En la ciudad se escapan los presos

Porteñas | Otra fuga y van...

En la ciudad se escapan los presos

Se fugó otro preso de una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez ocurrió en la dependencia 1D del barrio porteño de Retiro, ubicada sobre la calle Lavalle al 400. A una semana de que seis delincuentes se escaparan de la Alcaidía 6A de Caballito, este domingo 16 otro preso se fugó de una comisaría porteña. Wilson Marcelo Ramírez Ríos estaba preso desde el 13 de enero pasado. Buenos Aires, 18 de febrero de 2025. La fuga ocurrió este domingo por la tarde, alrededor de las 16, en la Comisaría Vecinal 1D, ubicada en Lavalle al 400, entre Reconquista y San Martín, durante el horario de visita. El preso que se escapó, identificado como Wilson Marcelo Ramírez Ríos, vestía al momento de la fuga una musculosa azul y pantalón negro corto. De tez trigueña, mide 1.65 metros. De nacionalidad peruana, estaba detenido por encubrimiento agravado, falsificación de documentación pública y resistencia a la autoridad.

La Policía de la Ciudad trabajaba este domingo en el seguimiento de cámaras para dar con el evadido, quien había sido detenido el pasado 13 de enero. O sea, llevaba un mes y tres días tras las rejas.

Mientras continúan los pedidos, casi reclamos, por el traslado de los presos que están abarrotando las comisarías de la Policía de la Ciudad hacia el Servicio Penitenciario Federal, el tema de las fugas tiene en vela a las autoridades porteñas. Por caso, a finales de 2024, no sólo removieron a la cúpula policial, sino que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires destituyó a dos altos funcionarios tras las fugas de detenidos registradas recientemente en la Alcaidía de Barracas y el Centro de Contraventores: Sebastián Vela dejó de ser el responsable civil del ministerio, y Martín Ochoa, ahora es ex director de Alcaidías.

Justamente, Germán Goris, el nuevo director de Alcaidías, es un hombre formado en la Armada y, como primera medida, dispuso que siempre hubiera un policía vigilando a los presos en las comisarías y alcaidías porteñas. Sin embargo, las evasiones no cesan. Hay que recordar que el domingo pasado, una de las policías de la Comisaría Vecinal 6A de Caballito atrapó a dos de los seis que se escaparon. Los otros cuatro huyeron en taxi hacia Lanús.

Reiteración de fugas

En 2024, la Ciudad de Buenos Aires registró 15 fugas de presos, lo que se convirtió en un problema a resolver tanto para la ciudad como para el Gobierno Nacional ante las quejas de los vecinos por los hechos de inseguridad. La problemática comenzó durante la pandemia y es una de las principales preocupaciones del Gobierno porteño.

El último episodio de fuga se produjo el último domingo en la Alcaldía 6 Anexo A, situada en la avenida Díaz Vélez 5152, en el barrio de Caballito, a tan solo unos pocos metros del Parque Centenario y del Hospital Durand. A las 16 horas, los reclusos redujeron a dos policías, los maniataron y les quitaron los celulares. Luego salieron por el frente del establecimiento y cruzaron la avenida para escaparse en un taxi Fiat Siena que, aparentemente, estaba esperándolos. El taxista, que ya fue identificado y declaró ante la fiscalía, está siendo investigado por la policía para esclarecer si fue partícipe del hecho.

Tres de los reclusos ya fueron recapturados. Se trata de Kevin Alexander Aguilar Zalazar, de 31 años, quien en octubre de 2024 fue detenido por robo agravado; Brian Ezequiel Benavídez, de 24, procesado desde diciembre por averiguación de ilícito; y Axel Eduardo Ríos, de 26 e imputado por robo. Por otro lado, Matías Ferrari, de 38 años; Adrián Emanuel Martín, de 41, y Eduardo Ajalla Cabrera, de 39, continúan prófugos. Hay una similitud en todos ellos, y es que a todos ya se les había dictado la prisión preventiva, es decir que en vez de estar en una cárcel vecinal deberían haber estado en una cárcel común.

Según Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el 95% de los internos no pertenecen al ámbito de la Ciudad, ya que no fueron transferidos y fueron juzgados por la justicia nacional. Por otro lado, explicó que al asumir el cargo hace 14 meses habían 1.700 detenidos, y que ahora la cifra asciende a 2.300, cuando, en teoría, estos espacios sólo pueden albergar a mil personas. "Estamos deteniendo un 15% más de personas, pero no se ha llevado a ningún detenido a cárceles correspondientes", añadió el ministro.

A su vez, Ezequiel Daglio, secretario de Seguridad de la Ciudad, sostuvo que es un problema que heredaron del anterior gobierno nacional: "En 2023 hubo 22 fugas y teníamos 1700 presos, y el año pasado también hubo fugas y hemos tenido un 35% más de presos. Eso tiene que ver con la superpoblación de alcaldías y comisarías en la ciudad de Buenos Aires. En lo que va del año es la primera, pero estamos investigando si fue una fuga o si hubo connivencia policial".

El incremento en las detenciones, sumado a las demoras en los traslados de presos a las dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), generaron esta superpoblación. Mientras que la cantidad de presos en comisarías y alcaldías pasó de 948 el 31 de diciembre de 2022, al cierre de 2024 era de 2066, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). De ellos, el 63,7% se encontraba en prisión preventiva. Asimismo, 383 personas (18,5%) transitaban su condena en alcaidías o en comisarías vecinales y 367 (17,8%) permanecían a la espera de una resolución judicial. Entre los motivos más frecuentes de detención se destacan robo, hurto, lesiones, resistencia a la autoridad y delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Frente a este escenario, la solución podría estar en la construcción de una nueva prisión junto al penal de Marcos Paz, la cual permitiría alojar a 2.240 presos y cerrar finalmente la cárcel de Devoto. Este proyecto, que comenzó en 2018 durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, fue suspendido por falta de fondos y nunca volvió a reanudarse por la mala relación con el gobierno de Alberto Fernández.

El Complejo Penitenciario Federal II fue inaugurado en 1999 con el objetivo de ser ocupado por los detenidos que habría de transferirle la ex Unidad 2 de Devoto. La espiral de demanda de plazas de encarcelamiento impidió concretar esa previsión.

El año pasado en una entrevista radial, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le echó la culpa de las fugas al ex jefe de gobierno porteño: "Larreta en 2022 dejó de construir la cárcel que tenía que construir. Entonces, hoy hay dispersos presos por todas las comisarías, lo que saca policías de la calle, resta seguridad a la ciudadanía y suma problemas". Vía X, el ex alcalde de la Ciudad de Buenos Aires le respondió que la construcción del penal es una obra nacional que debe ser financiada con fondos federales y que en más de un año de responsabilidad suya "no puso ni un ladrillo".

Sin embargo, a principios de diciembre, el Ministerio de Infraestructura le otorgó a la empresa Criba el desarrollo del 30% restante de la cárcel federal. El desembolso "Completamiento y finalización del Complejo Penitenciario Federal VII - Localidad Ricardo Gutiérrez, Partido de Marcos Paz - Etapa 4" disponía de un monto de $96.984.788.780,00.

De esta manera, en enero se reanudaron las obras, las cuales se espera que finalicen para fin de año. En una recorrida por el establecimiento, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la noticia y explicó los beneficios que esto traerá a los vecinos. "Nos importa mucho más resolver que discutir. Y lo que tenemos que hacer es terminar la cárcel. Hoy nuestras comisarías y alcaidías están llenas de detenidos por delitos federales: 9 de cada 10 detenidos no deberían estar ahí, sino cumpliendo sus condenas en cárceles como ésta. Las comisarías y alcaidías no son lugares de permanencia. Esto no sólo pone en riesgo a los policías y al personal, también afecta la seguridad y el bienestar de los vecinos".

Condiciones adecuadas

Mientras tanto, hay otras presiones a considerar. Por caso, hay que recordar el habeas corpus colectivo presentado por la Fundación Apolo Bases para el Cambio en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, que exige que el Estado adopte medidas para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento de los presos en la Ciudad.

Inicialmente rechazado por el juzgado, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional revocó esa decisión y ordenó la realización de la audiencia establecida en la ley de habeas corpus, la cual se llevó a cabo el 14 de febrero pasado.

En el marco de otro habeas corpus colectivo promovido en 2020 por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de CABA dispuso la creación de una Mesa de Aproximación para desocupar comisarías y normalizar el funcionamiento de las alcaidías.

El 25 de noviembre pasado, se ordenó la ejecución de la sentencia firme del 6 de julio de 2020, estableciendo plazos para trasladar condenados, habilitar 1.600 plazas en el SPF y presentar un plan para aumentar cupos. La Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional de la CABA rechazó la apelación del SPF, confirmando que la resolución es de cumplimiento obligatorio.

Paralelamente, en noviembre de 2023, el Gobierno de la Ciudad inició una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: apunta al incumplimiento del SPF en recibir detenidos y condenados en cárceles federales. Según la presentación, desde 2020, esto elevó el número de detenidos en comisarías y alcaidías de 61 a más de 1.700 al momento de la demanda. En todos estos procesos, los reclamos judiciales coinciden en que el SPF debe hacerse cargo de los detenidos.

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