Buenos Aires, 14 de junio de 2022. En su planta baja funciona un comedor y por la entrada lateral, se ingresa a una escalera de mármol hacia el segundo piso. La puerta está cerrada y custodiada por un grupo de mujeres que se autoconvocaron para evitar el desalojo forzado de doce personas, entre las cuales hay niños y niñas que cursan sus estudios en las escuelas del barrio, y un hombre en tratamiento oncológico.

Dicen que, a cuentagotas, día tras día en La Boca se lleva adelante una campaña de desalojos que despoja de un techo húmedo con peligro de derrumbe, a cientos de familias que viven en condiciones de hacinamiento, sin gas natural, agua potable y con hambre.

Una de esas mujeres es Natalia Quinto, quien desde la organización barrial “La Boca Resiste y Propone” acompaña actualmente más de 260 causas por desalojo. Quinto está sorprendida por la velocidad con que actúa la justicia en estos casos, y es que, según ella “el proceso civil, que es el que corresponde a este tipo de situaciones, es un proceso mucho más largo donde todos tienen otro tipo de derecho a la defensa, con más instancias y garantías que tienen que ver con el derecho a la familia y el cumplimiento de las leyes civiles. En este caso nada de eso pasó”. 

Natalia explica que esta situación es producto de un proceso de gentrificación enmarcado a su vez por el proyecto del GCBA de desarrollo del “Distrito de las Artes”, que busca atraer inversiones inmobiliarias en la zona de San Telmo, La Boca y Barracas. “El GCBA expulsa a los vecinos que habitan estas viviendas para poder llevar adelante sus negocios inmobiliarios mientras muestra una ausencia total de políticas habitacionales”, sostienen las vecinas y vecinos.

En el caso de estas familias, actúa la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de CABA que desestimó el proceso judicial, así como las casi 50 páginas de pruebas que presentó el abogado defensor Daniel Dumano. Allí se incluyen certificados de nacimiento, boletas de pagos de servicios, papeles de estudios primarios y secundarios de quienes allí habitan, donde se puede comprobar el domicilio, y una lista con cinco testigos que nunca fueron llamados a indagatoria por la fiscal Celsa Victoria Ramírez, quien se limitó a disponer el desalojo.

El resultado de las negociaciones entre el Defensor del Pueblo Gastón Juan Santos, quien medió entre vecinos, el Gobierno de la Ciudad y las familias que piden 45 días más para conseguir otro lugar donde vivir fue el desalojo en el día, el pago de algunas cuotas acumuladas de alrededor de $8.000 a cada jefe/a de familia para que puedan solventar otro alquiler, y el resguardo de sus pertenencias en un depósito.

Sin mediación y con un acuerdo completamente desfavorable, en el plazo de dos meses las familias deberán retirar sus pertenencias del domicilio donde vivieron los últimos quince años pagando un alquiler y buscar otro lugar para habitar, algo prácticamente imposible ya que la ayuda estatal recibida es imperceptible y todas viven de trabajos informales y changas.

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