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Se achica el gasto y aumentan las consultas

La discusión sobre el financiamiento de la salud mental volvió a instalarse con fuerza en la Argentina a partir del proyecto que el Poder Ejecutivo nacional envió al Senado para modificar la Ley de Salud Mental. La iniciativa propone cambios en los criterios de internación y externación, en el funcionamiento de los dispositivos de atención y, sobre todo, elimina la prohibición de crear nuevos manicomios o instituciones monovalentes, un punto que reabre debates que llevan más de una década. Pero mientras el Congreso se prepara para discutir el texto, los datos presupuestarios muestran un panorama complejo y heterogéneo entre los sistemas de salud de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que conviven diariamente en el territorio porteño y atienden a miles de personas con padecimientos mentales. Buenos Aires, 7 de julio de 2026. En el caso del sistema nacional, el análisis realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revela una caída significativa de los recursos destinados a los dos hospitales monovalentes que dependen del Ejecutivo: el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, ubicado en la localidad bonaerense de Open Door, y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Según el estudio, el presupuesto disponible para 2026 del Hospital Carrillo es un 20,2% menor al ejecutado en 2025 y acumula una pérdida del 38% en términos reales respecto de 2023. En el caso del Bonaparte, la caída es del 17,6% en relación con lo ejecutado el año pasado y del 51% respecto de 2023. Ambos establecimientos, al 26 de junio de 2026, habían ejecutado menos del 38% del presupuesto anual, lo que profundiza la preocupación por la capacidad operativa y la continuidad de los programas de atención.

Para ACIJ, esta tendencia se inscribe en un proceso más amplio de desfinanciamiento de las políticas nacionales de salud mental. Aunque la ley vigente establece que el 10% del presupuesto total de salud debe destinarse a esta área, esa pauta nunca se cumplió. Eduardo Quiroga, abogado especializado en desmanicomialización, advirtió que el proyecto enviado al Senado no garantiza un fortalecimiento de la inversión estatal y que la reducción de recursos compromete la transición hacia modelos de atención comunitaria, uno de los pilares de la normativa sancionada en 2010.

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires enfrenta su propio escenario presupuestario. El distrito cuenta con cuatro hospitales monovalentes: el Alvear, el Borda, el Moyano y el Tobar García. En 2025, estos establecimientos ejecutaron $118.187 millones, un incremento del 1,6% respecto del año anterior. Sin embargo, el presupuesto vigente para 2026 asciende a $148.967 millones, lo que representa una caída del 5,1% en términos reales. El Observatorio Económico de la Ciudad, dependiente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), detectó recortes específicos: el Alvear redujo su presupuesto un 8,3%, el Borda un 3,5% y el Moyano un 10% respecto de 2024. Aunque la Ciudad destina un porcentaje de su gasto en salud mental más cercano a la pauta nacional, el problema radica en la distribución: cerca del 80% de los recursos se concentran en los hospitales psiquiátricos, que deberían avanzar hacia su sustitución definitiva según la ley.

La convivencia entre los sistemas nacional y porteño se evidencia diariamente en Balvanera, Barracas y otros barrios donde funcionan los hospitales monovalentes y los dispositivos comunitarios. En estos espacios confluyen pacientes derivados desde provincias, personas en situación de vulnerabilidad que llegan por demanda espontánea y usuarios del sistema local. La superposición de competencias y la disparidad presupuestaria generan tensiones en la atención, especialmente en los casos de internaciones prolongadas. El Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental, dependiente del Ministerio Público de la Defensa, señaló en su informe de gestión 2024 que los hospitales Borda y Moyano concentran la mayor cantidad de personas internadas por períodos que llegan hasta los 40 años, una situación que evidencia la falta de alternativas comunitarias y la persistencia de prácticas manicomiales.

En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud informó que la inversión en hospitales de salud mental durante 2025 fue de aproximadamente $106,4 mil millones. Ese monto incluye tanto los cuatro hospitales monovalentes —Cabred, Esteves, Taraborelli y Korn— como los servicios de salud mental en hospitales generales. Sin embargo, la cartera provincial no brindó información desagregada por establecimiento ni datos comparativos de años anteriores. Desde el ministerio señalaron que la política de salud mental se organiza en tres ejes: urgencias e internaciones, fortalecimiento de la atención comunitaria y desarrollo de políticas de inclusión para personas con padecimientos graves. La falta de datos precisos dificulta evaluar si estos objetivos cuentan con el financiamiento adecuado.

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en el centro de esta trama, donde confluyen pacientes, instituciones y políticas de tres jurisdicciones distintas. Los hospitales nacionales reciben personas derivadas desde todo el país, mientras que los establecimientos porteños atienden mayoritariamente a población local pero también a usuarios que llegan desde el conurbano. La coexistencia de sistemas con niveles de inversión dispares y modelos de atención en transición genera un escenario fragmentado que impacta directamente en la calidad de la atención y en la posibilidad de avanzar hacia dispositivos comunitarios, tal como establece la ley nacional.

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