Buenos Aires, 18 de octubre de 2022. En representación de Memoria Activa, Diana Wassner y Adriana Reisfeld expusieron sus 28 años de buscar saber quién, por qué y cómo voló la AMIA. El viernes pasado recorrieron la última instancia que les quedaba en esa larga búsqueda después de no obtener verdad y justicia en el país. A través de sus abogados, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que condene al Estado argentino, que admitió como válidas todas las injusticias que la agrupación Memoria Activa denunció. 

Los miembros del tribunal regional también escucharon que el juez que debía investigar el ataque –Juan José Galeano– terminó inculpando a inocentes y después terminó siendo enjuiciado por desviar la investigación. Lo mismo sucedió con los fiscales que lo acompañaban en la pesquisa. Condenados en 2019, esa sentencia aún no fue revisada por la Cámara Federal de Casación Penal –que recién fijó audiencia para el 17 de noviembre próximo–. Ahora, los familiares de las víctimas del atentado ya ni siquiera tienen contacto con los fiscales que supuestamente llevan adelante la investigación y que quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA.

“El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en el caso AMIA”, reconoció Natalia D’Alessandro, titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, que depende del Ministerio de Justicia. Y agregó: "Es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso, por el armado de una acusación falsa, por la corrupción, por la falta de seguimiento de líneas de investigación, por los plazos irrazonables, por el secreto, por el encubrimiento de la verdad y por la manipulación política de la causa. Venimos a esta audiencia para manifestar un sincero reconocimiento: se extiende a todas las violaciones de derechos humanos”.

La funcionaria del Ministerio de Justicia reconoció que el Estado es responsable de lo que ocurrió desde la explosión hasta el decreto del 2005 pero también de lo que sucedió hasta ahora. ¿Por qué? “El Estado no atendió sus obligaciones internacionales. Fueron deliberadamente incumplidas, o parcialmente o injustificado retraso”, dijo. Y planteó sugerencias a la espera de una sentencia de la Corte “para superar todos los obstáculos y avanzar en los lineamientos pendientes”.

Ahora el tribunal internacional quedó en condiciones de dictar un condena que incluya reparaciones económica y las directivas de reencausar la investigación para el esclarecimiento del ataque terrorista. La condena podría conocerse en los próximos tres meses, pero los integrantes del tribunal regional le encomendaron al Estado argentino que efectivice mientras tanto medidas concretas que puedan servir como modo de reparación a las víctimas.

Antes de terminar la audiencia, el presidente de la Corte IDH, el juez Ricardo Pérez Manrique, recogió el guante y afirmó: “acá tenemos el antecedente del decreto de 2005 que no fue cumplido. Todos sabemos que una sentencia de la Corte va a demorar un tiempo, que trataremos que sea el más breve posible. Pero hay una cantidad de líneas de acción que no tienen que esperar una sentencia de esta Corte para ser implementados”, como la centralización de la información clasificada y su acceso a las partes. “Culmino estas consideraciones ,instando al Estado a que no espere la sentencia de la Corte para empezar a dar hechos concretos. Esto sería el mejor resultado de esta audiencia”. Entre otras cuestiones, el juez le encomendó al Ejecutivo que operacionalice el decreto del presidente Alberto Fernández de 2020 que desclasifica información considerada secreta vinculada al atentado. Para eso, deberá convocarse a una mesa de trabajo por parte de las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de la Jefatura de Gabinete. Además, Pérez Manrique pidió que el Estado centralice toda la documentación disponible sobre el atentado, que –créase o no– aun no se ha hecho 28 años después del ataque a la mutual de la calle Pasteur.

Un minuto antes le habían vuelto a dar la palabra a Memoria Activa, una de las agrupaciones de familiares de las víctimas del atentado a la mutual judía, para que hablara luego de oír la posición del Estado. “Nos parece importante este reconocimiento, así como festejamos el reconocimiento en el 2005 que nos había llenado de esperanza en ese momento. El decreto del 2005 tenía un anexo que el Estado debía cumplir. Hoy estamos en el 2022. Es para nosotros alentador el reconocimiento pero nos parecerá bien cuando se traduzca en acciones concretas que sirvan para todos. Para eso va a tener que haber cambios. Me sorprende esperar que la Corte castigue al Estado para ver si el Estado se dispone a cumplir”, dijo Diana Wassner.

Hasta el 15 de noviembre próximo, el Estado argentino tendrá oportunidad de contestar los alegatos por escrito. Lo mismo harán Memoria Activa y el CELS. Se espera que para principios del año próximo haya una sentencia. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) funciona como una fiscalía cuando un caso se lleva ante la Corte, es decir, toma un rol acusador. En su exposición, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, reclamó: “Resulta urgente que el Estado argentino revise la integración de la UFI-AMIA”. Para la comisionada, la urgencia pasa por dos cuestiones básicas: la nueva conducción de la Unidad –encabezada por los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda– no recibe a las víctimas reunidas en Memoria Activa ni les informa cuáles son sus líneas de investigación o cuáles son sus avances.

Durante la jornada del jueves pasado, Adriana Reisfeld había catalogado a la unidad que supo estar más de diez años a cargo de Alberto Nisman como una “fiscalía fantasma”. En la Procuración –a cargo del interino Eduardo Casal– por el momento no acusan recibo. El Ministerio Público Fiscal es una de las deudas del gobierno, que no logró nombrar a un titular en el cargo que quedó vacante después de que Alejandra Gils Carbó fuera forzada a renunciar.

Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, alegó en representación de Memoria Activa. “El Estado argentino, tanto con acciones como con desidias, nos privó a todos de la verdad histórica”, dijo la abogada.

El reclamo de Memoria Activa estuvo centrado en que se sabe poco y nada del atentado y que, para eso, es necesario acceder a los archivos. Desde la agrupación también reclamaron que se reforme la Ley de Inteligencia –una iniciativa que el Presidente anunció en marzo pasado–, que se cree una agencia de investigaciones federales y que se conforme un archivo histórico. Parte de lo que se demanda también tiene que ver con lo que la causa AMIA fue la demostración cabal –las relaciones espurias entre espías y jueces–. Memoria Activa y el CELS reclaman que se regule cómo se incorpora información de inteligencia a un expediente judicial.

“El reconocimiento fue muy importante porque el Estado argentino nos dio la razón en todas las violaciones que planteamos”, evaluó Litvachky después de la audiencia. “El caso AMIA debe pasar a ser un tema importante para el Estado en general -amplió-. Las medidas que le reclamó la Corte-IDH son fundamentales porque van al corazón de la discusión sobre el funcionamiento de la Justicia argentina, su relación con los servicios de inteligencia y el acceso a la información.”

El abogado Alejandro Rúa pidió la "urgente revisión de la integración" de la unidad fiscal especial que investiga el atentado. Además, reclamó que el titular de la Unidad Fiscal para la investigación de la Causa AMIA, Sebastián Basso, sea sometido al Tribunal de Enjuiciamiento por presunto "mal desempeño" de sus funciones. Rúa pidió la "urgente revisión de la integración" de la unidad fiscal especial que investiga el atentado a la AMIA y reclamó la renuncia de Eduardo Casal a su actual cargo de procurador interino como un "único y último aporte al proceso de verdad, justicia y reparación" en el caso.

En una nota dirigida a Casal, procurador general interino, Rúa se presentó "a propósito de las denuncias por el mal desempeño del titular de la Unidad Fiscal para la investigación de la Causa AMIA", Sebastián Basso, enumeradas en el marco de la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la semana pasada, 13 y 14 de octubre, según el texto al que tuvo acceso Télam.

Rúa reclamó además que Basso sea sometido al Tribunal de Enjuiciamiento por presunto "mal desempeño" de sus funciones "pudiéndose reclamar los antecedentes del caso a Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), nuestra Cancillería y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

En ese aspecto, solicitó "se concrete esa urgente revisión de la integración de la UFI AMIA", formada para investigar el ataque del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once en Balvanera. En las audiencias ante la CIDH, recordó Rúa, la representación del Estado nacional reconoció "el legítimo reclamo de las víctimas exigiendo verdad, justicia y reparación" y que "el Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso".

El abogado pidió también que Casal se aparte de su cargo, "tras la expresa instancia del Presidente de esa Corte Interamericana al Estado argentino al finalizar las alegaciones en esa audiencia para que ´no espere a la sentencia de la Corte para empezar a generar hechos concretos". "Tras la expresa instancia del Presidente de esa Corte Interamericana al Estado argentino al finalizar las alegaciones en esa audiencia para que ´no espere a la sentencia de la Corte para empezar a generar hechos concretos"

En ese sentido, sostuvo que Casal tiene "responsabilidad en la designación del titular de la UFI AMIA y su perjudicial mantenimiento en ese cargo aún frente a las permanentes reclamaciones de las víctimas". Por ello, y ante " la gravedad institucional de su conducta solicito renuncie a mantenerse interinamente en el cargo", concluyó Rúa en relación a Casal.

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir