Buenos Aires, 12 de marzo de 2024. La jornada busca generar memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos no se repitan “nunca más” y sus autores sean enjuiciados y castigados y se expresa en una multitudinaria movilización popular. Este año, frente a los avances de los sectores negacionistas, la marcha volverá a estar unificada.

El Proceso de Reorganización Nacional se constituyó en la dictadura cívico-militar que causó que decenas de miles de personas fueran asesinadas, desaparecidas, violadas, torturadas, secuestradas siendo bebés, debieran nacer en cautiverio, padecer la sustracción de su identidad y sufrir el exilio. Las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, el movimiento estudiantil, los movimientos sociales y muchos partidos políticos hacen referencia a los 30 000 desaparecidos, que fueron víctimas de la última dictadura y cuya presencia en la sociedad actual se invoca en cada conmemoración al grito “30.000 detenidos-desaparecidos ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!”.

La conmemoración comenzó a realizarse de manera no oficial, por iniciativa popular, inmediatamente después de que se recuperara la democracia el 10 de diciembre de 1983, a raíz de la realización de marchas y actos organizados por las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos. 

En 1998, el presidente Carlos Menem dictó un decreto disponiendo que cada año, los establecimientos educativos dedicaran ese día al análisis crítico del golpe y a “recordar a las víctimas tanto de la violencia irracional desatada por los grupos armados como de la represión ilegal”. En 2002, durante la presidencia del justicialista Eduardo Duhalde, una ley estableció la conmemoración oficial bajo la denominación de “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. En 2006, durante el mandato del también justicialista Néstor Kirchner, otra ley estableció la condición de feriado de la fecha. En 2017 el presidente Mauricio Macri, de la coalición Cambiemos, dictó un decreto de necesidad y urgencia, estableciendo la movilidad del feriado, pero fue dejado sin efecto poco después debido al rechazo mayoritario de la sociedad junto a las organizaciones de derechos humanos.

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