Buenos Aires, 8 de noviembre de 2022. Rodríguez Larreta, acuciado por los libertarios que encarnan el peor espíritu represivo de la dictadura y por su interna con Patricia Bullrich, no puede mostrarse débil y menos, hombre de diálogo. Aunque lo proclame cada vez que habla, sólo tolera oír su monólogo. Una prueba es la respuesta gubernamental a los reclamos estudiantiles exteriorizados en las tomas de escuelas. 

Como se recordará, las protestas empezaron el 23 de septiembre en el colegio Mariano Acosta y se sumaron la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg”, la Escuela N°1 de Cerámica, el colegio Mariano Moreno, el Instituto de Educación Superior “Juan Ramón Fernández”, Escuela Federico García Lorca, Lengüitas, el Liceo 5 Pascual Guaglianone, la Escuela Osvaldo Pugliese, el Normal 8 y la Julio Cortázar, entre otras.

En vez de resolver los problemas denunciados por les pibes, --a saber: pésima calidad e insuficiencia de las viandas, deterioro edilicio y prácticas laborales forzadas sin vinculación pedagógica--, la ministra de Educación Soledad Acuña se dedicó a difundir imágenes del estado en el que supuestamente quedaron los baños del colegio Mariano Acosta luego de los tres días de toma que realizaron sus alumnos. No satisfecha con eso, la cartera de educación llevó a la Justicia a los padres y les solicitó 1,5 millones de pesos por los daños que habrían causado les chiques: puertas agujereadas, sin picaportes y paredes llenas de insultos escritos con aerosol, entre otros.

Luego el Ministerio de Educación porteño decidió extender el período de clases en las escuelas secundarias que fueron tomadas. Además anunció que los estudiantes que participaron de las protestas podrían perder la regularidad por tener faltas injustificadas y no cumplir con el 85% de asistencia del bimestre.

La ofensiva punitiva prosiguió después con 25 denuncias penales a los 366 padres que --dicen--autorizaron tomas de colegios que llevaron adelante sus hijos. Lo hizo a través de La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, que apuntó a los adultos por consentir la usurpación de un edificio público, como si les chiques no fuesen personas autónomas que toman sus propias decisiones.

El objetivo de la cartera que conduce Soledad Acuña es transferirles a los adultos el costo laboral que implicó tener cerrados los colegios, si prospera su imputación penal, basada en un delito inexistente en el código penal nacional. No amerita su propia responsabilidad en la toma de las escuelas, que no permanecieron cerradas como quiere hacerle creer a quienes permanecen lejos de la realidad educativa. Así las cosas, a fines de octubre, el gobierno porteño ya había cursado 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos. La cifra por la demanda civil asciende a $50.538.442,85. ¿Cuánto debería pagar Acuña por los daños causados a la educación pública?

Por último, les chiques del Acosta se quedaron sin su tradicional viaje a Malimán. Iniciado en épocas que se temía un conflicto armado con Chile por la frontera en el sur, la idea de apadrinar desde la Capital a escuelas de la precordillera sanjuanina se convirtió en una saludable rutina solidaria que anualmente realiza la comunidad educativa del Mariano Acosta, con colectas de donativos y un viaje de intercambio de experiencias que, con el tiempo, se extendió a otra localidad --Huaco-- de la misma zona. Ahora se anunció que el Ministerio de Educación no justificará las faltas y tampoco facilitará el micro de traslado, como era habitual. 

No es la primera vez. Ya en 2017, frente a una contingencia similar esta misma Ministra adoptó similar "medida disciplinaria" contra lxs estudiantes del Acosta con igual finalidad. Suspender los viajes y actividades extracurriculares como represalia por las tomas.

El ex integrante del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Legislatura José Machaín recordaba que en su oportunidad presentó un recurso de amparo judicial y que recayó en el tribunal a cargo de la Jueza Liberatori, quien suspendió la medida, adoptando los argumentos de los peticionantes.

Liberatori en sus fundamentos consideraba que "...la instrucción ministerial que se impugna peca de exceso y falta de proporcionalidad..., por estar referido al universo de los alumnos pertenecientes a las escuelas ´en situación de toma´ sin distinguir, en todo caso, a quienes efectivamente llevaron adelante esa situación sin que esto signifique que quien suscribe pretenda a su identificación o a la adopción de medidas punitivas. Ello porque considero que los conflictos ameritan el diálogo y la participación de los estudiantes en la toma de decisión que concierne a la calidad del servicio educativo." La Jueza más adelante afirmaba que: "Ninguna duda cabe.... al prohibir la participación en una actividad deportiva o de estudio e investigación, está afectando de modo grave el proceso pedagógico de los destinatarios por tan singular decisión punitiva."

No se le puede pedir a Soledad Acuña conocimiento de los procesos pedagógicos. No es educadora, sino especialista en ciencias políticas. Su accionar al frente del Ministerio lo demuestra.

Santiago Pujol

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir