Buenos Aires, 15 de agosto de 2023. Es un domingo bien temprano y las calles de Balvanera son pura niebla: no se ve a nadie. En eso un hombre avanza por una vereda angosta. Empuja un cochecito, tose ruidosamente. Parece que lo suyo es solo un brutal resfrío, y sin embargo al pasar va dejando una estela de inconfundible perfume a hojas y pino: está fumando marihuana. La escena es real. Y otras tantas más o menos parecidas se verifican a diario en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires. Sumado a la proliferación de grow shops (esos locales donde se venden productos y se asesora para el cultivo del cannabis), el fenómeno provoca pensar en cierta “relajación” en el consumo de esta sustancia.

Es cierto que la Argentina ha adoptado últimamente un nuevo cuerpo normativo dentro del cual la Ley de Cannabis Medicinal es el hito más relevante. Y es cierto, también, que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas aceptó hace pocos años el cambio de clasificación del cannabis, reconociendo sus usos medicinales a partir de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Así y todo cabe preguntarse: ¿qué sucede, mientras tanto, con los controles policiales? ¿Es correcta la percepción de que “ya no pasa nada” por fumar porro en la calle o por cultivar una planta?

La ley 27.737 fue votada en 1989, recién iniciado el menemismo y al calor de la “guerra contra las drogas” impulsada por Estados Unidos y avalada por prácticamente todas las convenciones internacionales. Esa “ley de estupefacientes” sigue vigente. Y el dato clave es que permite detener a las personas por tener para consumo personal sustancias psicoactivas (incluida, claro está, la marihuana).

La Ley Nacional de Salud Mental de 2010, funcionó como un parteaguas al incluir a los consumos problemáticos en el marco de los asuntos de salud: fue entonces cuando el campo sanitario comenzó por primera vez a disputar el abordaje de las drogas al terreno de la seguridad. 

2017 fue el año en el que salió la ley de Cannabis Medicinal. Pero en su primera y parcial reglamentación la norma terminó teniendo en la práctica una aplicación muy limitada: incluso las asociaciones como “Mamá Cultiva” (que fueron las que se organizaron para que la norma se votara) se quejaron de que solo podían acceder a su uso quienes se incorporaran a protocolos de investigación en epilepsia refractaria. De ahí que en 2020 se aprobó una nueva reglamentación que amplió las capacidades de esa ley a otros padecimientos y creó el Registro del Programa de Cannabis (“el Reprocann”), que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora, con solo una indicación médica (que no está limitada a una determinada patología: puede ser desde dolor articular hasta autismo), las personas puedan inscribirse para tener hasta nueve plantas de cannabis y transportar hasta 40 gramos de flores secas. Incluso en los aeropuertos, con solo exhibir el carnet correspondiente, la policía no podrá detenerlas.

“En el abordaje de las drogas convive hoy un marco normativo bastante contradictorio, incongruente y perjudicial para el acceso a la salud de las personas usuarias”, señala por su parte Ariel Parajón, politólogo especializado en política de drogas. “Por un lado está el paradigma internacional punitivo, que prohíbe consumir y comercializar determinadas sustancias psicoactivas y que en el sistema de salud tiene su correlato en el paradigma abstencionista. Y por otro están la ley de Salud Mental y la ley de Cannabis Medicinal, que es muy amplia y restituye derechos”.

El experto destaca que esta última norma permitió además una explosión de las investigaciones académicas y científicas en el marco del cannabis medicinal. Y que tanto los gobiernos provinciales y municipales como los sistemas de salud van de a poco adecuándose a la nueva normativa. “Sin embargo –advierte- lo punitivo sigue pesando fuerte. Y como todavía rige la ley de estupefacientes, entonces las fuerzas de seguridad avanzan sobre consumidores y cultivadores”.

“Es cierto que hay más aceptación social y cultural sobre el uso del cannabis. Aunque si uno ve las estadísticas de la policía de la Ciudad y el ingreso de causas al poder judicial se advierte que los controles no están en realidad tan relajados. Además, la diferencia por comuna es notable. Como dijo Vidal, una cosa es la 1-11-14 y otra Palermo”, reflexiona Parajón.

La doctora en antropología Florencia Corbelle analiza las estadísticas y marca que desde 2019 (el año en el que se implementó en CABA la ley  que permite a las provincias juzgar el delito de tenencia para consumo) las causas por infracción de la ley de drogas en el distritito aumentaron… un 144 por ciento. En 2019 el delito de tenencia para consumo personal se incrementó un 340 por ciento. Y a la vez la distribución geográfica de las infracciones muestra que cerca del 80 por ciento de los casos se localizaron en la “medialuna sur” de la Ciudad.

Parajón analiza que este último dato se condice con el estereotipo del usuario de drogas o “el pibe de gorrita”, “lo que demuestra que la ley de drogas muchas veces se usa como chivo expiatorio para criminalizar determinadas poblaciones y sectores sociales. En Palermo o en la 1.11.14 la acción puede ser la misma: lo que cambia es el contexto”. Lo que no cambia todavía, es el sesgo clasista de la represión policial.

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