Redes sociales Facebook | Twitter | Google +

Búsqueda por palabra

El efecto del ajuste

La violencia de género continúa siendo una de las problemáticas más urgentes y persistentes en la Argentina, lamentablemente actualizada por el triple feminicidio narco de Florencio Varela. A pesar de los avances normativos y sociales de las últimas décadas, los femicidios, las agresiones físicas, psicológicas y económicas contra mujeres y personas LGBTI+ siguen ocurriendo con alarmante frecuencia. Nada eso cuenta para el gobierno nacional, mientras que la administración local prioriza otros temas. Buenos Aires, 7 de octubre de 2025. Para saber de qué estamos hablando, anotemos que la violencia de género es cualquier acto o comportamiento, realizado u omitido, que causa daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual o económico, y que se basa en una relación desigual de poder, afectando la vida, la libertad y la dignidad de una persona, pero que se dirige especialmente contra mujeres por el hecho de serlo, o contra otras personas por su identidad o expresión de género u orientación sexual. Incluye diferentes tipos de violencia, como la física, psicológica, sexual y económica, y puede ocurrir tanto en el ámbito público como privado. No basta con condenarlos. Para cuidar a quien los sufre se requieren políticas públicas activas. 

La contrapartida es que el problema no disminuye. Según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación entre enero y junio de 2025 se registraron 124 víctimas de femicidio, incluyendo 8 femicidios vinculados, 5 suicidios feminicidas y 7 homicidios en contextos de narcotráfico. Este último dato visibiliza la intersección entre violencia de género y otras formas de violencia estructural. En este contexto, las políticas públicas de prevención y asistencia se vuelven fundamentales. Sin embargo, el actual escenario de recorte del gasto social a nivel nacional y el reperfilamiento presupuestario en la ciudad, plantea serios desafíos para la sostenibilidad y efectividad de estas políticas.  

Desde principios de 2024, el gobierno nacional ha impulsado una serie de medidas de austeridad que incluyen recortes en áreas sensibles como salud, educación y desarrollo social, entre ellas, disolver el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Desde 2025, las competencias de esa cartera fueron absorbidas por el Ministerio de Justicia, que ha eliminado programas emblemáticos como Acercar Derechos y el Registro Nacional de Organizaciones Sociales, en el marco de una política de ajuste y desideologización del Estado. La reducción de fondos ha afectado la capacidad de sostener dispositivos territoriales, casas de protección integral, líneas de atención y campañas de sensibilización.

En paralelo, la ciudad ha adoptado un enfoque de "reperfilamiento" del gasto social que, si bien no implica un recorte directo en todos los rubros, sí ha generado una redistribución que prioriza infraestructura y seguridad por sobre políticas de cuidado y prevención. Esta reorientación presupuestaria ha generado preocupación entre organizaciones feministas, sindicatos y especialistas en políticas públicas.

Impacto en los dispositivos de prevención

Los dispositivos de prevención de la violencia de género requieren presencia territorial, articulación interinstitucional y recursos humanos capacitados. En CABA, programas como "La Línea 144 local", los Centros Integrales de la Mujer (CIM) y las campañas de concientización han visto una disminución en su alcance o frecuencia. Algunos CIM han reducido horarios de atención o han dejado de ofrecer acompañamiento psicológico por falta de profesionales.

Además, la articulación con el sistema judicial y de salud se ha vuelto más frágil ante la falta de recursos para capacitaciones, seguimiento de casos y derivaciones. Esto genera una brecha entre la normativa vigente -como la Ley 26.485 de Protección Integral- y su aplicación efectiva en el territorio.

Rol de las organizaciones sociales

Frente a este panorama, las organizaciones sociales, feministas y comunitarias han redoblado esfuerzos para sostener redes de contención. Espacios como casas refugio autogestionadas, redes de acompañantes y colectivos barriales han asumido tareas que deberían estar garantizadas por el Estado. Sin embargo, estas iniciativas también enfrentan dificultades para sostenerse sin financiamiento público.

La falta de recursos no solo limita la capacidad de respuesta, sino que también pone en riesgo la vida de quienes atraviesan situaciones de violencia. La demora en la atención, la falta de lugares seguros y la ausencia de acompañamiento integral pueden tener consecuencias irreversibles.

En este contexto, es urgente repensar las políticas públicas desde una perspectiva de derechos y equidad. Algunas medidas clave que proponen los expertos incluyen:
- Restitución y ampliación del presupuesto destinado a programas de prevención y asistencia.
- Fortalecimiento de los CIM con profesionales interdisciplinarios y horarios extendidos.
- Capacitación obligatoria en perspectiva de género para personal estatal, judicial y de salud.
- Articulación efectiva entre Nación, Ciudad y organizaciones sociales.

Además, es fundamental que las políticas públicas no se limiten a la atención de casos, sino que promuevan transformaciones culturales profundas. La educación sexual integral, las campañas de sensibilización y la promoción de masculinidades no violentas son pilares para construir una sociedad más justa.

Todo esto porque la violencia de género no puede abordarse con políticas aisladas ni con presupuestos menguados. Requiere compromiso político, recursos sostenidos y participación activa de la sociedad civil. En tiempos de ajuste, el riesgo es que las vidas más vulnerables queden aún más expuestas. Por eso, defender y fortalecer las políticas públicas de prevención no es solo una cuestión de gestión: es una cuestión de derechos humanos.

Dejanos tu comentario

Nombre o nick: Comentario: