Editorial |
Macri ahoga las Comunas
Buenos Aires, 9 de julio de 2012. Desde el principio, cuando todavía era candidato, Mauricio Macri expuso públicamente que le disgustaban las Comunas. Al igual que postuló la erradicación del Canal Ciudad Abierta, la eliminación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos (como reconoció en un reportaje publicado el número pasado el Presidente del mismo, hombre del PRO), terminar con el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otros cambios más. No pudo hacerlo. En varios de esos casos, porque hubiera exigido una reforma constitucional, para la cual nunca tuvo mayoría.
Obligado por las leyes o por la realidad, casi todas esas intenciones previas quedaron en el olvido. Pero eso no cambió la falta de voluntad. Las cosas que existían, continuaron. Las que había que implementar, avanzaron a regañadientes y por impulso judicial, como fue el caso de Comunas. Solo después que el Tribunal Superior hiciera lugar a un recurso de amparo ante la vulneración de las garantías constitucionales, los legisladores del PRO impulsaron el debate de la ley de convocatoria a elecciones de Juntas Comunales y el Ejecutivo la implementó.
Entre tanto pasaron años. Que no había padrones ordenados por Comunas y que faltaban mapas oficializados para ordenar territorialmente los comicios, fueron excusas para demorar.. Luego, que hay que hacer un proceso paulatino de transferencia de competencias, que las Comunas no están preparadas para hacerse cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay un motivo para no hacer lo que manda la Constitución.
El último artilugio fue conocido dos días antes de la elección de Juntas Comunales. Crearon las Unidades de Atención Ciudadana (UAC), oficinas distribuidas en cada Comuna para hacer lo que debían hacer estos nuevos gobiernos barriales, pero con personal dependiente del gobierno central. Así tenemos en Comuna 3 un presidente de la Junta Comunal que es, a la vez, Director de la UAC correspondiente a nuestros barrios.
¿Para qué ese engendro?, se preguntará el lector desprevenido. ¿Dos instancias para una misma función y a cargo de la misma persona? ¿Con qué propósito? Evitar que, en la medida de lo posible, la formulación e implementación de las políticas públicas esté bajo el escrutinio de los ciudadanos participativos que integran la otra instancia de gobierno comunal, el Consejo Consultivo. De este modo no se transfieren todavía a las Comunas las responsabilidades que por ley les competen ni los recursos para hacerles frente. Claro que para el oficialismo todo marcha sobre ruedas. Basta con leer las opiniones de Eduardo Macchiavelli, Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, en esta misma edición.
Una perlita ilustrativa del ocultamiento es de orden presupuestario. Como cualquiera puede imaginar, la existencia de las Comunas se tiene que expresar en el presupuesto. Pero no se abrió una partida para cada Comuna, sino una general, en la que se imputan sin discriminar los fondos ejecutados en los diferentes barrios de la ciudad. De esta forma, nadie puede opinar sobre la administración de los recursos, a menos que haga una extensa investigación.
Así las cosas, empiezan a presentarse denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público, en un intento de resolver judicialmente lo que, en realidad, sigue siendo un problema político.
El macrismo avanza con su legalidad de baja intensidad, haciendo como que cumple las normativas vigentes pero negándolas en la práctica, porque ningún sector lo expone ante la opinión pública. De esa forma, el juego le sale gratis. Sabe que Comunas no es ninguna pasión de multitudes y que, en gran medida, nuestra sociedad vive inmersa en una cultura de transgresión normativa perpetua. Y además sus opositores no se lo demandan. Hacerlo presupone encarar una labor de docencia política de largo alcance y, quizás, eso parezca un desafío que no está dentro de las capacidades de cualquiera. Pero valdría la pena intentarlo, si se quiere afirmar a la política como herramienta de transformación.
Lic. Gerardo Codina
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