Buenos Aires, 9 de agosto de 2022. Este 18 de julio el acto de homenaje a las víctimas del mayor atentado terrorista sufrido por nuestro pueblo volvió a la calle, después de haber pasado lo peor de la pandemia. Veintiocho años demandando una justicia que no llega.  En el lugar, se montó un gran cartel que consigna “Volvimos a Pasteur”, para “exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado”.

Como sucede en cada acto, a las 9.53, hora exacta en que el coche bomba explotó contra la sede de la mutual judía, se escuchó el sonido de la sirena, y luego se leyeron los 85 nombres de las personas que murieron en el ataque contra la mutual de la comunidad judía en 1994. Pero el mayor estruendo se escuchó días después. Un nuevo informe de la inteligencia israelí develado en parte por el New York Times, contradijo lo concluido por la Justicia argentina sobre el ataque a la mutual judía en lo concerniente a una conexión local y a la colaboración iraní en la organización del atentado.

Al respecto, Memoria Activa publicó un comunicado el 24 de julio reclamando “Más justicia y menos operaciones de prensa”. En él afirma que “El informe de inteligencia del Mossad es un nuevo ejemplo del uso de la causa AMIA para favorecer intereses que responden más a la coyuntura política nacional e internacional que a una genuina búsqueda de verdad y justicia”. 

Más adelante afirmaban desde el organismo de familiares de las víctimas del atentado: “Desde el comienzo, quedó claro que se manipuló la causa AMIA en función de intereses políticos locales e internacionales que nada tienen que ver con la búsqueda de verdad y justicia. Entre tantos años de ejemplos, es posible mencionar los cables diplomáticos que, a pocas horas del atentado, daban cuenta de la necesidad de que Argentina e Israel acordaran una versión de los hechos funcional a las conveniencias políticas de los respectivos gobiernos. También puede recodarse el intento del ex juez Juan José Galeano, con la colaboración de la abogada de la DAIA Marta Nercellas, de instalar, en 2001, que el atentado a la AMIA había sido perpetrado por Al-Qaeda y Bin Laden. Versión muy conveniente por ese entonces”.

En efecto, tanto en esta causa como en la del atentado a la Embajada de Israel, en la que tampoco se pudo dilucidar nada significativo para descubrir a los malhechores que lo causaron, múltiples y poderosos intereses geopolíticos de potencias extranjeras se cruzan en el camino de la verdad, tratando de que cualquier investigación sea útil a sus propios fines, más que al esclarecimiento de lo sucedido.

Pero no sólo cuando la política interviene falla la justicia. Los casos de Nora Dalmasso y de María Marta García Belsunce, por señalar dos asesinatos muy notorios, han consumido horas de tribunales, ríos de tinta y papel, sin llegar a ningún resultado cierto en las investigaciones. Y nunca fueron casos vinculados a intereses políticos. Tampoco las desapariciones de Marita Verón y María Cash pueden explicarse por razones políticas, como fue la de Julio Jorge López, testigo en el juicio de lesa humanidad contra el ex comisario Etchecolatz.

El 7 de julio pasado, la agencia Telam publicaba una nota titulada “A 11 años de la desaparición de María Cash, su familia aún espera que surjan pistas”, y agregaba más adelante: “La diseñadora de ropa nacida en Buenos Aires desapareció el 8 julio de 2011 en la provincia de Salta, cuando tenía 29 años, y desde entonces su caso estuvo envuelto en una nebulosa sin pistas contundentes”.

En el caso de Marita Verón, su desaparición fue en Tucumán el 3 de abril de 2002. Sus padres, la investigación policial y los sucesivos fiscales que intervinieron en la causa sostuvieron que se la secuestró para someterla a la prostitución, identificando a varios sospechosos. Esa acusación estuvo basada íntegramente en dichos de testigos.  En el juicio oral realizado en 2012, se absolvió a todos los acusados. El fundamento básico del fallo fue que los testimonios sobre los que se basa la acusación no eran creíbles, a la vez de resultar contradictorios entre sí. Esa sentencia fue muy criticada y apelada. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia tucumana, que revocó el fallo absolutorio y condenó a todos los imputados. Pero hasta ahora no se pudo hallar a Marita ni saber qué fue de ella. 

El 5 de julio de este año se conocía el final (¿?) del juicio por el asesinato de Nora Dalmasso. Tres meses y 17 días duró el pleito contra Marcelo Macarrón por el crimen de su esposa, el femicidio ocurrido en 2006 en el country Villa Golf de Río Cuarto, Córdoba, y que, tras 15 años, siete meses y ocho días, quedó impune y prescripto ante la absolución del viudo.

La cuarta semana del tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, cometido hace casi 20 años en el country Carmel de Pilar, comenzó a principios de agosto con la declaración de tres nuevos testigos y la reproducción de escuchas telefónicas que involucran a Nicolás Pachelo, quien enfrenta cargos por robo y homicidio junto a dos ex vigiladores, informaron fuentes judiciales. Quizás ahora haya una condena y alguna certeza de que se hizo justicia. Un resultado que de todos modos desnuda todo lo que se hizo mal antes desde la investigación criminal y que costó 20 años sin verdad y con condenas a inocentes.

                      Santiago Pujol

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