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Ordenaron desalojo

La justicia ordenó el desalojo de un edificio que había sido cedido durante el gobierno de Macri para su uso por la Universidad Madres de Plaza de Mayo en Plaza Miserere, que lo devolvió en 2021. La decisión fue tomada por la jueza María Servini a pedido del Ministerio de Justicia. Se trata del inmueble del ex Hotel Marconi, que pertenecía a Ferrocarriles Argentinos. En el tercer piso vivía una familia desde hacía más de veinte años. Buenos Aires, 18 de febrero de 2025. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, ordenó el desalojo inmediato del edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89 y Avenida Pueyrredón 19, en el barrio porteño de Balvanera, luego de comprobarse que el inmueble, cedido en 2018 por el Ministerio de Justicia, para el funcionamiento del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, estaba siendo ocupado irregularmente por familias y organizaciones sin vinculación con su objetivo original.

La medida se tomó tras una denuncia presentada por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quienes señalaron que el edificio había sido desviado de su función pública y convertido en un espacio de uso privado. Durante el allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), realizado hace tres meses se detectaron viviendas clandestinas, una bailanta con barra de bebidas alcohólicas, un gallinero en el balcón y un “búnker político” con propaganda del partido MILES, liderado por el dirigente Luis D’Elía.

A través de 11 fojas, la jueza resolvió ordenar el allanamiento “sobre el inmueble sito en la intersección de las Av. Rivadavia 2749/89 y Av. Pueyrredón 19 (ex Hotel Marconi) pisos 2° y 3° de esta Ciudad de Buenos Aires” y a “proceder al desalojo de José Moisés Vázquez, su mujer Alicia Esther Vázquez, y su grupo familiar compuesto por Miriam Sánchez, Alain Marcovich Álvarez, Priscila Marcovich y Ornella Marcovich Álvarez , debiéndose ser inmediatamente restituido al Ministerio de Justicia de la Nación”.

Historia de ocupaciones y acuerdos informales

El edificio fue cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en enero de 2018, con el fin de instalar allí la sede del instituto universitario. Sin embargo, en ese momento el inmueble ya estaba ocupado. El rector organizador del Instituto, Javier Alejandro Buján, intentó desalojar a las familias que lo habitaban, pero no logró expulsar a la familia Vázquez, que permaneció en el tercer piso. Según José Moisés Vázquez Burgueño, quien asegura vivir allí desde hace más de 20 años, tenía “un acuerdo de palabra” con funcionarios de la AABE para cuidar el edificio.

Documentos oficiales demuestran que Buján firmó en 2018 un acta con Vázquez Burgueño en la que le permitía utilizar solo un pequeño espacio como vivienda, pero el tercer piso entero terminó convertido en un salón de actos, escuela de danza y boliche clandestino.

El allanamiento confirmó que el segundo piso del inmueble estaba siendo utilizado en parte por oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), aunque sin vínculo formal con el Instituto Universitario. También funcionaban las sedes de la Asociación de Haitianos Viviendo en Argentina (OHVA) y la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA). El tercer piso, en tanto, estaba completamente ocupado por la familia Vázquez, que había instalado un gallinero en el balcón, alquilaba el salón para eventos y utilizaba el espacio como academia de baile y boliche clandestino con barra de tragos y música.

El gobierno de Mauricio Macri, el 19 de enero de 2018, a través de Garavano y de la AABE, firmaba una “cesión precaria y gratuita” a instituto de estudios vinculado que había fundado la titular de Madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Dado que la casa de altos estudios que conducía el actual presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Javier Buján no tenía sede, se realizó un convenio para que utilizaran los dos primeros pisos del inmueble que, a mediados del siglo pasado, fue el Hotel Marconi.

En el mismo acto en que se concede el uso de las instalaciones al instituto educativo, se toman varias decisiones. A través del expediente “EX-2017-14342889-APN-DMEYD#AABE”, la Agencia de Administración de Bienes del Estado revocó el permiso de uso precario y gratuito para el tercer piso otorgado el 20 de julio de 2005 a la Asociación Civil Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas Del Atlántico Sur”. También “el permiso de uso precario” del segundo piso que el 8 de agosto de 2012 el gobierno de Cristina Fernández le otorgó a Luis D’Elía, referente de la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV)”, y titular del partido MILES.

Buján debía encargarse de “desalojar” a los intrusos del lugar. Lo consiguió con todos salvo con la familia que se había apropiado de manera ilegal el tercer piso. El uruguayo José Moisés Vázquez Burgueño vivía con una hija y su mujer, Alicia Esther Álvarez desde 2010.

Mudanza del Instituto

A pesar de las remodelaciones realizadas en 2018, el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” se mudó en 2021 a otras sedes en San Telmo y Caballito, dejando el edificio de Pueyrredón 19 en estado de abandono. Desde entonces, el Ministerio de Justicia no promovió el desalojo, lo que permitió que el tercer piso quedara en manos de los Vázquez y que el segundo se llenara de oficinas y organizaciones no registradas.

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