Porte帽as | Sistema de reconocimiento facial

Vulneraci贸n de datos personales

La jueza Elena Amanda Liberatori declar贸 la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial implementado por el gobierno local. Es por haberse instrumentado 鈥渟in cumplir con los recaudos legales de protecci贸n de los derechos personal铆simos de los habitantes鈥 y transe煤ntes del distrito. Por su parte, la Defensora del Pueblo Mui帽os declar贸 que 鈥渓a sentencia es fundamental para que se respeten el derecho y la protecci贸n de los datos personales鈥.
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2022. La Justicia suspendi贸 a principios de septiembre el sistema de vigilancia y reconocimiento facial implementado por el gobierno local. Fue en el marco del amparo colectivo presentado a fines del 2020 por el Observatorio de Derecho Inform谩tico Argentino (Odia) contra la administraci贸n que encabeza Horacio Rodr铆guez Larreta. En su presentaci贸n, el Observatorio advirti贸 que las medidas de seguridad, implementadas a trav茅s de una empresa privada, 鈥渘o fueron precedidas por un debate profundo acerca de la pertinencia y seguridad del sistema鈥. Tambi茅n destac贸 que 鈥渟e conculcaba el debido proceso, en virtud de que, a su criterio, cualquier persona ser铆a 鈥榡uzgada鈥 por un sistema de inteligencia artificial, sin la posibilidad de estar a derecho鈥, por lo que requiri贸 como medida cautelar que 鈥渟e suspendiese la aplicaci贸n de las normas indicadas".

La acci贸n de amparo cuestion贸 la constitucionalidad de las normas que dispusieron la aplicaci贸n del sistema de reconocimiento facial de pr贸fugos (SRFP) de la justicia, para identificar y recopilar informaci贸n sobre millones de personas sin antecedentes penales, seg煤n constat贸 la investigaci贸n judicial. Sin embargo, se espera al cierre de esta edici贸n que las autoridades locales apelen la medida, pretextando razones de seguridad ciudadana.

Al conocerse la decisi贸n de Liberatori, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires manifest贸 su conformidad. Mui帽os sostuvo que 鈥渆sta sentencia es sustancial para la sociedad civil y la poblaci贸n en su conjunto, ya que deja supeditada la implementaci贸n del SRFP a que se cumplan con todas las medidas de control pertinente y que, de esta manera, no se convierta en un sistema abusivo para los derechos de la ciudadan铆a鈥.

Como organismo defensor de los derechos y garant铆as de las personas, la Defensor铆a realiz贸 recomendaciones de car谩cter legal al momento de discutir la reforma mencionada en la Legislatura porte帽a. Adem谩s se destac贸 la importancia de controlar este tipo de herramientas, informar a la poblaci贸n y sobre todo analizar en el caso concreto si cumplen con el principio de proporcionalidad y necesidad.

鈥淟a Defensor铆a del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires seguir谩 trabajando en la supervisi贸n del sistema de reconocimiento facial, como as铆 tambi茅n de otras t茅cnicas de vigilancia masiva, para velar por la seguridad democr谩tica y evitar que se vulneren los derechos y garant铆as de los ciudadanos y ciudadanas鈥, se帽al贸 la Defensora porte帽a.

Los antecedentes del caso

La declaraci贸n de inconstitucionalidad de la implementaci贸n del Sistema de Reconocimiento Facial de Pr贸fugos (SRFP) dispuesta por Liberatori, se produjo en el marco del amparo colectivo solicitado por el Observatorio de Derecho Inform谩tico Argentino (ODIA) y otras organizaciones defensoras de derechos humanos. El SRFP
es ejecutado por el gobierno porte帽o desde abril del 2019.
 
Liberatori exhort贸 en su fallo a supeditar la puesta en funcionamiento de este sistema a la ejecuci贸n de mecanismos de participaci贸n ciudadana y a la realizaci贸n de un estudio previo relativo al impacto sobre los datos personales, como ya hab铆a advertido la Defensor铆a del Pueblo porte帽a. 

Estas tareas se realizaron en el marco del Sistema de Reconocimiento Facial de Pr贸fugos y a partir de un convenio con el ReNaPer, pero ese acuerdo les permit铆a solo abordar un universo de poco m谩s de 40.000 personas. El convenio con el ReNaPer, firmado en 2019 por el Gobierno nacional anterior, a cargo de Mauricio Macri, y el de la Ciudad, habilit贸 a la Polic铆a de la Ciudad el acceso a los datos biom茅tricos, como las fotos y otra clase de informaci贸n de personas buscadas. Ese material es incorporado a un software de reconocimiento que puede ser utilizado en las 9.500 c谩maras que est谩n en Ciudad cuyas im谩genes llegan al Centro de Monitoreo Urbano que el Ministerio de Seguridad y Justicia porte帽o tiene en el barrio de Chacarita.

Entre abril de 2019 y marzo de 2022, la Ciudad excedi贸 ampliamente lo autorizado por aquel convenio, cuya implementaci贸n nadie control贸. Obtuvo as铆 de manera ileg铆tima informaci贸n sobre los datos registrados en el ReNaPeR equivalentes a la mitad de la poblaci贸n total del AMBA. Por la cantidad de b煤squedas es imposible que puedan estar vinculadas con el registro de pr贸fugos o a requerimientos de la Justicia, ya que fueron solicitados datos de m谩s de 6.000 personas por d铆a en promedio. 

La causa que investiga irregularidades en la utilizaci贸n de datos biom茅tricos por parte de quienes tienen acceso al sistema de reconocimiento facial estuvo a cargo del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Roberto Gallardo hasta julio pasado. No obstante, fue apartado por el Tribunal Superior de Justicia al hacer lugar a una recusaci贸n planteada por el Gobierno porte帽o en julio pasado, por lo cual Liberatori qued贸 a cargo del expediente.

                                Norberto Alonso


Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir

Dejanos tu comentario