Comunales | Por los alrededores del barrio
Denuncia ante la CIDH por el saneamiento del Riachuelo
Las entidades y organizaciones que intervenían en la causa Mendoza por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo denunciaron formalmente al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que el año pasado la Corte Suprema decidiera cerrar su intervención en el proceso judicial que comenzó en 2008 con el fallo que ordenó sanear la cuenca y relocalizar a las familias de los barrios populares de la zona. Buenos Aires, 13 de mayo de 2024. La denuncia fue presentada en conjunto por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño, el CELS, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación Vecinos de la Boca y la Fundación T.E.M.A.S. Se trata de organizaciones que conformaban el Cuerpo Colegiado que se constituyó tras el fallo para dar seguimiento a los trabajos y que ahora acuden a la CIDH para denunciar al Estado argentino por la “violación de los derechos de los vecinos afectados por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo”.
Las organizaciones presentaron también un diagnóstico sobre la situación actual de los trabajos en la cuenca que comenzaron tras el fallo de la Corte que ordenó a los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, así como al Estado Nacional a través de Acumar, que reparen los daños ocasionados por la contaminación a las familias que viven a la vera del Riachuelo. “Hoy resta brindar soluciones habitacionales a más de 700 familias de la Villa 21-24, 150 del barrio Lamadrid y un número indeterminado de los barrios Magaldi, Luján y El Pueblito”, advierten las organizaciones, que agregan que “al día de hoy no hay proyecto ni obras encaminadas para la urbanización de los barrios afectados por la sentencia Mendoza”.
En cuanto al Sistema Riachuelo, al que califican como una obra “imprescindible no solo para brindar adecuado servicio de agua y cloacas, sino para tratar los residuos orgánicos que hoy contaminan el Riachuelo”, recuerdan que los trabajos no terminaron, por lo que “tampoco se cumple con los parámetros de calidad de agua establecidos por la propia Acumar y la cobertura de la red cloacal es de apenas el 56 por ciento”. Esa obra está a cargo de Aysa, y aunque tiene un financiamiento millonario del Banco Mundial, está frenada en la gestión de Javier Milei.
Las organizaciones advierten, entre otros puntos, que todavía no se completó ni el 50 por ciento del total de esas soluciones habitacionales, ni se terminó la construcción del Sistema Riachuelo, obra clave para los servicios de agua y cloacas de la zona. Todo, además, en el marco del desfinanciamiento y el vaciamiento de recursos en Acumar desde la entrada de la nueva gestión de Nación en diciembre de 2023.
En este sentido, en la presentación también se denunciaron “las últimas medidas que desfinancian a los organismos encargados de llevar adelante las políticas necesarias”, entre las que se cuentan no sólo Aysa y Acumar sino también la Secretaría de Vivienda del Gobierno Nacional y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Desde el MPD agregan que no existe un presupuesto asignado para obras en el Riachuelo durante 2025, “en tanto únicamente se ha prorrogado el presupuesto asignado desde 2023 sin modificar el monto por la inflación”.
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