Porteñas | Ajuste salvaje en Salud

Vaciamiento del Hospital Bonaparte

El 22 de enero el gobierno nacional decidió intervenir el Hospital Laura Bonaparte, luego de haber fracasado en su intento de cerrarlo en octubre del año pasado. Días antes había anunciado que no renovaría los contratos de gran parte del personal y definió un recorte de más de 700 millones de pesos para su presupuesto de 2025. Vale la pena destacar que este centro asistencial es el único especializado en Salud Mental y Consumos Problemáticos del país y la referencia pública de la asistencia de este tipo de pacientes. Buenos Aires, 11 de febrero de 2025. Los despidos afectan a un tercio de los trabajadores, lo que implica que muchas áreas no tienen dotación para continuar las prestaciones. Por eso los afectados afirman que “vaciar es cerrar”. El Gobierno justifica su accionar alegando una “sobredotación” de personal. Recuperar personas que padecen problemas de salud mental asociados con el consumo de sustancias problemáticas es un paso necesario para afrontar las consecuencias del narcotráfico y esa es la especialidad que distingue al Bonaparte. También fue la razón por la que en las últimas gestiones su plantel fue reforzado y la institución elevada a la categoría de hospital en 2012, articulando con los equipos de las distintas provincias interesadas. Pero esto al gobierno libertario parece no importarle.

Las rescisiones de contratos están judicializadas con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Como dicen los trabajadores, “después de los despidos notificados el jueves 16 de enero nos presentamos ante el Poder Judicial para solicitar la habilitación de la feria y que se dicte una medida cautelar que impida al Estado reducir el personal de los diferentes equipos interdisciplinarios. Con el despido de psicólogos y psicólogas, médicos clínicos, psiquiatras, farmacéuticos, trabajadores sociales, enfermeras y enfermeros, el hospital pierde a un tercio de su planta dejando varios servicios sin operar. Por las consecuencias que eso tiene en las personas usuarias del Bonaparte y por la afectación que provoca al derecho a la vida y a la salud, pedimos una intervención judicial urgente.”

“En la presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal explicamos la situación crítica en la que entraron los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia. Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental”, agregan. Aunque para el ministro de Salud Mario Lugones “las bajas no deberían afectar el funcionamiento”, para la comunidad de trabajadores y trabajadoras implica la “pérdida de capacidad operativa” para el único establecimiento nacional especializado en salud mental y consumos problemáticos.

“Entendemos esto como un segundo round en el intento por cerrar el hospital. Estos 200 despidos para nosotros equivalen al cierre. Es un tercio de los trabajadores”, definió Sofía Marino, una de las psicólogas que perdieron su trabajo en el Bonaparte, donde atendía desde junio de 2020, en plena pandemia de Covid-19. Por su parte, los trabajadores según resolvieron en la última asamblea, adoptaron como medidas de fuerza la permanencia en el hospital y la convocatoria a un abrazo al edificio que se realizó el 20 de enero. También definieron promover distintas consignas para difundir esta nueva lucha ante el ajuste en salud de Milei, entre las que aparecen “defendamos el derecho de la población a la salud mental”, “no a los despidos, renovación de todos los contratos” y “vaciar es cerrar”.

En octubre, cuando el gobierno intentó el cierre del Bonaparte argumentó que el hospital atendía a pocas personas, algo que está alejado de la realidad. Durante el 2024, el hospital atendió más de 100.000 consultas de manera ambulatoria. Entre ellas hay 1.500 pacientes con consultas farmacológicas por mes, 5.013 atenciones odontológicas y 1.431 análisis de laboratorio. También atendió a 514 pacientes en internación y 482 en salas de observación de Urgencias. Entre todas las personas usuarias hay niños, niñas y adolescentes que requieren atención de salud mental.

También en octubre habían intentado instalar otra versión para justificar el cierre: que por las pocas internaciones que había en el Bonaparte no se justificaba su estructura y personal. La respuesta de especialistas fue que, por el contrario, la no internación y la búsqueda de otras estrategias de abordaje ante problemáticas de salud mental es una señal de éxito, no de fracaso. Nada de eso importa.

Transferir a las provincias

Hasta ahora, las políticas de ajuste del gobierno de Milei provocaron una “reestructuración” dentro de distintas áreas del Ministerio de Salud, que contempló el despido de 1400 profesionales, entre ellos los del Hospital Bonaparte. La medida alcanza a otros espacios que ya sufrieron despidos desde el comienzo de la gestión, como el Hospital Posadas, pero también a áreas del propio Ministerio, como la atención de las personas con VIH y del PAMI, y otros hospitales como el Español, Sommer, el Instituto Nacional del Cáncer, la Superintendencia de Servicios de Salud, Sedronar, entre muchos otros.

Estas acciones y otras en el mismo sentido, no sólo se explican por el deseo de disminuir las erogaciones que realiza el Estado nacional, con el único compromiso vigente de pagar la deuda externa y reprimir opositores. También se sostienen en la concepción que en tiempos de la dictadura y por consejo del Banco Mundial determinó el traslado a la órbita provincial de todos los hospitales públicos nacionales sin los recursos que aportaba Nación. Ni salud ni educación pública aparecen en el ideario de este liberalismo extremo como responsabilidad de la Nación.

                                    Lic. Gerardo Codina



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