Muerte en el ramos

Comunales | Otro caso de violencia policial

Muerte en el Ramos

Murió en el Hospital Ramos Mejía de la Comuna 3 el hombre baleado por un policía en Constitución y crecen las denuncias por violencia institucional en la Ciudad. El asesinato de Víctor Vargas ocurrió tres días después de que en Villa 20 cayera otro vecino víctima de un ataque policial. Desde nuestra Comuna, la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad del Consejo Consultivo Comunal expresó su “repudio ante un nuevo hecho de violencia institucional ejercida por la Policía de la Ciudad”. Buenos Aires, 6 de enero de 2026. La muerte de Víctor Vargas, ocurrida en el Hospital Ramos Mejía tras haber sido baleado por un efectivo de la Policía de la Ciudad durante una intervención en Constitución, reavivó el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad porteñas y profundizó las críticas de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y vecinos de distintos barrios. El caso se suma al reciente asesinato de un vecino de Villa Lugano durante un operativo policial en Navidad, lo que configura un escenario de fuerte tensión en torno a la violencia institucional en el Área Metropolitana.

Vargas, identificado como un hombre de alrededor de 40 años, falleció luego de permanecer internado en estado crítico desde el domingo pasado, cuando recibió tres disparos efectuados por un agente de la Comisaría Vecinal 1C en la intersección de las calles Salta y Constitución. Según la reconstrucción inicial, los policías habían sido convocados por un altercado en la vía pública y, en ese contexto, uno de los efectivos abrió fuego con su arma reglamentaria. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde finalmente murió en la tarde del 1° de enero.

Fuentes judiciales confirmaron que el arma del agente fue secuestrada como medida preliminar, aunque hasta el momento no se habría iniciado una investigación formal por homicidio, lo que generó fuertes cuestionamientos de organizaciones barriales y de derechos humanos. La ausencia de medidas judiciales inmediatas motivó una movilización espontánea en el barrio de Constitución, donde vecinos denunciaron el hecho como un nuevo caso de gatillo fácil y reclamaron justicia.

La muerte de Vargas ocurre apenas días después del asesinato de Juan Gabriel González, vecino de la Villa 20 de Lugano, quien falleció tras recibir disparos de escopeta durante un operativo policial el 25 de diciembre. En ese caso, el oficial primero Daniel Miño fue detenido y quedó imputado por homicidio agravado, mientras que otros efectivos permanecen bajo investigación. Según la información difundida por CORREPI, González recibió un impacto directo de un arma larga a corta distancia, en zonas vitales, lo que violaría los protocolos de uso de escopetas antidisturbios.

El comunicado de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial advirtió que incluso cartuchos antitumulto pueden resultar letales a corta distancia y señaló que los videos difundidos muestran disparos dirigidos al torso de la víctima. La organización también identificó a los efectivos que habrían participado del operativo y denunció un patrón de violencia policial creciente en los barrios populares de la Ciudad.

En paralelo, la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad del Consejo Consultivo Comunal 3, integrada por vecinos de Balvanera y San Cristóbal, emitió un comunicado en el que expresó su “repudio ante un nuevo hecho de violencia institucional ejercida por la Policía de la Ciudad”. El organismo vecinal sostuvo que estos episodios “no son aislados”, sino parte de un “recrudecimiento sostenido de la violencia institucional a lo largo de 2025”, en un contexto marcado por “protocolos inconstitucionales” y un accionar “cada vez más violento, discrecional y poco profesional”.

El texto también cuestionó el “amparo político e institucional” que, según los firmantes, reciben los efectivos involucrados en hechos de violencia, y denunció que las respuestas judiciales y administrativas tienden a garantizar impunidad. Los vecinos afirmaron ser testigos cotidianos del accionar policial en conflictos sociales, especialmente en situaciones que involucran a personas en situación de calle o habitantes de barrios populares, y señalaron un aumento de denuncias por hostigamiento, abusos y uso desmedido de la fuerza.

El Ministerio de Seguridad porteño, por su parte, difundió un comunicado en relación con el caso de Villa 20, en el que ratificó que “si algún efectivo actúa fuera de la ley deberá afrontar las consecuencias de sus actos”. La cartera informó que se inició una investigación disciplinaria interna y que el oficial involucrado fue pasado a disponibilidad para facilitar la investigación judicial. También detalló que el operativo se originó tras llamados al 911 que denunciaban agresiones entre vecinos y ataques con botellas, y que tres policías resultaron heridos durante la intervención.

Sin embargo, las explicaciones oficiales no lograron contener las críticas. Sacerdotes y un diácono que trabajan pastoralmente en villas y barrios populares de la Ciudad calificaron el operativo de Navidad como “absolutamente desmesurado” y afirmaron que “se pareció más a una cacería que a la búsqueda del orden en la vía pública”, según consignó la agencia AICA.

En el caso de Vargas, la situación judicial permanece abierta y sin avances concretos. Organizaciones sociales y vecinos reclaman que se inicie una investigación por homicidio y que se identifique al agente que efectuó los disparos. La falta de información oficial alimenta el malestar en un barrio que ya había protagonizado protestas por episodios previos de violencia policial.

La muerte de Vargas también reavivó el debate sobre el uso de armas de fuego en intervenciones policiales en la Ciudad. Según especialistas consultados por medios locales, los protocolos vigentes establecen que el uso letal de la fuerza debe ser el último recurso y que los agentes deben priorizar la reducción del conflicto sin poner en riesgo la vida de terceros. Sin embargo, organizaciones como CORREPI sostienen que estos lineamientos no se cumplen y que existe un patrón de intervenciones desproporcionadas en barrios vulnerables.

El caso de Constitución se suma a una serie de episodios que, según organismos de derechos humanos, evidencian un deterioro en las prácticas policiales y un aumento de la violencia institucional. La muerte de González en Villa 20, la represión en operativos recientes en la zona sur de la Ciudad y las denuncias por hostigamiento en Balvanera y San Cristóbal configuran un escenario de creciente preocupación.

Mientras tanto, familiares de Vargas viajaron desde Formosa para reclamar justicia y exigir que el caso no quede impune. Organizaciones barriales anunciaron nuevas movilizaciones en Constitución y en la sede del Ministerio de Seguridad porteño para los próximos días.

La Ciudad inicia 2026 con dos muertes en menos de una semana vinculadas a intervenciones policiales, un dato que profundiza el debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad, la necesidad de controles externos efectivos y la urgencia de revisar los protocolos de actuación. La investigación judicial será clave para determinar responsabilidades y evitar que estos episodios se repitan en un contexto social ya atravesado por tensiones y desigualdades.

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