Turista brasileña murió en el abasto

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Turista brasileña murió en el Abasto

María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una turista brasileña de 69 años, murió tras ser atacada en plena avenida Corrientes por un hombre con antecedentes penales y psiquiátricos. El caso conmueve a la comunidad y expone graves fallas en el sistema de salud mental y justicia penal. Buenos Aires, 18 de noviembre de 2025. El mediodía del jueves 6 de noviembre se convirtió en una tragedia en el barrio porteño de Balvanera. María Vilma, una mujer oriunda de Itapuranga, Brasil, que había llegado a Buenos Aires en julio para visitar a su hija Carolina Bizinoto, estudiante de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, fue agredida sin motivo aparente por un hombre en situación de calle. El ataque ocurrió sobre avenida Corrientes al 3200. El agresor la golpeó, provocando que cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió horas después por las lesiones sufridas.

El sospechoso, identificado como F.N., de 30 años, fue detenido ese mismo día en la intersección de avenida Córdoba y Junín, a menos de 15 cuadras del lugar del ataque. Según fuentes judiciales, F.N. tiene un extenso historial de internaciones psiquiátricas en hospitales como el Piñero, Durand y Borda, y había sido considerado inimputable en al menos trece oportunidades entre 2014 y 2022. Además, registra veinte antecedentes por delitos graves.

La conmoción por el crimen se extendió rápidamente. En redes sociales, Carolina Bizinoto pidió que se agilicen los trámites de autopsia y repatriación del cuerpo, y organizó una colecta para cubrir los costos. “Haré todo lo posible para llevarla de vuelta”, escribió junto a una foto abrazada a su madre. También agradeció la visibilización del caso en los medios argentinos.

La familia de María Vilma expresó su dolor y exigió justicia. Su sobrina, Paula Lima, relató que la víctima planeaba quedarse seis meses en Argentina y luego regresar a Brasil junto a su esposo. “Ella llegó a ser asistida, llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada, murió”, contó.

La causa judicial, inicialmente caratulada como lesiones, fue derivada al fuero nacional por tratarse de un delito grave. La jueza del fuero porteño ordenó suspender los plazos procesales y dictó una medida de seguridad: internación involuntaria de F.N. en el Hospital Borda con consigna fija. Esta decisión fue convalidada por el Juzgado Civil interviniente, aunque aún no adquirió firmeza, ya que fue apelada por la Asesoría Tutelar, que solicitó el sobreseimiento del imputado.

El informe pericial realizado tras el ataque concluyó que F.N. “no presentó capacidad de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones al momento de los hechos que se le enrostran”. Los peritos forenses determinaron que “no se encuentra en condiciones de estar sometido a proceso”, lo que lo vuelve inimputable. Esta evaluación se suma a una larga lista de diagnósticos contradictorios que han marcado su historial judicial. En un expediente por robo, el Cuerpo Médico Forense sostuvo que sus facultades mentales estaban compensadas, aunque presentaba discapacidad intelectual leve, consumo de sustancias y pobre estimulación psico-sociocultural. En cambio, los peritos de la Defensoría General de la Nación consideraron que no comprendía el significado de un juicio y que su cuadro se agravaba por la vulnerabilidad social extrema y un retraso madurativo.

El juez Gustavo Rofrano, en un fallo de octubre de 2022, recordó que F.N. había sido declarado inimputable en trece oportunidades en los últimos ocho años. En 2018 enfrentó una condena en la Justicia de San Martín, fue buscado por paradero en 2016 y 2017, estuvo preso en un penal federal y recibió un DNI provisorio. En 2020 inició un tratamiento en el Hospital Borda, que luego abandonó.

El caso de María Vilma pone en evidencia una problemática estructural: la falta de seguimiento efectivo a personas con patologías mentales graves y antecedentes penales. La reiteración de diagnósticos de inimputabilidad, sin medidas de contención sostenidas, expone a la sociedad a situaciones de riesgo y vulnera los derechos de las víctimas. La familia de la turista brasileña reclama que el Estado garantice que personas con antecedentes psiquiátricos y penales no queden sin control, y que se revisen los protocolos de actuación ante casos de inimputabilidad.

Mientras tanto, el dolor por la pérdida de María Vilma se multiplica. En Brasil, sus colegas del Tribunal de Justicia de Goiás la recuerdan como una funcionaria ejemplar, licenciada en Recursos Humanos, dedicada al servicio público por más de dos décadas. En Argentina, su hija Carolina continúa luchando para que el cuerpo de su madre regrese a casa y para que su muerte no quede impune.

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