Buenos Aires, 21 de marzo de 2023. El viernes 10 de marzo se realizaron dos allanamientos en simultáneo: uno en el Colegio del Salvador, ubicado en Callao al 500, y otro en la sede Centro Loyola, situada en Avenida Ricardo Balbín 3226, partido bonaerense de San Miguel. Durante los procedimientos encontraron documentos que --aseguran los denunciantes-- demuestran las "mentiras y manipulaciones" por parte del colegio y la orden religiosa.

"Se descubrieron muchos baches durante los allanamientos, mucha información que el colegio decidió ocultar pese a nuestros reclamos", dijo Elizondo. Y agregó: "Nos quisieron hacer creer que habían realizado una investigación, pero esa investigación nunca existió. Además, mintieron al decir que recién en 2003 se habían enterado de los abusos de Fretes, pero los testigos señalaron que los hechos habrían comenzado desde 1998".

"La Compañía de Jesús decidió trasladar a Fretes a Mendoza en 2003, con la prohibición de interactuar con niños. Pero allá no hubo ningún control, e incluso la comunidad de Mendoza no había sido informada de los hechos ocurridos en el Colegio del Salvador. Fretes podía moverse con total libertad", aseveró Pablo Vio, otro de los denunciantes.

La documentación encontrada arrojó que a lo largo de 2004, Fretes asistió a la Escuela Padre Llorens, del barrio San Martín de Mendoza, y además volvió a Buenos Aires a "visitar" el Colegio del Salvador. "Nos mintieron además diciendo que lo habían expulsado en 2007. La realidad es que Fretes renunció y además recibió ayuda económica de la Comunidad Jesuita", detalló Vio.

Los testimonios sostienen que el acusado construía un vínculo de confianza con los niños y era el encargado de impartir la “Educación para el amor”, una suerte de educación sexual que lo habilitaba para indagar en cuestiones relativas a la sexualidad de los estudiantes. Así, utilizaba su rol como herramienta para cometer los abusos y justificar su accionar.

Desde que se conocieron los hechos, la institución jamás realizó la denuncia penal, solo apartó a Fretes de sus hábitos y lo mandó a la ciudad de Mendoza a terminar sus días, donde murió de cáncer. El procesamiento del clérigo se dio solo gracias a la denuncia de las víctimas que se animaron a hablar. En tanto, las autoridades desconocieron estar al tanto de los abusos (algo que ya fue desmentido por los testimonios de las víctimas), intentaron justificar mediante recursos legales vulgares el hecho de no haber hecho la denuncia y apoyaron económicamente al abusador para que siguiera solventando su vida en el mismo rol que lo hacía en el colegio, pero ahora en Mendoza.

Luego del allanamiento, las víctimas sostienen que algunas denuncias que realizaron en la institución desaparecieron, una muestra más de que el encubrimiento de la responsabilidad de la iglesia prevalece en el accionar de las autoridades. El caso pone de manifiesto el accionar de la Iglesia Católica para garantizar la impunidad, pero, más profundo aún, reveló la total ausencia de control estatal sobre lo que sucede en las escuelas confesionales. Esto sucede mientras se siguen promoviendo políticas reaccionarias, como la no aplicación del a ESI o el intento de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas.

"Tomamos la decisión de denunciar penalmente a quienes fueran autoridades del Colegio del Salvador y de la Compañía de Jesús como partícipes necesarios de los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y encubrimiento agravado", expresaron las víctimas en un comunicado.

La denuncia primero fue presentada ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y luego del dictamen favorable la causa quedó radicada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 59, a cargo de Alfredo Godoy, y la Fiscalía N°2 a cargo de Santiago Vismara.

Las cinco autoridades jesuitas denunciadas son: Rafael Velasco, máxima autoridad jesuita en la actualidad, rector del Colegio del Salvador entre 1999 y 2003; Andrés Aguerre, actual rector de la Universidad Católica de Córdoba, rector del colegio entre 2004 y 2010; Ricardo Moscato, el único laico de los denunciados, fue vicerrector del colegio entre 1999 y 2010, y rector entre 2010 y 2020; Alfonso Gómez, Provincial de los jesuitas entre 2003 y 2009, responsable del traslado de Fretes a Mendoza; y Álvaro Pacheco, delegado para la prevención de abusos de los jesuitas en Argentina y Uruguay.

"El reclamo administrado fue desestimado, por eso decidieron radicar la denuncia", dijo uno de los representantes de las víctimas, Carlos Lombardi. Y precisó: "Hasta el momento 10 personas decidieron denunciar los hechos, pero se estima que fueron más de 40 víctimas. Los acusados podrían enfrentar hasta 15 años de prisión".

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