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La reconstrucción del sistema político

En pocos años nuestro barrio tuvo el triste destino de afrontar tres grandes tragedias. Diferentes entre sí, cada una con su carga simbólica, su enorme secuela de daños y heridas que todavía no cierran. Buenos Aires, 9 de abril de 2012. El atentado a la sede de la AMIA fue la primera, 18 de julio de 1994. La segunda sucedió el 30 de diciembre de 2004, una década después. Fue el incendio de Cromañón. La última, a pocos metros de la segunda, ocurrió el 22 de febrero de este año, cuando una formación del ex ferrocarril Sarmiento chocó contra el andén, matando a 51 pasajeros y dejando heridos a otros 700.

En cada caso, el reclamo de justicia movilizó y aún convoca a las víctimas y sus familiares. La reparación simbólica que supone la sanción de los responsables, sólo se produjo hasta ahora con los involucrados en el incendio dela calle Mitre, aunque falte camino por recorrer. Lo sucedido en el ferrocarril aún está fresco y la investigación judicial todavía en sus etapas preliminares, como para demandar resultados. No es el caso dela AMIA. Perola complejidad del complot criminal para producir el atentado y para ocultar a sus responsables, que incluso involucra integrantes del gobierno nacional de entonces, abona el escepticismo de quienes sospechan que nunca se tendrá certeza de la verdad de lo sucedido y de que los culpables permanecerán libres.

Así como son diferentes hechos y tienen distintas consecuencias, sucedieron en países diferentes. No sólo en momentos diferentes. La sociedad argentina, en particular la porteña, mucho cambió desde el 94 hasta el 2004, y desde entonces hasta ahora.

¿Qué fue cambiando? La relación con el sistema político y la concepción del estado predominante en cada momento. Si en los 90 la sociedad había convalidado electoralmente la tesis de un estado abandónico y en retirada, la sospecha de las complicidades corruptas entre los ejecutores y el aparato de seguridad nacional se asumía entonces como una suerte de hecho “natural” e “inevitable”. Así eran las cosas y nada lo cambiaría. Mucho menos se podía esperar de la justicia, con minúsculas.

Cromañón sucedió después del “que se vayan todos”, luego del 19 y 20 de diciembre de 2001. La exigencia de las víctimas traspasó la mera causa judicial y se dirigió directamente a la cabeza del estado porteño. Aníbal Ibarra fue el primer sancionado político por esa tragedia. La demanda de un estado que se haga cargo de los problemas de la sociedad se expresó de esa manera y era acompañada por gran parte de la sociedad.

Ahora hay una tensa espera. La reacción pública ante la tragedia ferroviaria ha sido diferente. Probable expresión de una confianza renovada en la responsabilidad política de los actuales dirigentes, las expresiones públicas de los voceros de las víctimas hasta el momento han sido prudentes y firmes en su reclamo de justicia. Sería otra señal de la reconstrucción del sistema político argentino. Es un mensaje, una esperanza que ojalá no se defraude.

Más allá de todo, la repetición de estos hechos habla por sí misma de la enorme ausencia de estado que es necesario reparar. Si bien un atentado como el de la AMIA difícilmente hubiera podido evitarse, como sí podían serlo el choque ferroviario y el incendio del boliche, al menos en sus extremos más trágicos, la ausencia de certezas sobre los responsables denuncia todavía la incapacidad estatal para resguardar cuestiones elementales como la seguridad nacional. Ningún país serio puede tolerar esto.

Lic. Gerardo Codina

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