Porteñas | Hospital de Clínicas
Cobertura porteña
La reducción de servicios ya impacta en la atención inicial de los pacientes, que deben esperar indefinidamente para acceder a estudios, internaciones o cirugías. Muchos reciben diagnósticos, pero no pueden iniciar tratamientos dentro del hospital y se ven obligados a buscar alternativas fuera, incluso cuando carecen de recursos. El director del Clínicas también alertó sobre la imposibilidad de mantener equipos esenciales, como el resonador, cuyo mantenimiento cuesta 150 millones de pesos y no ha podido ser abonado. La falta de fondos generó además deudas con proveedores, que evalúan no participar en futuras licitaciones o aplicar recargos financieros, lo que agrava aún más la situación.
La crisis repercute directamente en la función docente y en la investigación médica, pilares fundamentales del Hospital de Clínicas como hospital escuela. La actividad asistencial se redujo al 45%, lo que compromete la calidad de la formación de residentes y especialistas, mientras que la investigación científica quedó prácticamente paralizada. “Un hospital que no investiga es un hospital que se desactualiza. Nosotros no estamos generando conocimientos”, lamentó Melo.
El reclamo de la UBA no se limita al Hospital de Clínicas. También alcanza al Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, el Instituto de Tisioneumonología Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. Todos cumplen funciones esenciales en la atención pública, la formación médica y la investigación científica en Argentina, y atraviesan la misma situación crítica por la falta de financiamiento.
El juego de las diferencias
En este contexto, la medida del Gobierno porteño refleja la tensión política entre la Ciudad y el Gobierno nacional, en un escenario donde las universidades reclaman por la falta de recursos y advierten sobre el riesgo de paralización de los hospitales. Mientras tanto, los pacientes y profesionales enfrentan la incertidumbre de un sistema que se sostiene con dificultades y que depende de decisiones políticas para garantizar su continuidad.
El conflicto presupuestario entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei sigue sin resolverse: el Ejecutivo no aplica la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, lo que ha llevado a la Universidad de Buenos Aires a declarar la emergencia presupuestaria para 2026. La situación afecta gravemente a salarios, funcionamiento y hospitales universitarios, generando huelgas docentes, tomas estudiantiles y riesgo de paralización de servicios de salud. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a las universidades registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
La crisis salarial golpea a docentes y no docentes, lo que lleva a que realicen paros semanales y los estudiantes han ocupado colegios dependientes de la UBA, como el Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional Buenos Aires, para visibilizar la crisis. Las movilizaciones de estudiantes, docentes y autoridades académicas han reunido a decenas de miles de personas en distintas ciudades, mostrando consenso en defensa de la universidad pública. Las universidades iniciaron acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la ley y se espera un fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del incumplimiento. Dirigentes universitarios señalan que además de la educación superior, está en juego el respeto a la institucionalidad y a las leyes aprobadas por el Congreso.
En conclusión, la UBA enfrenta una crisis presupuestaria que compromete su rol como principal casa de estudios del país, afectando tanto la formación de profesionales como la atención en hospitales universitarios. El desenlace dependerá de la presión social, las decisiones judiciales y la voluntad política del Gobierno nacional para cumplir con la ley de financiamiento. La medida del Gobierno porteño de cubrir la atención de los vecinos en el Hospital de Clínicas aparece como un gesto político y sanitario que intenta mitigar los efectos de una crisis que, de no resolverse, podría tener consecuencias graves para miles de pacientes y para el sistema de salud en su conjunto.
Santiago Pujol
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