Fin de la vivienda popular

Sociedad | La motosierra destruye

Fin de la vivienda popular

El anunciado cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda destruirá más de 120.000 obras en marcha y dejará a miles sin empleo. La decisión de cerrar la Secretaría de Hábitat y Vivienda no solo deja sin empleo a cientos de trabajadores, sino que también profundiza la crisis habitacional en Argentina. Además, implica que el Estado nacional abandona el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Buenos Aires, 11 de setiembre de 2025. El gobierno de Javier Milei sigue avanzando con su plan de recortes, y ahora la “motosierra” alcanzó a la Secretaría de Hábitat y Vivienda. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la eliminación del organismo, lo que implica el cierre de programas clave y la paralización de más de 120.000 obras en todo el país. La medida dejará sin empleo a 500 trabajadores directos desde el 1 de marzo y tendrá un impacto devastador en el sector de la construcción. La incertidumbre sobre el futuro de miles de obras inconclusas y la falta de políticas de vivienda auguran un panorama complicado para el sector y para miles de familias en todo el país.

Con la disolución de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, también desaparecen el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el programa Procrear, Casa Propia y Fonavi, entre otros. Estos programas fueron esenciales para el acceso a la vivienda de sectores medios y populares. Según datos gremiales, la decisión del gobierno repercutirá en 170.000 empleos directos en la construcción y 400.000 indirectos, agravando la crisis de un sector que ya venía en caída. El impacto del cierre es devastador: miles de familias sin acceso a agua, cloacas y electricidad, suspensión de la regularización dominial, cancelación de centros de salud y espacios comunitarios, fin de capacitaciones y apoyo a emprendedores, y municipios sin formación para mejorar la gestión urbana.

Además, la medida deja a 15.000 viviendas terminadas sin entregar y otras tantas en riesgo de deterioro por la interrupción de obras. Muchas provincias y municipios solicitaron continuar con los proyectos, pero la Nación no habilitó los traspasos, dejando a miles de familias en la incertidumbre. Mientras tanto, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) habían calificado de manera positiva algunos de los proyectos de vivienda ahora cancelados y que ellos financiaban. Entre otros, los programas destinados a villas y comunidades originarias para mejorar el acceso a servicios básicos como agua, cloacas y electricidad.

El impacto de estas medidas ya se refleja en las cifras del sector. Según el último informe del CEPA, la construcción perdió 66.000 puestos desde la asunción de Milei. El índice Construya, que mide la venta de insumos, marcó una caída del 27,2% en 2024 debido a la suspensión de la obra pública y el encarecimiento de materiales. “La decisión del Gobierno trae aparejada la paralización de 124 mil viviendas en ejecución, muchas al 80%, 90% o 100% de su construcción, sumado al déficit habitacional que hay, se llevan puestas 124 mil viviendas que le costaron al Estado 3 mil millones de dólares”, precisó la delegada general de ATE Infraestructura, Hábitat y Vivienda, Alejandra Basso.

El objetivo de desmantelar la política de vivienda del Estado nacional había sido anticipado con varias medidas ya aplicadas. El 13 de noviembre del año pasado, el Ejecutivo eliminó el fondo fiduciario del Procrear que se había creado en 2012. Fue a través del decreto 1018/2024 que se publicó en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de Luis Caputo. Allí se consignó que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”. El Gobierno sostiene así que el acceso a la vivienda propia debe hacerse en forma privada, a través de créditos personales. Es decir, sólo habrá vivienda para el que pueda pagarla.

Sin embargo, la Constitución Nacional dice otra cosa, lo reconoce como un derecho de todos los ciudadanos. El derecho a la vivienda digna está establecido en la Constitución Nacional Argentina en el artículo 14 bis. El derecho a la vivienda digna implica que toda persona tiene derecho a vivir en un lugar seguro, tranquilo y digno. Por esta razón, el Estado argentino tiene la obligación de garantizar el acceso a una vivienda adecuada a todos los sectores sociales. Una obligación que Milei pretende abandonar, cuando juró cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Como quien tira la piedra y esconde la mano, desde el Ejecutivo desmienten lo que están haciendo. “Se está evaluando, pero por el momento no hay tomada una determinación”, aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni, ante una consulta periodística sobre el cierre de la Secretaría.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital anunciaron que impulsarán un amparo colectivo junto a intendentes afectados para frenar el cierre de la Secretaría. Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital advirtió en el abrazo simbólico realizado a la Secretaría los primeros días de febrero: “Debemos decirles a todos los laburantes de las cooperativas, a esas 15.000 familias que están esperando que se den entrega de esas 15.000 viviendas…, que no estamos dispuestos a esperar, que no estamos dispuestos a quedarnos mansos mientras nos echan a las patadas en el culo y que no estamos dispuestos a ver cómo se sigue deteriorando nuestra vida”. En tal sentido, convocó a la Marcha de la Resistencia de 24 horas que se realizará entre el 14 y 15 de febrero y desembocará en Plaza de mayo con un acampe.

Santiago Pujol

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