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La Justicia porteña frenó el desalojo de la Huerta de Garay de Parque Patricios

El día 6 de agosto de este año, inspectores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del gobierno porteño se presentaron en Juan de Garay 2206, el espacio dentro del Parque Vuelta de Obligado en el que funciona la huerta desde 1991 realizando actividades y talleres en conjunto con escuelas, el INTA y facultades de la UBA. Según denuncian referentes de la huerta, se les libró una intimación para su retiro por “ocupación indebida del espacio público” que debía realizarse en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de multa o desalojo. Buenos Aires, 8 de octubre de 2024. La amenaza no se concretó hasta el 16 de septiembre cuando personal del Ministerio se presentó con maquinaria pesada con la intención de destruir el espacio verde y concretar el desalojo de la Huerta de Garay, también conocida como la Huerta de Obligado. Los vecinos y vecinas resistieron el corrimiento, consiguieron otra prórroga para intentar regularizar la situación, y paralelamente acudieron a la Justicia con el acompañamiento del Ministerio Público de la Defensa, para buscar el freno al proceso de desalojo por esa vía.

En principio consiguieron una medida precautelar dictada por la jueza María Alejandra Villasur, titular del Juzgado Nº 18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Allí, la magistrada ordena al GCBA que “en el plazo de 10 días”, remita al tribunal “la totalidad de los expedientes administrativos labrados con relación a la huerta orgánica, tanto en relación al acta labrada con fecha 6 de agosto de 2024 como los pedidos de permiso de uso del espacio público que ocupa”. Asimismo, sentencia que el GCBA “se abstenga de desalojar la huerta, hasta tanto se remitan las actuaciones administrativas requeridas y el tribunal resuelva acerca de la procedencia de la medida cautelar”. La jueza argumenta en su resolución que “de concretarse la ejecución de la medida expulsiva, podría mediar la pérdida de la flora existente y el trabajo llevado a cabo durante años por la comunidad, sin dejar de apreciar la posible afectación al bien social que se provocaría respecto de la actividad que allí se vendría desarrollando de manera sostenida". A su vez, resalta que la huerta ha trabajado en estos años con “la intervención, sostenida en el tiempo, de diferentes órganos estatales -locales y nacionales- vinculados con el emprendimiento”.

El avance del gobierno porteño sobre la huerta Garay se inscribe dentro de una lógica de privatización y urbanización de los espacios públicos, que está afectando de manera directa la calidad de vida en la ciudad. A tan solo diez cuadras de la huerta, el parque Uriburu ubicado en Avenida Almafuerte y Los Patos, fue cedido en gran parte a las empresas Techint, Sbase y Dycasa, acaparando más del 70% del espacio público desde hace doce años. Estas políticas de uso del suelo atentan contra el equilibrio ecológico de la ciudad y la función vital que cumplen los espacios verdes.

El intento de desalojo de la huerta Garay expresa la falta de visión en la planificación urbana, donde el cemento y los negocios inmobiliarios priman por sobre el bienestar de los ciudadanos y la salud del ambiente. Las huertas urbanas actúan como fuentes de biodiversidad, promueven la educación ambiental y la alimentación saludable En un contexto de crisis climática, la preservación de estos espacios resulta indispensable.
 


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