La mentira del mercado

Sociedad | Educación y negocios

La mentira del mercado

En el debate político de estos días también se discute qué hacer con la educación. Por un lado hay quienes argumentan que los problemas de la escuela pública son causados por la actividad sindical de los maestros que defienden sus derechos y quieren prohibirla, declarando “servicio esencial” a la educación, para que no haya paros. Por el otro, hay quienes dicen que funcionaría mejor si se tratara de un “negocio”, administrado por privados. Buenos Aires, 12 de setiembre de 2023. Integrar a millones de inmigrantes y forjar en ellos un sentido de pertenencia nacional fue el primer objetivo de la educación pública obligatoria, gratuita y laica, impuesta por los viejos gobiernos liberales de fines del siglo 19. Precisamente, el presidente Julio Argentino Roca la sancionó en 1884 y dejó un legado de escuelas monumentales, ampliado por sus sucesores, para indicar la enorme importancia que le asignaban a la educación. Pese a ser liberales, nunca pensaron la educación como un negocio. Todo lo contrario. Era una actividad estratégica del Estado para asegurar la cohesión nacional.

Fue con los primeros gobiernos peronistas que se alcanzó el objetivo de universalizar el acceso a la educación. Escuelas para todos y todas, cerca de donde vivían los alumnos, hasta lograr que casi todos los chicos en edad escolar fueran alumnos regulares. Con el tiempo, se comprendió luego la importancia de extender la educación, ampliando la obligatoriedad hacia la educación secundaria y hacia el nivel pre escolar.

En un mundo que vive una revolución del conocimiento y la información, ya no se puede pensar más en la educación como una etapa a cumplir en los primeros años, sino que se prolonga a lo largo de toda la vida de las personas, con diferentes modalidades. Pero entre nosotros, quienes se presentan como “modernos”, ahora proponen convertirla en un “negocio”, administrado por privados, que el estado facilitaría subsidiando la demanda, con los llamados “vouchers”; es decir, entregando por cada niñe un documento que acredita el pago por el Estado del servicio educativo, que cada familia entrega en la escuela de su elección. Esa libertad de los “clientes” de la educación, dicen los mentores de esta propuesta, haría que las escuelas compitan entre sí para asegurar la mejor calidad de la enseñanza y ganar la mayor porción del “mercado” o sea, de fondos públicos (los que financiarían los vouchers).

¿Qué hay de nuevo, viejo?

Sin embargo, entre nosotros hace mucho que funcionan las escuelas de gestión privada, que son subsidiadas por el Estado de acuerdo con su matrícula. No habría mucha novedad en eso. Lo que dejarían de existir son las escuelas públicas, porque todas pasarían a funcionar con la misma lógica mercantil.

¿Es mejor la educación de gestión privada que la de gestión pública? Para muchas familias, parece que sí. Hacen el esfuerzo de pagar de su bolsillo una cuota que se suma a los fondos que las escuelas de gestión privada reciben del Estado, para asegurarse una vacante en una institución religiosa o laica. En las escuelas confesionales, los padres se aseguran que sus hijos se formen en una determinada cosmovisión religiosa acorde a sus creencias. En las laicas, buscan una excelencia que no creen posible en las escuelas públicas. Lo que tienen en común las dos, es que casi siempre hay clases. La falta de clases desordena la vida de cualquier familia, porque si los chicos no están en la escuela, alguien los tiene que cuidar. Era la queja de muchos durante la pandemia, que pretendían escuelas funcionando pese a los riesgos de contagio, para no soportar a los chicos en casa.

Los paros docentes no trascienden allí, porque fácilmente el docente huelguista es sancionado con la pérdida de su puesto de trabajo. Es lo que desean los partidarios del macrismo para la escuela pública, pero por otro medio: declarar la educación servicio esencial, para impedir los paros.

Cuando se sube en los niveles educativos, nos encontramos que la gestión privada no garantiza excelencia. Al contrario, las mejores universidades del país son públicas. Así lo reconocen en el exterior y también aquí, los mismos alumnos de las universidades privadas. Por eso, muchos extranjeros vienen a educarse en nuestras aulas. Esto es debido a que las universidades públicas se autogestionan, con gobiernos colegiados formados por docentes, egresados y alumnos, en los que el único mérito que cuenta es la excelencia académica. Por supuesto, siempre hay problemas y todo puede hacerse mejor. Pero la universidad privada en general no es mejor que la pública en nuestro país. Pese a que ambas coexisten desde hace más de sesenta años y pasaron por todas las turbulencias políticas de Argentina.

El problema es evitar los paros

Si la educación de gestión privada no es garantía de calidad, el problema es cómo asegurar que no se pierdan en la educación pública días de clase por paros docentes. Nadie responde a esta pregunta directamente, porque el tema se resuelve con mayor inversión. Más presupuesto para mantener las aulas en condiciones, con mejores recursos pedagógicos y docentes bien pagos. Lo que no hizo nunca el macrismo en los dieciséis años que viene gestionando la ciudad. No por falta de fondos, porque el distrito tiene la mayor cantidad de dinero disponible por habitante de todo el país, suficiente para asegurar la excelencia de todos los servicios públicos.

Ocurre que piensan que la educación no debe ser pública. Para ellos es un gasto que no tiene que hacer el Estado y que debe afrontar cada uno con sus propios recursos. Es lo que se esconde detrás de la propuesta del voucher. Y así resultó en Chile cuando se lo aplicó. Educación pobre para niñes pobres y educación cara para niñes ricos. Fue una experiencia tan mala, que duró sólo mientras el dictador Pinochet estuvo en el poder.

Santiago Pujol

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