Balvanera encabeza el listado

Comunales | Desalojo de casas tomadas

Balvanera encabeza el listado

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un nuevo hito en su política de recuperación de inmuebles usurpados. Con el desalojo de un hotel en Balvanera, la administración de Jorge Macri llegó a las 600 propiedades devueltas a sus dueños desde el inicio de su gestión. El operativo se realizó en Tucumán al 2500, donde funcionaba un hotel familiar ocupado ilegalmente desde 2014. El edificio, de planta baja y dos pisos, presentaba graves problemas edilicios y riesgo estructural, según informaron las autoridades. La intervención se concretó tras el pedido expreso de su propietario, Omar González, de 72 años, quien había enviado una carta al jefe de Gobierno solicitando ayuda para recuperar su inmueble. Buenos Aires, 3 de marzo de 2026. El desalojo fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad junto con personal de Emergencias, la Red de Atención y Guardia de Auxilio. Desde el Ejecutivo porteño remarcaron que este caso simboliza el compromiso de la gestión con la restitución de propiedades a sus legítimos dueños. “No vamos a descansar hasta que hayamos devuelto la última propiedad usurpada y ocupada en la Ciudad. Nosotros tenemos la decisión firme de hacer cumplir la ley. No hay margen para las usurpaciones: lo que es de alguien se lo vamos a devolver”, afirmó Jorge Macri en declaraciones oficiales.

Según cálculos del Gobierno de la Ciudad, las 600 propiedades recuperadas representan un valor inmobiliario estimado en 300 millones de dólares. Algunas de ellas habían estado ocupadas durante más de medio siglo, lo que refleja la magnitud del problema de las usurpaciones en Buenos Aires. Entre los casos más emblemáticos se destacan la Casa Blaquier en el casco histórico, el Elefante Blanco de la avenida Olazábal en Belgrano —que será transformado en un complejo residencial con 140 departamentos—, la Casona de Costanera Sur y un edificio patrimonial en San Nicolás, diseñado por Arturo Prins y perteneciente al CONICET.

Balvanera se consolidó como el barrio con mayor cantidad de desalojos realizados. De las 600 propiedades recuperadas, 82 corresponden a esa zona, que incluye sectores como Once, Congreso y Abasto. Le siguen La Boca con 43, Almagro con 34, Constitución con 29 y Barracas con 27. Más atrás se ubican San Cristóbal (26), Flores (24), Caballito (23) y Palermo (22).

El Gobierno porteño sostiene que muchos de los inmuebles desalojados estaban en condiciones precarias, con problemas de seguridad y convivencia que afectaban a los vecinos. Sin embargo, organizaciones sociales y algunos residentes han denunciado que en ciertos casos se expulsó a personas que pagaban alquileres mensuales, aunque los edificios presentaban deficiencias edilicias. Estas situaciones abren un debate sobre la necesidad de diferenciar entre usurpaciones y ocupaciones irregulares vinculadas a la falta de vivienda asequible en la Ciudad.

El caso del hotel de Tucumán al 2500 sintetiza la tensión entre el derecho de propiedad y la problemática habitacional. Por un lado, el propietario recupera un bien que le pertenece desde hace décadas y que estaba en manos de ocupantes ilegales. Por otro, se visibiliza la realidad de familias que, ante la imposibilidad de acceder a una vivienda formal, recurren a alternativas informales que terminan siendo objeto de desalojos. El Gobierno porteño insiste en que su política es clara: garantizar el cumplimiento de la ley y devolver cada inmueble a sus dueños.

Con este nuevo operativo, la administración de Jorge Macri refuerza su narrativa de gestión basada en la restitución de derechos de propiedad y en la recuperación del patrimonio urbano. El desafío hacia adelante será compatibilizar esa política con la necesidad de atender la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad, un problema que se refleja en la persistencia de tomas, ocupaciones y alquileres informales en distintos barrios.

La cifra de 600 propiedades desalojadas en poco más de dos años marca un récord en la historia reciente de Buenos Aires y abre interrogantes sobre el impacto social de estas medidas. Mientras el Gobierno celebra la recuperación de bienes por un valor millonario, sectores críticos advierten que detrás de cada operativo hay historias de familias que pierden su lugar de residencia. El debate sobre cómo conjugar el respeto a la propiedad privada con políticas de vivienda inclusivas seguirá siendo uno de los grandes temas de la agenda urbana porteña.

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