Porteñas | El giro a la ultraderecha del PRO
La polémica sobre la ESI
A medida que avanza el calendario electoral porteño, la discusión sobre la Educación Sexual Integral dejó de ser un debate pedagógico para convertirse en un recurso político de alto impacto simbólico. Las declaraciones de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, funcionaron como un punto de inflexión en una estrategia más amplia del oficialismo para disputar el voto de los sectores más conservadores y, al mismo tiempo, contener el avance de los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, 14 de julio de 2026. En un escenario donde Jorge Macri busca su reelección y la competencia con La Libertad Avanza se vuelve cada vez más explícita, la ESI aparece como un terreno fértil para ensayar gestos identitarios, marcar diferencias y fidelizar electorados. La entrevista en la que Muzzio definió a la ESI como una “trampa mortal” y la acusó de introducir “ideología de género” en las aulas, no fue un exabrupto aislado. Formó parte de una secuencia de intervenciones públicas que incluyó posteos en redes sociales, referencias al aborto legal y cuestionamientos a la Ley de Identidad de Género.
En todos los casos, la vicejefa apeló a narrativas que circulan en los espacios de ultraderecha y que buscan instalar la idea de que las políticas de género y diversidad constituyen una amenaza para las infancias y para la autoridad de las familias. La reacción fue inmediata: legisladores de la oposición presentaron un proyecto de declaración en repudio, especialistas desmintieron sus afirmaciones y organizaciones educativas señalaron que sus dichos no se corresponden con los contenidos oficiales aprobados por el Consejo Federal de Educación durante el propio gobierno de Mauricio Macri.
El uso político del tema se vuelve evidente cuando se observa el contexto. La Ciudad atraviesa una campaña donde el oficialismo intenta retener votantes que, en 2023 y 2024, migraron hacia opciones libertarias. En ese universo, la crítica a la ESI funciona como un guiño a sectores que rechazan lo que consideran un avance del progresismo cultural en las escuelas.
Al mismo tiempo, permite diferenciarse de la UCR y del peronismo porteño, que defienden la ESI como política de Estado y la vinculan con la reducción de embarazos adolescentes, la detección de abusos y la promoción de derechos. La disputa por el sentido de la ESI se convierte así en una disputa sobre la política en la Ciudad: qué valores deben transmitirse, qué rol debe tener el Estado y qué modelo de convivencia se busca consolidar.
Las afirmaciones de Muzzio sobre las infecciones de transmisión sexual ilustran ese desplazamiento del debate hacia el terreno político. La vicejefa sostuvo que la ESI “no logró mejorar los indicadores de prevención”. Pero los datos oficiales muestran una evolución compleja, con períodos de aumento y descenso que responden a múltiples factores. Especialistas en salud sexual señalan que el incremento reciente de sífilis y otras ITS está vinculado a la caída del uso del preservativo, la reducción de campañas públicas y la drástica disminución en la distribución gratuita de métodos de prevención. En 2025, la ejecución presupuestaria nacional para preservativos fue cero. En ese marco, atribuir la tendencia exclusivamente a la ESI no sólo es incorrecto: también permite desplazar la responsabilidad hacia una política educativa y evitar discutir el impacto del ajuste en salud pública.
Algo similar ocurre con las afirmaciones sobre cirugías de afirmación de género en menores de edad. Muzzio sostuvo que la normativa vigente antes del decreto de Javier Milei habilitaba “operaciones mutilantes” sin autorización de los padres, pero la Ley de Identidad de Género establece los 18 años como edad mínima para intervenciones autónomas. Las decisiones de adolescentes de 16 y 17 años se rigen por el Código Civil y Comercial, que los considera adultos para el cuidado de su propio cuerpo, y en menores de 16 años se requiere consentimiento y acompañamiento adulto.
En la práctica, según especialistas del Hospital Durand, no se realizan cirugías antes de los 16 años y los tratamientos hormonales en menores de edad son reversibles. Sin embargo, la narrativa de “cirugías sin permiso” se instaló en redes y medios afines como un recurso para reforzar la idea de un Estado que avanza sobre las familias y para justificar medidas restrictivas.
El impacto electoral de estos relatos no es menor. En una Ciudad donde el PRO gobierna desde 2007 y donde la competencia interna se volvió más áspera tras la irrupción libertaria, la apelación a temas culturales permite discutir identidades y marcar fronteras. La ESI, el aborto y la identidad de género se transforman en banderas que permiten interpelar a votantes desencantados, disputar el sentido de la agenda pública y construir un relato de defensa de valores tradicionales.
Para la oposición, en cambio, la estrategia de Muzzio representa un retroceso y un intento de erosionar políticas que cuentan con amplio consenso técnico y social. La Legislatura porteña se convirtió en escenario de este conflicto, con proyectos cruzados, comunicados y posicionamientos que buscan capitalizar el tema en un año electoral decisivo.
En este clima, la ESI deja de ser una política educativa para convertirse en un símbolo de la batalla cultural que atraviesa a la Ciudad. Su utilización política revela la tensión entre dos modelos: uno que busca limitar el alcance de las políticas de género y diversidad y otro que las considera parte de un piso de derechos consolidado. La campaña porteña avanza y, con ella, la disputa por el sentido de la ESI se vuelve un indicador del rumbo que cada fuerza propone para la Ciudad.
Santiago Pujol
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