Buenos Aires, 10 de febrero de 2026. “La época en la que los extranjeros se atendían gratis se terminó”, escribió Macri en respuesta a un usuario que cuestionaba si las mejoras en el sistema de salud podían atraer pacientes de otros países. La decisión se inscribe en un proceso más amplio de endurecimiento de las políticas migratorias en Argentina. Apenas un mes antes, el Gobierno nacional había promulgado el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que obliga a inmigrantes en situación irregular, residentes transitorios y temporarios a pagar por los servicios de salud pública nacional y contar con un seguro médico para ingresar al país. El mismo decreto incluyó el arancelamiento universitario para extranjeros no residentes, restricciones en la concesión de residencias y la deportación obligatoria de quienes cometan delitos en territorio argentino.  

En el plano local, la Ciudad ya había dado un primer paso en febrero de 2024, cuando estableció la prioridad para los residentes porteños en el otorgamiento de turnos programados y consultas no urgentes. La nueva disposición profundiza esa política y se suma a lo que ocurre en provincias como Jujuy, Salta, Santa Cruz y Mendoza, donde también se cobra por la atención médica a personas sin residencia permanente.  

El anuncio generó una inmediata polémica. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó duramente la decisión y calificó a Jorge Macri de “mezquino”. Recordó que la Ciudad cuenta con hospitales construidos por la Nación y con centros de salud de obras sociales nacionales, que atienden a millones de personas que ingresan diariamente a trabajar y estudiar en la Capital. “El intendente tiene la mezquindad de definir a quién atender y a quién no. Qué vida vale y cuál no”, expresó. 

La discusión se intensificó en redes sociales luego de que Macri celebrara la primera cirugía fetal realizada en un hospital público porteño. Ante comentarios que advertían que este tipo de avances podían atraer más pacientes extranjeros, el jefe de Gobierno ratificó su postura: “A todos los que no tienen DNI argentino se les cobra y, por primera vez en la historia, los porteños tienen prioridad. Era cuestión de decisión política”.  

La diputada nacional Silvia Lospennato también intervino en el debate, apuntando contra la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Si el gobernador necesita que el Pro de la Ciudad le mande un buen equipo para gestionar la salud de los bonaerenses, que nos avise. Caso contrario, haga bien su trabajo y no pretenda que Jorge Macri le resuelva sus problemas”, señaló. Además, acusó al kirchnerismo de no garantizar seguridad, salud ni educación de calidad en la provincia.  

El trasfondo de la medida refleja tensiones históricas entre la Ciudad y la Provincia. Cada día ingresan a la Ciudad Autónoma más de 3,5 millones de personas provenientes principalmente de los municipios del Gran Buenos Aires. La mayoría lo hace por motivos laborales, aunque también se suman quienes llegan para estudiar, realizar trámites o participar de actividades culturales, deportivas y recreativas. Ese número refleja la magnitud de la interdependencia entre la Ciudad y la Provincia: millones de bonaerenses trabajan, consumen y producen en la Capital, mientras que la infraestructura porteña debe responder a una presión constante en hospitales, escuelas, universidades y servicios públicos. Para el Gobierno porteño, la decisión busca ordenar el sistema y priorizar a quienes viven en la Ciudad. Para sus críticos, en cambio, se trata de una política discriminatoria que vulnera el derecho universal a la salud y la propia legislación local vigente.  

Ese derecho está consagrado en la legislación vigente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ley Básica de Salud N° 153, sancionada en 1999 y modificada en 2015, regula el sistema sanitario local y establece principios fundamentales: el derecho universal a la salud para todas las personas, residentes o no residentes; la concepción integral de la salud vinculada a condiciones de vida dignas; la equidad y accesibilidad sin discriminación; la participación social en la planificación de políticas; y la prioridad de la prevención y promoción además de la atención curativa. A ello se suman leyes complementarias como la Ley 114 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, la Ley 418 sobre salud reproductiva y procreación responsable, la Ley 448 de salud mental y la Ley 298 que regula el ejercicio de la enfermería.  

La normativa vigente garantiza que la atención de la salud sea un derecho humano fundamental, con un enfoque integral, universal y equitativo. No se limita a la asistencia médica, sino que busca asegurar condiciones de vida dignas que impactan directamente en la salud de las personas. En ese marco, la decisión de arancelar la atención a extranjeros sin DNI argentino aparece como un punto de inflexión que tensiona el espíritu de la legislación local.  

La discusión sobre el acceso a la atención médica de los extranjeros se enmarca en un debate más amplio sobre el modelo de país y el rol de las políticas migratorias. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de establecer límites y aranceles para garantizar la sostenibilidad del sistema, otros advierten que estas medidas pueden profundizar desigualdades y generar exclusión. 

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir