y su accionar subversivo deberá ser sancionado con toda la fuerza de la ley si se quiere asegurar la solidez del orden constitucional legítimo. No hay tiempo para juegos en esta crisis, y menos de espías. Pero la trama de espionaje que se investiga pone de relieve el desprecio por la legalidad que signó gran parte de la gestión macrista. Los que no tomen distancia clara de ese núcleo subversivo, serán sus cómplices.

 

                                                                                             Lic. Gerardo Codina

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