Buenos Aires, 10 de mayo de 2022. No están bien los edificios de las escuelas públicas porteñas. Detrás de las fachadas verdes asoma un inframundo de muros descascarados, calderas rotas, problemas con el agua, aulas ruidosas, déficit de espacio y patios de juego deslucidos, todo en tanto las conducciones lidian como pueden con un sistema que les escatima el mantenimiento y las cooperadoras enfrentan la falta de recursos y de interés. 

Varias causas confluyen en este cuadro. Una relevante es la incontestable baja de fondos: “El desfinanciamiento más alto de la historia de la Ciudad en la materia”, refiere un informe de la Auditoría General de Ciudad según el cual el año pasado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta desafectó 528 millones de pesos a obras en las escuelas públicas del distrito. 

“De los cerca de mil edificios escolares públicos que hay en la ciudad, se calcula que unos 150 tienen problemas ‘serios’. Y cuando digo ‘serios’ me refiero a que afectan la seguridad de quienes concurren al lugar”, dispara Pablo Cesaroni, integrante de la comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna 5 y de la agrupación Cooperadores en Movimiento. Como no existe del tema información oficial, la cifra debió construirse con datos de las comunas y sindicatos. Dentro del total de recursos que administra el gobierno porteño, el presupuesto educativo bajó más de diez por ciento desde que Mauricio Macri llegó al gobierno de la Ciudad en 2007: entonces era de 27,6%, este año es de 17,3%, refiere Cesaroni. 

“SIGMA” (Sistema Global de Mantenimiento) se llama el plan que de acuerdo a la información oficial busca “garantizar la conservación, mantenimiento y puesta en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad”. Es en ese sistema que se inscriben las pequeñas obras como pintura, reparación de filtraciones y mantenimiento eléctrico. 

Hasta el año 2010 el gobierno porteño contaba con una Dirección General de Infraestructura Escolar que incluía una plantilla de trabajadores permanentes, arquitectos y camionetas para dar a los problemas una solución bastante ágil. Sin embargo, hoy tanto la Dirección General de Infraestructura Escolar –a cargo de Martín Carpinacci– como la Dirección General de Mantenimiento Escolar –a cargo de Marcelo Pasquini– casi no tienen personal, y todas estas reparaciones las realiza un puñado de empresas cuyas razones sociales, licitaciones, multas y cobros percibidos no resultan de fácil acceso al público. Ni Carpinacci ni Pasquini aceptaron por lo pronto conversar para esta nota. Y a ese desmantelamiento se suma el recorte de fondos a las cooperadoras.  

Jordana Secondi es la directora de la Escuela de Educación Media 6 del Distrito Escolar 5, que queda en el barrio 21-24 de Barracas. “El nuestro es un edificio nuevo que a simple vista está en buenas condiciones, aunque tiene falencias estructurales, además de que nos faltan espacios que por normativa deberían estar”, explica. Y agrega: “Otra gran falencia es el mantenimiento: apenas se trabaja en lo que es urgente, como el recambio de luces o cortar el pasto, aunque tenemos yesería floja y filtraciones”. 

Según Secondi, ante cada pedido de reparación es ella quien debe personalmente contactarse con el supervisor para luego elevar el pedido a “la empresa”. “Hay que decir que al supervisor se lo percibe con intención resolutiva, aunque luego cuesta muchísimo que los arreglos se concreten. Veo un exceso de formalidades para pedir los arreglos cuando al final todo se resuelve con insistir durante semanas, dos veces por día, para decir ‘mirá que la canaleta’, ‘mirá que el baño’, ‘mirá que el arco de fútbol’. Y todo eso tiene un costo, porque al final parece que las empresas hacen el mantenimiento de favor, más allá de la sobrecarga que esta falta de agilidad implica para las conducciones. Creo que sería bueno que quienes realizan las reparaciones se sientan parte de la escuela. No digo tener personal fijo, pero sí que conozcan el edificio, se involucren y entiendan que su tarea es importante”. 

Otra directora de una escuela del distrito 17 –quien prefiere no dar su nombre– coincide palabra por palabra. “En apariencia no se puede decir que no existe nada de inversión en infraestructura escolar. El problema es que nunca se termina de entender cómo se distribuyen los fondos y cómo se decide qué obras se encaran”, explica. Respecto del lugar de las cooperadoras, reconoce que internamente el tema le genera una contradicción. “Por un lado es deseable fortalecerlas como espacio de participación, pero a la vez me parece que tampoco les corresponde ponerse a pintar la escuela, porque eso es responsabilidad del Estado. Y resulta injusto que, por tener una cooperadora fuerte y con más capacidad de recolectar fondos, una escuela pueda, por ejemplo, tener equipos de aire acondicionado, mientras que otra no. También es cierto que en la época del CODICO a veces eran los padres los que con más o menos idea del tema terminaban tomando decisiones como la elección del piso para un patio, no creo que volver a eso sea deseable”, reflexiona. 

Raquel Waldhorn, hoy jubilada, fue hasta 2014 la directora de la escuela Tomás Espora del barrio de Constitución. “Siete años estuve al frente de esa escuela, y pese a la insistencia nunca conseguí que la pinten”, recuerda. Y si bien reconoce que para el día a día de la actividad pedagógica es importante contar con espacios bien equipados y estimulantes, advierte que “hay que tener cuidado de que no sea mero maquillaje, porque podés tener todo muy pintado de colores y que siga faltando lo más básico”. Waldhorn apunta también a la cuestión de las dimensiones: “Las escuelas que se vienen construyendo son enormes, y en muchos casos se vuelven inmanejables. Como idea general me parece que la escuela primaria debería ser un lugar donde la conducción te conozca por tu nombre y sepa quién es tu familia”. 

Cesaroni afirma que la primera medida para modificar el preocupante estado de situación de los edificios escolares porteños es conformar una mesa de diálogo en la que confluyan sindicatos docentes, cooperadoras, centros de estudiantes, responsables del Estado y gente experta de las facultades de ingeniería y arquitectura para elaborar no solo un diagnóstico, sino un plan a varios años. “Y por otro lado, haría falta que las escuelas reciban periódicamente auditorías externas tras las que se realicen informes para que la comunidad pueda contar con datos sobre cómo está su escuela”, dice, y suma que se necesita también una ley de infraestructura escolar y volver a tener como parte del Estado un equipo dedicado al mantenimiento de las escuelas. 

“Estaría muy bien que haya un fondo dentro del presupuesto destinado a las cooperadoras para completar lo que hace la empresa de mantenimiento. Pero no creo que la comunidad escolar deba, por ejemplo, destinar un sábado a arreglar la escuela. Que se entienda: no critico este tipo de acciones, se trata de un esfuerzo enorme que las familias hacen con toda la buena onda del mundo. Pero eso está tapando un agujero de algo de lo que debería hacerse cargo el Estado”, analiza. 

Y concluye: “Tenemos un camino que hay que recuperar en fortalecer a las cooperadoras y a los centros de estudiantes, en parte para sentarnos a discutir por qué en la ciudad viene bajando la inversión y por qué las empresas no hacen el mantenimiento que tendrían que hacer. Para todo eso la información es clave. Porque si no se informa a la comunidad, después se convoca a una asamblea y no va nadie. Y no podemos esperar que se caiga un techo para empezar a movilizarnos”. 

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