Buenos Aires, 3 de febrero de 2026. El cruce se originó tras la publicación de un esquema de costos elaborado por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). En ese cuadro, la Ciudad aparecía en primer lugar, seguida por la provincia de Buenos Aires con un 4,7% y Tierra del Fuego con un 4%. El Ministerio de Justicia defendió la metodología utilizada y sostuvo que se trataba de valores transparentes de mercado, sin inflaciones artificiales. Además, apuntó directamente contra la administración porteña al señalar que había optado por una valuación más cara, lo que perjudicaba a los contribuyentes.  

La réplica desde Uspallata llegó por redes sociales. “Falso. En la Ciudad de Buenos Aires, la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%”, fue el mensaje difundido por la cuenta oficial de Buenos Aires Ciudad. El Ejecutivo porteño explicó que el aumento que percibieron los contribuyentes no se debió a una suba del impuesto en sí, sino a la adopción de las tablas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en reemplazo de las de la DNRPA. Esa modificación generó un desfase en las valuaciones fiscales y derivó en incrementos que en algunos casos superaron el 100%.  

Ante las quejas de los usuarios, el gobierno de Jorge Macri anunció que enviaría un proyecto de ley a la Legislatura para limitar cualquier incremento del impuesto a la inflación del año anterior. “En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, remarcaron desde la administración porteña, en un intento por llevar alivio al bolsillo de los contribuyentes. La medida busca garantizar que las actualizaciones de las patentes no se transformen en un peso adicional en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo.  

El Ministerio de Justicia, por su parte, insistió en invitar a las provincias y a la Ciudad a utilizar su propio esquema de valores, al que definió como “el más económico y el que más beneficia a los argentinos”. Según la cartera nacional, la tabla oficial elaborada por la DNRPA refleja precios reales de mercado y evita distorsiones que terminan impactando en los usuarios.  

El enfrentamiento entre Nación y Ciudad se da en un momento en que los impuestos vinculados al automotor están bajo la lupa. El costo de mantener un vehículo se disparó en los últimos años, no solo por el precio de los combustibles y los seguros, sino también por la carga impositiva. En ese marco, la discusión sobre las patentes se convierte en un tema sensible para miles de porteños que vieron cómo sus boletas se incrementaban de manera significativa en el inicio de 2026.  

El debate también expone diferencias políticas entre el gobierno nacional y el porteño. Mientras desde Nación se acusa a la Ciudad de aplicar las patentes más caras del país, el Ejecutivo de Jorge Macri busca mostrarse como garante de la transparencia y el alivio fiscal. La disputa se trasladó a las redes sociales, donde ambos gobiernos cruzaron mensajes en un tono áspero, reflejando la tensión que rodea al tema.  

La controversia por las patentes no es nueva. En semanas anteriores, la administración porteña ya había tenido que recalcular las liquidaciones tras detectar que algunos aumentos superaban el índice de inflación. En ese momento, se comprometió a que ninguna patente se actualizaría por encima de la inflación anual, una promesa que ahora busca ratificar con el proyecto de ley en la Legislatura.  

El desenlace de esta guerra por las patentes aún está abierto. Lo cierto es que el tema afecta directamente a los contribuyentes y pone en evidencia las dificultades de armonizar criterios entre Nación y Ciudad. Mientras tanto, los porteños esperan definiciones claras que les permitan saber cuánto deberán pagar por mantener sus vehículos en regla, en un contexto económico que exige cada vez más certezas y menos sorpresas.  

En definitiva, el cruce entre el Ministerio de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el ranking de patentes refleja mucho más que una discusión técnica. Se trata de un conflicto político y económico que pone en juego la relación entre dos administraciones y que impacta de lleno en el bolsillo de los ciudadanos. La Ciudad defiende su esquema y asegura que el promedio es del 2,5%, mientras Nación insiste en que las alícuotas pueden llegar al 6%. La disputa promete nuevos capítulos y mantiene en vilo a quienes deben afrontar el pago de un impuesto que se ha convertido en uno de los más polémicos del inicio de 2026.

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir