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Expropiación demorada

En octubre de 2022 el Senado aprobó el proyecto para que el edificio de Cromañón sea expropiado y convertido en un espacio para la memoria. Desde entonces, se demora la concreción de la medida. Primero el gobierno de Alberto Fernández se tomó más de un año para reglamentar la ley. Y luego llegó Milei, para el que "no hay plata" cuando de derechos humanos se trata. Buenos Aires, 31 de diciembre de 2024. La lucha de los familiares de las víctimas de Cromañón para construir un espacio de la memoria en el lugar donde ocurrió la tragedia hace 20 años no se detiene, porque todavía está lejos de alcanzar su objetivo. Y cuando parecía que se agotaba el tiempo previsto en la ley que habilitó la expropiación del inmueble, la Cámara de Diputados les dio una buena noticia, con una prórroga que aún debe refrendar el Senado.

El predio de Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures, en Balvanera, había sido declarado de utilidad pública mediante la Ley Nº 27.695, de 2022. Pero a fines de este año vencía el plazo para dar inicio al juicio de expropiación. Por eso, fue necesario que la Cámara baja aprobara la prórroga por otros dos años en el plazo establecido en otra ley, la Nº 21.499.

El objetivo es convertir a Cromañón en un espacio de homenaje a las 194 personas que murieron y a los más de 1.500 sobrevivientes del incendio del 30 de diciembre de 2004, cuando se desarrollaba un recital de la banda Callejeros.

Ahora la prórroga debe ser votada por el Senado, que debe darle sanción definitiva al proyecto. Entre los familiares había expectativa de que sucediera antes de fin de año. Aunque con la media sanción de Diputados se aseguraron que el proceso de expropiación no se venza.

Sin embargo, la pregunta que todos se hacen es cuándo puede iniciarse el juicio de expropiación y qué chances hay de que el gobierno actual avance en ese sentido. La respuesta, por ahora, es incierta.

Aunque la ley se aprobó en 2022, recién fue promulgada un año después, el 1° de diciembre de 2023. Era un reclamo que las agrupaciones de familiares le hacían a Alberto Fernández, que tomó la decisión apenas 9 días antes de dejar el cargo de Presidente.

La ley determina que es el Ministerio de Justicia el organismo estatal que debe ocuparse de iniciar el juicio de expropiación. Pero durante este año no hubo movimientos ni expresiones al respecto. Además, según trascendidos periodísticos, en el Gobierno nacional no hubo hasta ahora gestiones para tasar el inmueble, paso necesario para la expropiación.

De quién es Cromañón

Con una decisión de octubre de 2018, el Tribunal Oral Criminal 24 restituyó el edificio a la sociedad "Nueva Zarelux", cuyo dueño es Rafael Levy, el mismo que era el propietario al momento del incendio. Levy cumplió su condena de cuatro años y medio de prisión por el delito de incendio culposo calificado. Quien gerenciaba el boliche era Omar Chabán, que murió en 2014 mientras cumplía su condena con prisión domiciliaria.

Los intentos de las diferentes organizaciones de familiares para hacer un espacio de la memoria comenzaron al año siguiente de la tragedia. Distintos proyectos en el mismo sentido fueron presentados a partir de 2005. Tanto en el Congreso como en la Legislatura porteña. Pero nunca fueron tratados ni lograron el consenso para obtener avances.

Los familiares sí consiguieron que el Gobierno porteño corriera la calle Bartolomé Mitre hacia el lado de la estación de trenes. Es que allí fueron armando el santuario que funciona hasta hoy. La calle estuvo cerrada siete años y dos meses, hasta el 13 de marzo de 2013. Y este año la Legislatura convirtió en vitalicia la pensión de asistencia que perciben sobrevivientes y familiares de víctimas.

Desde las diferentes agrupaciones de familiares insisten con que la expropiación no puede demorarse, ya que sostienen que el Estado no tiene control sobre el inmueble y aseguran que, con el paso del tiempo, se corre más riesgo de que se deterioren tanto el edificio como los elementos que sirven como testimonio de lo que allí ocurrió.

Además, insisten en que debe cumplirse con la ley, que en sus artículos sostiene que “serán destinados a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos”.

La norma también determina que “se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas". Por último, expresa: “La edificación existente en los inmuebles expropiados deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar, y que gozarán de protección por parte del Estado”.

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