Comunales | AMIA 30 años del atentado
Milei reclamará justicia
A pesar de un “compromiso absoluto” con el esclarecimiento de los hechos, el Gobierno no avanza con la desclasificación de los archivos, como lo demandó semanas atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar a nuestro país por obstruir el accionar de la justicia. Por el contrario y a 30 años del atentado, Milei reclamará a su vez justicia por la AMIA y participará de dos actos con conmemoración al ataque sufrido contra la mutual judía. La preguntas que persisten a treinta años por el encubrimiento del Estado argentino. Buenos Aires, 16 de julio de 2024. El ataque realizado hace treinta años atrás se cobró la vida de 85 ciudadanos argentinos. Sin embargo, continúa sin ser resuelto. Por esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, un mes atrás, al Estado argentino por la falta de verdad y justicia. Ahora el presidente Javier Milei enfocará la semana a una ocasión que considera muy importante y de la que ya no esconde su preferencia por el judaísmo. Desde que asumió, no dejó de dar señales de acercamiento a la comunidad judía, incluso su primer viaje al exterior como presidente fue a Israel.
Con un contundente apoyo a la comunidad judía, Milei participará de dos actos vinculados al ataque contra la comunidad. El primero será este miércoles en Buenos Aires. Se trata de una cumbre organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, y el apoyo de la Daia y la Amia, con la asistencia de más de 200 dirigentes judíos de distintos países.
Entre los invitados asistirán los mandatarios del Mercosur, el paraguayo Santiago Peña, y el uruguayo Luis Lacalle Pou, quienes esperaron hace una semana a su par argentino a la cumbre del bloque y nunca asistió. El evento contará con distintos paneles coordinados por ministros nacionales como Patricia Bullrich, la canciller Diana Mondino, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El jueves, el Presidente asistirá al acto central de la comunidad judía que se realizará en la calle Pasteur, donde se reunirán a las 9.53 de la mañana familiares de las víctimas y organizaciones de la comunidad judía en un nuevo aniversario.
Por su parte, los familiares de las víctimas protagonizarán una conmemoración particular bajo el lema: “el terrorismo sigue, la impunidad también”, a treinta años del ataque.
Medidas del Gobierno
En el marco de los 30 años que se cumplirán el jueves, el Gobierno anunció el envío al Congreso de la Nación del proyecto de ley para implementar el Juicio en Ausencia para graves delitos en el Código Procesal Penal, sin embargo, diversos actores relacionados con el tema aseguran que esto es complicado dado el principio de irretroactividad de la ley penal. El proyecto presentado por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, establece la posibilidad de juzgar, por primera vez, en ausencia a un imputado prófugo de la Justicia.
A días de un nuevo aniversario del atentado, el Gobierno declaró el grupo Hamas como organización terrorista internacional. La medida la había adelantado Milei durante la visita que hizo en febrero pasado a Israel. El grupo islámico es señalado por diversos ataques terroristas, entre ellos el ocurrido en octubre pasado en Israel. La decisión oficial recalcó los vínculos que mantiene con la República Islámica de Irán, cuya dirigencia fue encontrada responsable por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió semanas atrás al Gobierno argentino la apertura de todos los archivos secretos relativos al caso AMIA. Sin embargo, con una posible reforma de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como la que impulsa actualmente el gobierno, la desclasificación se hace más improbable aún.
La condena de la CIDH “significa reconocer que gran parte de las denuncias y de los planteos de grupos de familiares de victimas, acerca de las acciones de obstaculización y desvío de la investigación, tenían sustento”, sostuvo en diálogo con elDiarioAR Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes representan a los familiares ante la Corte IDH.
“El Estado tiene que cubrir muchas falencias que no ha cubierto: el fallo de la CIDH pone al descubierto estas falencias, desde los sistemas de inteligencia y legislación hasta en el acceso a la información”, coincide el presidente de la AMIA.
“Sin embargo, todas las señales que el Poder Ejecutivo está mandando en términos de como funciona hoy la AFI y el sistema de seguridad en general es favorable a un funcionamiento bajo el más amplio secreto. Esto es contradictorio con lo que se pide desde los organismos internacionales y desde el poder judicial, a manos del Juez Lijo y del fiscal Basso de la UCI-AMIA: que se abran los archivos”, sostiene la directora del CELS.
La apertura de archivos depende de Presidencia. Sin embargo, a pesar de la adscripción hacia una lucha “contra el terrorismo” y de la promesa de avanzar en la causa AMIA, el único archivo que se desclasificó hasta ahora es el que se conoce como “Informe Toma”, en el cual se prueba la conexión de la cúpula iraní con el atentado. Solamente se desclasificó lo que se conoce como el “nodo o síntesis central”. Las otras diversas carpetas de este informe permanecen clasificadas.
Litvachky sostiene que de hecho, la posible reforma de la AFI, de la cual se habla en los rincones del Gobierno pero sobre la cual todavía no hay ninguna oficialización, empeoraría la situación. “Se planea hacer esta reforma por decreto. Sin embargo, se tiene que discutir cuánto secreto y transparencia tiene que tener nuestra agencia de inteligencia. Gran parte de las razones de por qué no se esclarece el atentado tienen que ver con el secreto con el que ha funcionado la SIDE en su momento”, sostiene.
Las preguntas que persisten
El domingo el periodista Raúl Kollmann publicó en Página 12 "Lo que se sabe y no se sabe sobre el atentado contra la AMIA". Señala que, pese a que la investigación se basó en informes producidos por la CIA norteamericana, la Mossad israelí y también la SIDE argentina, hay agujeros notorios en esos informes. Por ejemplo, no se sabe de dónde salió el explosivo, dónde se armó el coche-bomba o quién fue el suicida que condujo la camioneta Trafic hasta el frente del predio de la calle Pasteur. Los servicios de inteligencia coinciden en que la mano del régimen de Irán estuvo detrás del ataque, pero hasta el delegado de la CIA en la Argentina, Ross Newland, y el enviado del FBI a investigar el atentado, Jim Bernazzani, sostuvieron, al unísono, que no encontraron rastros contra Teherán. Quienes fueron la mano de obra y quiénes los autores intelectuales siguen siendo materia de polémica. Kollmann no incluye en su lista de interrogantes, las que sumó el trabajo de investigación "Iosi, un espía arrepentido" de los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky sobre el compromiso de la Policía Federal Argentina con los atentados de la AMIA y el anterior a la Embajada de Israel, en base al que se realizó la serie homónima de Netflix. Las preguntas que se hace Kollmann son:
1.- ¿Hay coincidencia en quién fue el protagonista central del ataque?
En la causa judicial se sindica a un hombre, supuestamente llamado Salman El Reda, como una especie de conductor del atentado. Libanés, pero con pasaportes colombiano y paraguayo, el sospechoso tiene varias identidades. En la orden de captura emitida por la justicia argentina figura como Salman Raouf Salman. Por encima de él, desde Ciudad del Este, coordinaba un tal André Marques, del que nunca se supo la identidad. Los israelíes afirman que se llama Kahled Kassem Kazen. En los dos últimos libros sobre el caso AMIA, 30 días de Alejandro Rúa, y Después de las 9.53 de Javier Sinay, se menciona que la Mossad sindica centralmente a El Reda. Desde el punto de vista judicial, lo incriminante son las llamadas a El Líbano a teléfonos vinculados con Hezbollah. ¿Pero quién dice que esos números están vinculados a la organización libanesa? La Mossad. O sea, la base son informes de inteligencia. Aún así, existe una orden de captura contra El Reda -que se supone está en El Líbano- y esa pista es sostenida hoy por la Unidad Fiscal AMIA, que conduce Sebastián Basso.
2.- Pero ¿qué es lo que se conoce de la trama?
Según los israelíes, el que armó la bomba se llama Malek Obeid, el ingeniero. Lo habría dicho también en el atentado contra la Embajada de Israel. Los explosivos plásticos que impulsaron el amonal habrían sido traídos por un tal Hussein Suleiman, que dijo que se trajeron en frascos de champú y chocolates. También según la Mossad, la camioneta-bomba se armó en una casa de Caballito y el vehículo fue conducido hasta un estacionamiento cercano a la AMIA por El Reda y un tal Akil Rada. Ambos habrían estado también en la compra de la Trafic a Carlos Telleldin. Todo esto surge de informes de inteligencia consignados por Rua en su libro 30 Días. Prueba judicial: ninguna.
3.- ¿Se sabe quién fue el conductor suicida?
Un dato que también aportan los servicios de inteligencia israelíes es que el suicida en el caso de la Embajada de Israel fue Mohammad Nur El Din (publicado por Rúa), pero eso tampoco se probó nunca judicialmente ni se verificó su ingreso a la Argentina.
El suicida en el ataque contra la AMIA se desconoce. Sinay sostiene que es controvertido, pero las pruebas de ADN fueron categóricas. Los servicios israelíes mencionaron a un hombre llamado Ibrahim Berro. Sin embargo, su familia lo desmintió y, además, los fiscales que sucedieron a Nisman en la fiscalía AMIA hicieron un estudio de ADN en base a sangre que aceptó sacarse uno de sus hermanos y que se comparó con restos del supuesto suicida. En su libro, Rúa cuenta que el equipo de rescate israelí encontró “dos pies y una parte de la pierna izquierda atribuidos por ellos mismos al suicida”. Esos restos y una parte de un jean, también del suicida, nunca más aparecieron como para hacer más estudios. En principio, no se sabe quién fue el sujeto que condujo la camioneta.
4.- ¿Quién fue? ¿Irán?¿Hezbollah?¿Un grupo de fanáticos?
En la causa judicial se apunta a Irán desde el primer minuto, aunque todo parece tener tinte geopolítico. Supuestamente, el atentado fue decidido en una reunión de las máximas autoridades de Irán en la ciudad de Mashhad. Por eso se acusó al ya fallecido ex presidente Alí Akbar Rafsanjani y a buena parte de sus ministros. La base fueron imputaciones de opositores al régimen teocrático de Teherán, pero no hay más evidencia que esas declaraciones. Dos super expertos norteamericanos, el delegado de la CIA en la Argentina, Ross Newland, y el enviado por el FBI, Jim Bernazzani, dijeron en el documental sobre la muerte de Alberto Nisman, que no encontraron evidencias contra Irán, contradiciendo toda la orientación geopolítica que se le imprimió a la investigación. Un juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques, se lanzó por su cuenta a imputar a Irán cuando la resolución trataba de la culpabilidad o inocencia de Carlos Telleldín, quien vendió la camioneta Trafic que estalló en la AMIA. Su resolución carece de bases sólidas.
En teoría, Irán le derivó la concreción del atentado a la organización libanesa, pro-iraní, Hezbollah. Lo curioso es que nunca fueron imputados los líderes de Hezbollah, únicamente un jefe operativo, también ya fallecido después de un atentado, Imad Mugnyieh. Rúa sostiene que la acusación contra Hezbollah se basa en llamadas telefónicas de El Reda, pero son los servicios de inteligencia los que afirman que los números a los que llamaba el libanés correspondían a mandos de Hezbollah en El Líbano.
Finalmente está la hipótesis de un grupo de fanáticos, residentes en Foz de Iguazú y Ciudad del Este, seguidores del imán Mohshen Rabbani, de la mezquita de Floresta. Habrían actuado sin ser parte de una organización ni estatal ni referenciarse en Hezbollah, sino como reacción al alineamiento de Carlos Menem con Estados Unidos e Israel. Algo parecido ocurrió un año antes en el primer atentado contra las Torres Gemelas, en 1993, con seis muertos y mil heridos. Todo giró alrededor de fundamentalistas nucleados en una mezquita liderada por el sheik Abdel al-Rahman.
Una de las hipótesis que formula Rúa en su libro es que la SIDE, después del atentado contra la Embajada de Israel, en 1992, siguió y escuchó a los funcionarios iraníes destinados en la embajada en Buenos Aires. En ese seguimiento incluyeron a Rabbani que era agregado cultural. Sin embargo, los que cometieron el atentado habrían sido libaneses, por lo cual los agentes de inteligencia argentinos erraron en el diagnóstico y el atentado se cometió en sus narices.
5.- ¿Puede haber un juicio en Brasil este mismo año o en 2025?
Hace un año, el titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, pidió la captura de cuatro libaneses-paraguayos-brasileños. Sucede que tienen doble y hasta triple nacionalidad. En Brasil está Faruk Omairi, que por tener ciudadanía brasileña no es extraditable. Hoy tiene 80 años y en los últimos 40 años nunca salió de Brasil, según consigna Rúa. Es un conocido comerciante chiita, dueño de la agencia de viajes Piloto y abiertamente partidario de Hezbollah. El sostiene que respalda al partido que asiste a las escuelas y hospitales de El Líbano, no a las acciones armadas. El fiscal Basso lo acusa de haber ayudado a El Reda para conseguir pasaporte paraguayo. En diálogo con Página/12, el fiscal Basso confirmó que la Argentina aceptó que se lo juzgue en Brasil y que ya se envió la documentación incriminatoria. No parece sencilla una condena y sería un impacto, un golpe, que otro imputado más termine sobreseído.
El segundo libanés-paraguayo es Houssein Mouzannar, un fuerte comerciante de Ciudad del Este. Se lo acusa de haberle facilitado a El Reda un certificado de trabajo con el que luego consiguió la nacionalización. Mouzannar se presentó en la justicia argentina y pidió declarar desde El Líbano, adonde se fue ni bien se dictó la orden de captura. Por supuesto, quiere evitar ser detenido. La justicia argentina denegó la posibilidad de que declare por zoom dado que es un prófugo. Resulta curioso que los mismos que abogan por el juicio en ausencia se oponen a que se defienda a la distancia, aunque después lo procesen y no lo puedan detener.
Hay otros dos vecinos de la Triple Frontera en la misma situación. A Hussein Abdallah se lo sindica por haberle proporcionado a El Reda el domicilio con el cual sacó el documento paraguayo. Parece irrelevante. Y el más importante es, sin dudas, Abdallah Salman, hermano de El Reda. José, como le dicen a Abdallah, habría jugado un papel importante en el atentado. No hay noticias sobre él.
6.- ¿Hay todavía chances de investigar pasados 30 años?
Las organizaciones de familiares y amigos de familiares reclaman que se abran los archivos de la SIDE relacionados con el atentado. El planteo está cursado en el expediente y lo tramita el actual juez, Ariel Lijo. La SIDE fue contradictoria. Primero dijo que liberar más material pone en peligro la seguridad de sus fuentes y después alegó que no tiene más documentación reservada. Apemia, liderado por Laura Ginzberg viene insistiendo con la apertura de todos los archivos y en la apelación a la postura de la ex SIDE, ahora AFI, también se sumó Memoria Activa. Las dos agrupaciones de familiares plantearon que la agencia de inteligencia busca obstruir. Finalmente, el juez le dio la razón a Apemia y Memoria Activa este viernes y rechazó la pretensión de la ex SIDE. Es posible que a partir de esa resolución se pueda acceder a informes de inteligencia hechos en la época previa y posterior al atentado. La Mossad ya filtró un par de documentos relacionados con el ataque. A través del New York Times difundió la conclusión de que en el atentado no hubo participación de argentinos, o sea que el ataque fue perpetrado por individuos de Medio Oriente.
7.- ¿Por qué la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
A partir de un planteo de Memoria Activa, cuyas referentes son Adriana Reisfeld y Diana Malamud, y después de un larguísimo proceso, el estado argentino fue condenado por no haber implementado medidas razonables de protección de la AMIA, teniendo en cuenta que ya había sucedido el de la Embajada de Israel. La Corte mencionó, por ejemplo, que el patrullero que estaba en la puerta de la mutual judía no tenía siquiera batería, o sea no funcionaba, y los dos agentes carecían de comunicación con otros policías. A eso se sumó que el estado argentino no investigó ni hubo un proceso judicial limpio. Entre las obligaciones planteadas por la Corte está la apertura de los archivos de inteligencia y de las fuerzas de seguridad.
Placa conmemorativa
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hizo fijar este lunes una placa a 30 años del atentado a la AMIA, en su sede de Pasteur 633, en el barrio de Balvanera. En la misma se observa la siguiente leyenda: “Legisladores de la Ciudad, representantes de diferentes partidos, rindieron hoy homenaje a las 85 víctimas fatales del atentado terrorista del 18 de julio de 1994, colocando una placa en la sede de nuestra institución”, informó AMIA.
Esa misma jornada se reinauguró también la placa de recordación, emplazada en la sede de AMIA, con los 85 nombres de las víctimas fatales del atentado. “Junto a sus familiares, continuamos ejercitando la memoria y reclamando por el fin de la impunidad”, informó la entidad.
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