Buenos Aires, 27 de setiembre de 2022. Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón, por la que murieron 194 personas, presentaron el jueves pasado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para que el edificio donde funcionó el local bailable sea declarado de "utilidad pública y sujeto a expropiación" con el propósito de crear allí un "espacio dedicado a la memoria" de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004.

La iniciativa fue ingresada a la Cámara baja la semana anterior por organizaciones que agrupan a sobrevivientes y familiares, respaldado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y fue oficializada en un encuentro con la prensa que se hizo en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso nacional.

Entre las asociaciones que impulsan la propuesta figuran la Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de La Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.

Además, cuenta con la autoría de la diputada del Frente de Todos Paula Penacca y co-autoría de legisladoras y legisladores de una amplía mayoría de las fuerzas políticas que integran la Cámara, entre ellas, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Juntos Somos Río Negro y Frente para la Concordia Misionero, Encuentro Federal, Evolución, Coalición Cívica, UCR, PRO, Socialismo e Identidad Bonaerense.

“Cromañón sigue doliendo e interpela a toda la sociedad, por eso es necesario que esté en las manos que corresponden. El reclamo incesante como Espacio de Memoria ha recorrido las luchas por memoria, verdad y justicia de sobrevivientes y familiares. Es importante que los y las representantes acompañen este justo pedido”, manifestaron desde las organizaciones en un comunicado.

El proyecto repite la propuesta presentada en varias oportunidades en la Legislatura porteña, donde nunca prosperó debido a la falta de acompañamiento del bloque oficialista, que responde al Ejecutivo local y dificultó la aprobación debido a que cuentan con la mayoría parlamentaria.

 

En el artículo primero, el proyecto plantea la declaración de "utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como República Cromañón”.

Indica que el lugar "será destinado a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos", en tanto que establece que "a tal fin, se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas".

"La edificación existente en el inmueble expropiado deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar. Asimismo, se deberán garantizar las acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio", señala.

En cuanto a los fondos para concretar la expropiación, el texto fija que "el valor de los bienes a expropiar será fijado conforme las disposiciones de la ley 21.499, por el Tribunal de Tasaciones de la Nación", al tiempo que autoriza "al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General de la Administración Nacional del ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten para el cumplimiento de la ley".

El 30 de diciembre del 2004 y durante el mandato como jefe de Gobierno porteño de Aníbal Ibarra, 194 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas al quedar atrapadas en el boliche República Cromañón, cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado para el recital de la banda Callejeros.

A poco de comenzado el concierto, el accionar de una bengala prendió fuego una media sombra situada en el techo del local y generó un humo tóxico que fue aspirado por los miles de jóvenes que estaban dentro y que no pudieron salir a tiempo ya que las salidas de emergencias del local estaban cerradas con candados.

El edificio es actualmente de la sociedad "Nueva Zarelux", cuyo dueño es Rafel Levy -el mismo propietario que al momento del incendio-, y fue restituido en octubre del 2018 por decisión del Tribunal Oral Criminal 24.

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