Buenos Aires, 12 de marzo de 2024. El violento empeoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías, causado por la mega devaluación y el salto inflacionario que provocó, sin medidas que compensaran los ingresos de asalariados y jubilados, hunde en la indigencia a muchos para los que la alimentación adecuada de cada día se vuelve una quimera.

Peor se encuentran quienes ya dependían de la asistencia pública para acceder a un plato de comida. No sólo los fondos públicos son insuficientes, sino que directamente los recortaron. Aunque es sabido que el hambre no espera, las nuevas autoridades apuestan a desarticular los movimientos sociales que sostienen la mayoría de los comedores populares, no sólo como espacio de contención sino de organización de los descartados por la sociedad. Es la otra cara de la represión de los sectores excluidos, a los que se procura impedir sus reclamos.

La historia de las políticas alimentarias   

Reconocida como una potencia mundial en relación con su capacidad de producir grandes volúmenes de alimentos de calidad, alimentarse bien fue históricamente aquí barato y fácil. La cuestión del hambre aparece en la agenda pública como una de las consecuencias de la última dictadura.

Salvo el programa materno infantil orientado a reforzar la ingesta de proteínas de los recién nacidos, vigente desde 1937 , la primera política alimentaria nacional surge en 1983 como respuesta de la democracia recuperada a las duras consecuencias sociales que provocó el gran ajuste neoliberal de Martínez de Hoz. El Programa Alimentario Nacional (PAN) fue el primer esfuerzo público estatal de compensar los efectos de la redistribución regresiva del ingreso provocada intencionalmente por la dictadura genocida que, además, dejó como herencia el problema de la deuda externa.

El PAN fue pensado como una política de emergencia para afrontar el hambre y la pobreza. Pero la emergencia llegó para quedarse. Sucesivas crisis hiperinflacionarias y ajuste sobre ajuste, las ollas populares y los comedores comunitarios se volvieron parte del paisaje social de un pueblo que apostaba a las soluciones colectivas del problema. 

Ahora la cuestión se puso al rojo. De proseguir con su política, Milei tendrá el dudoso mérito de extender de modo extraordinario este padecimiento social. Ocurrirá porque en enero de 2024 el índice del salario promedio de trabajadores del sector privado volvió a quedar por debajo de la inflación (14,7% vs. 20,6%) y ya acumula en dos meses un desplome en términos reales del 18%. Una caída brutal e inédita en ausencia de alguna calamidad natural o guerra. Pero una situación mejor que la de los empleados públicos y jubilados, cuyos ingresos fueron más afectados.

En consecuencia, se ajusta el gasto de las familias también en alimentos. Así, el rubro Alimentos y Bebidas disminuyó sus ventas en un 33,3% anual en febrero y acumula una caída del 35,2% en los primeros dos meses del año en comparación con el mismo periodo de 2023, según datos recientes publicados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Es poco imaginable que se naturalice el hambre en Argentina. Pero ya la crisis del 2001 había extendido el consumo humano de soja texturizada como reemplazo de la carne en barrios populares, donada por los grandes exportadores de granos con el fin de contener una situación social que podía desbordarse de forma violenta en cualquier momento. ¿Será un anticipo del futuro que nos espera?

Es posible, a menos que la política sea capaz de revertir la crisis acentuada por las políticas libertarias. Desconocer a las organizaciones sociales como instancia de representación de los sectores sociales excluidos, abre las puertas para una mayor penetración del narcotráfico en las barriadas populares. Una política social democrática no se puede construir sin la participación de los directamente afectados y tiene que servir también para desarrollar ciudadanía.

Por lo pronto, vale recordar que el PAN surgió en la década de los ochenta, como una medida sanitaria, porque la buena alimentación, suficiente y adecuada, es lo que hace posible un desarrollo sano de ñiñes y adolescentes, al tiempo de preserva la salud y la capacidad de trabajar de los adultos y ancianos. Ahora no es diferente.

Mientras se dilatan los tiempos para derogar el DNU 70/23 por su manifiesta inconstitucionalidad, los diferentes sectores que eran opositores al gobierno de Alberto Fernández hacen malabares discursivos para intentar racionalizar la agenda del Presidente Milei, a pesar de él mismo. En una negociación que amenaza ser infructuosa por la demanda presidencial de concederle todos los superpoderes que reclama, especulan con obtener un auxilio financiero imprescindible para gobernar sus provincias. Tanto que ni siquiera le han contrapropuesto incluir entre los puntos de su Pacto de Mayo que el hambre es intolerable en Argentina y que se debe asegurar el acceso de todas y todos a la alimentación adecuada y suficiente para garantizar un estado óptimo de salud. No hacerlo es criminal.                                                                                             

                                                                                            Lic. Gerardo Codina

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