Buenos Aires, 13 de diciembre de 2022. La ubicación privilegiada en plena zona de facultades, casi enfrente de la Plaza Houssay y a una cuadra de la estación del subte D, convierte a ese predio en una formidable posibilidad de desarrollo inmobiliario para cualquier empresario del rubro. También podría haber sido reutilizado como sede de oficinas públicas, para disminuir la cuenta de los más de 1.300 millones de pesos que se gastarán este año en alquilar 138 inmuebles, entre los que se encuentran más de 50 escuelas y 85 oficinas estatales, por caso el espacio en el Spinetto donde funciona la sede comunal. Pero entre el bien social y los negocios privados, no hay dudas para Larreta.

Allí funcionaba la Dirección General de Ceremonial y Protocolo hasta 2019. Albergaba los talleres donde se hacían las banderas argentinas y provinciales que luego se distribuían en escuelas y organismos públicos. Se trata de un edificio de dos plantas y subsuelo, de más de cuatro mil metros cuadrados de superficie, ubicado en “el centro de la Ciudad de Buenos Aires, sobre una de las avenidas más importantes”, como indica el informe realizado por la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles. Ahora las banderas se compran a proveedores externos y estos talleres se cerraron. Por eso el gobierno decidió que era “innecesario para la gestión” (Resolución N° 23/SSABI/22). Paso requerido para poder enajenarlo.

El primer intento fue en mayo. El 12 de ese mes, el GCBA decidió subastar el inmueble. Sin embargo, la subasta organizada por el Banco Ciudad quedó desierta. Ningún oferente aceptó pagar la base propuesta de USD 2.769.535,11. Unos meses más tarde y con una fuerte rebaja del monto cotizado inicialmente, apareció un comprador. El lunes 5 de diciembre, con un precio base de  1.276.470 dólares a abonar en pesos al cambio oficial, lo que implica un monto irrisorio, menor a 320 dólares el metro cuadrado, hubo una oferta que apenas superó ese valor.

Antes de la subasta los integrantes del Consejo Consultivo Comunal 3 habían presentado un amparo para frenarla, en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC). Jonatan Baldiviezo, abogado y titular del ODC, aseguró al diario Página 12 que el juez a cargo de la causa dictó la “anotación preventiva” del inmueble por lo que todavía no está resuelto el amparo pese a la posible venta del edificio. “Actualmente la Justicia está analizando la legalidad de esta subasta”, indicó. 

Por esta razón la venta aún no está firme, aunque es de esperar que el gobierno porteño apele cualquier resolución que aparezca en contrario a su voluntad. En última instancia, cuenta con el recurso de llevar el pleito hasta el Tribunal Superior de Justicia, que ha sabido colonizar con ex funcionarios macristas.

“Nosotros pedimos que se le dé un uso para la comunidad, un polideportivo con piletas y un centro cultural para que lo utilicen las escuelas de la comuna y gente de todas las edades. En nuestra comuna no hay polideportivo, casi no tenemos espacios verdes y las pocas plazas que tenemos son cementada”", señaló la vecina Cristina Corzo sobre el reclamo del Consejo Consultivo, según publicó Página 12. El pedido se funda en que en la zona no existen complejos para que se puedan llevar a cabo estas actividades, salvo el ubicado en la Plaza Martín Fierro de San Cristóbal, bajo la autopista.

“Para nosotros, como vecinos, la venta significa que no les interesa en absoluto el bien público, solo les interesan los negocios inmobiliarios. Nadie sabe qué van a hacer en ese lugar, pero la experiencia marca que cada edificio público que venden termina en un negocio inmobiliario”, agregó. Dada la ubicación del inmueble, en manos privadas parece indudable que allí se terminará edificando una torre de viviendas de lujo.

El caso del edificio de Av. Córdoba al 2200 no es único. Por el contrario, forma parte de una extensa lista de edificios enajenados para hacer caja y dar lugar a negocios privados. Desde que comenzó la pandemia y se declaró la Emergencia Económica y Sanitaria en la Ciudad, el GCBA intentó rematar 87 inmuebles, de los cuales ya vendió 70, entre los que se encuentran los edificios donde funcionaban la Secretaría de Tercera Edad y el Servicio Zonal 12 y un predio donado a la escuela 3 del distrito escolar 10, que tuvieron hasta tres llamados a subasta con rebajas del 32%. 

La suma total de lo ya privatizado implica más de 18.400 metros cuadrados de edificios y 1,3 hectáreas de terrenos públicos que pasaron a manos privadas, por las cuales el GCBA embolsó más de 85 millones de dólares que usará a discreción. Aunque la normativa vigente establece que “Los fondos resultantes de la disposición de dichos bienes deberán ser destinados a la adquisición del dominio y/o el uso por cualquier título de los inmuebles necesarios para el traslado de las centralidades administrativas, así como el desarrollo de anteproyectos, proyectos y obras con fines públicos para las centralidades administrativas en el sur de la Ciudad”, no se ha publicitado el uso dado a los fondos recaudados.

Santiago Pujol

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