Porte帽as | Desalojos administrativos condicionados
Proteger todos los derechos
La medida lleg贸 tras la denuncia presentada por los legisladores Victoria Freire y Alejandro 鈥淧itu鈥 Salvatierra, quienes acusaron al Ejecutivo porte帽o de manipular tr谩mites administrativos para acelerar desalojos y dejar a cientos de familias en la calle. Para la oposici贸n, la pol铆tica llamada de 鈥渞ecuperaci贸n de propiedades鈥 se transform贸 en un dispositivo de marketing que invisibiliza la falta de alternativas habitacionales reales y de pol铆ticas p煤blicas progresistas, en una ciudad atravesada por un d茅ficit estructural de viviendas.
Desde el oficialismo, en cambio, la respuesta fue inmediata y contundente: Jorge Macri anunci贸 que apelar谩 la cautelar y defendi贸 su programa, que seg煤n cifras oficiales ya permiti贸 recuperar m谩s de 840 inmuebles desde diciembre de 2023. En redes sociales, el jefe de Gobierno acus贸 al juez y a los legisladores denunciantes de 鈥渄efender a los okupas y atacar la propiedad privada鈥, y asegur贸 que la pol铆tica de desalojos continuar谩.
Conflictos de derechos
El conflicto expone una tensi贸n de fondo: la disputa entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda, ambos reconocidos por la Constituci贸n de la Ciudad. El art铆culo 31 establece que el Estado debe garantizar el acceso a una vivienda digna y resolver progresivamente el d茅ficit habitacional, priorizando a los sectores vulnerables. Sin embargo, la multiplicaci贸n de los desalojos revela que las herramientas disponibles - subsidios, paradores, cr茅ditos y programas de urbanizaci贸n- resultan insuficientes frente a la magnitud del problema y que se opta desde el gobierno por la represi贸n de sus consecuencias.
Organizaciones civiles y la Defensor铆a del Pueblo advierten desde hace a帽os que los paradores no pueden alojar familias completas y que el subsidio habitacional del Decreto 690, principal recurso de emergencia, se actualiza por debajo del costo real de un alquiler en la Ciudad. En paralelo, programas hist贸ricos como la Ley 341, que financia proyectos cooperativos de vivienda, se encuentran pr谩cticamente desfinanciados ante el valor del suelo porte帽o.
La gesti贸n de Jorge Macri introdujo un cambio de prioridades en el Instituto de Vivienda de la Ciudad: la urbanizaci贸n de villas y asentamientos, que hab铆a sido el eje central de las pol铆ticas habitacionales durante las administraciones anteriores del PRO, perdi贸 peso relativo frente a iniciativas orientadas a la clase media inquilina, como Garant铆a + F谩cil, que subsidia seguros de cauci贸n para quienes no cuentan con garant铆a propietaria.
El Gobierno sostiene que la recuperaci贸n de inmuebles usurpados es parte de una estrategia de orden urbano y restituci贸n de derechos a propietarios que llevan a帽os sin poder acceder a sus propiedades. Pero los cr铆ticos se帽alan que, sin un fortalecimiento del presupuesto habitacional y sin alternativas estables, los desalojos terminan empujando a las familias hacia situaciones de mayor precariedad, reproduciendo un ciclo que vuelve a la Justicia el 煤nico 谩mbito donde se discuten las obligaciones del Estado.
El caso de Villa Mitre, donde se recuperaron cinco PH ocupados desde el a帽o 2000 y hubo cuatro detenidos, fue uno de los episodios que tens贸 a煤n m谩s la relaci贸n entre el oficialismo y Salvatierra, quien se present贸 en el operativo para intentar frenarlo. Para el Gobierno, se trat贸 de un ejemplo de su pol铆tica de 鈥渓ey, orden y propiedad privada鈥; para la oposici贸n, de un procedimiento sin garant铆as suficientes para los ocupantes. La cautelar de Gallardo obliga ahora a revisar esos mecanismos y a establecer protocolos m谩s estrictos, especialmente en lo que respecta a la evaluaci贸n de riesgos edilicios y a la intervenci贸n de organismos sociales y de protecci贸n de derechos de ni帽os, ni帽as y adolescentes.
El trasfondo es un escenario urbano donde el acceso a la vivienda se vuelve cada vez m谩s dif铆cil. La combinaci贸n de alquileres en alza, salarios estancados y un mercado informal en expansi贸n empuja a miles de familias a soluciones habitacionales precarias, desde hoteles y pensiones hasta ocupaciones de inmuebles vac铆os. La pol铆tica de desalojos, presentada por el Gobierno como una respuesta a la inseguridad jur铆dica y a las mafias de la toma, se enfrenta as铆 a un entramado social mucho m谩s complejo, donde la falta de alternativas estatales convierte cada operativo en un conflicto de alto impacto pol铆tico y humano. La apelaci贸n de la Ciudad abrir谩 una nueva etapa judicial, pero el debate de fondo -c贸mo garantizar el derecho a la vivienda sin vulnerar otros derechos- seguir谩 siendo uno de los m谩s urgentes y estructurales de la agenda porte帽a.
Mart铆n P茅rez D铆az
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