Buenos Aires, 6 de octubre de 2021.Toda la investigación sobre la conexión local del atentado contra la AMIA quedó al borde del cierre por una iniciativa de quien debe impulsar la pesquisa. La fiscalía creada para investigar el atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas, solicitó el sobreseimiento de trece personas investigadas en el expediente, muchos de ellos vecinos de la Comuna 3, como la misma mutual. 

Allí figura el hijo del empresario Alberto Kanoore Edul -vinculado a la llamada pista siria-, los dueños de una empresa de volquetes y un grupo de personas relacionadas con una concesionaria ligada a Carlos Alberto Telleldín, el ex reducidor de autos que fue absuelto dos veces al ser llevado a juicio acusado de ser uno de los partícipes de la masacre.

El pedido del fiscal Sebastián Basso, a cargo de la UFI AMIA que lideró Alberto Nisman, se formalizó en tres dictámenes que recién se conocieron ahora. Antes del pedido de Basso, el tribunal oral absolvió a Carlos Telleldín, el otro supuesto cómplice decisivo. Por supuesto que falta la decisión del juez a cargo, que será Daniel Rafecas desde el 5 de octubre. 

Interinamente, intervino antes la jueza María Capuchetti. Al recibir el planteo del Ministerio Público, la magistrada le corrió vista a las partes para que opinen. Pero entendió que para poder opinar, tienen que tener acceso a todo el material que obra en la causa. Lo mismo que reclaman desde Memoria Activa. 

Días después, Rafecas y el ministro de Justicia Soria se reunieron para acordar la investigación de esos elementos a cargo de la reflotada Unidad AMIA del Ministerio, la que el macrismo desactivó, luego de la resonante renuncia de Cimadevilla, que rechazó las maniobras del ex ministro Garavano para exculpar a otros imputados en la causa de encubrimiento.

 

Basso está al frente de la UFI AMIA desde 2019 designado por el procurador interino Eduardo Casal. La agrupación Memoria Activa fue muy crítica con su designación y pidió su remoción. A su criterio, Basso buscaba “vaciar y cerrar la causa lo más rápido posible”.

Los argumentos del fiscal

"Tras una extensa investigación, no se han logrado encontrar elementos de prueba que nos permitan sostener que Alberto Jacinto Kanoore Edul y/o Víctor José Chaban hayan participado, colaborado o contribuido de alguna manera, en la comisión del atentado a la sede de la AMIA”, señaló el fiscal respecto a los investigados en la “línea siria”.

Respecto a Haddad y sus familiares, la UFI-AMIA señaló que “no pudo acreditarse que la existencia del volquete formara parte del plan criminal” y “tampoco se detectó alguna irregularidad en el uso y destino del material explosivo, ni puede afirmarse que el material detonante por ellos haya sido utilizado para la voladura de la AMIA”.

“No fue posible corroborar, siquiera mínimamente, la conexión de la familia Haddad con el hecho terrorista investigado”, aseveró Basso. En cuanto a los imputados vinculados a la empresa “Alejandro Automotores” el fiscal entendió que está “agotada la producción de medidas probatorias que pudieran aportar datos de interés”.

Los familiares agrupados en Memoria Activa respondieron con un escrito de su abogado, Rodrigo Borda, señalando que de ninguna manera se puede considerar que la investigación “fue exhaustiva”, como sostiene Basso, sino más bien todo lo contrario: estuvo llena de maniobras, encubrimientos y dilaciones.

“Rechazamos los sobreseimientos pedidos por el fiscal Basso, sin una investigación seria ni exhaustiva, llena de maniobras, encubrimientos y dilaciones. Una vez más, pedimos que se lo separe de su cargo”, señalaron desde la agrupación. Memoria Activa solicitó la remoción de Basso al Procurador General de la Nación interino Casal, que persiste en el cargo desde que fue ungido en el mismo por el macrismo producto de una maniobra irregular de copamiento del Ministerio Público Fiscal.

Y agregaron: “En definitiva, es una burla decir que se trabajó fuertemente y no existen pruebas suficientes contra el imputado. Además, recordamos que se trata de delitos de lesa humanidad, por lo que un sobreseimiento, sin un análisis de la totalidad de la documentación existente, no tendría valor”.

“Según la UFI-AMIA, se debe sobreseer a Kanore Edul, principal sospechoso de la línea ‘siria’de investigación. El allegado a la familia Menem fue justamente beneficiado por las maniobras de encubrimiento operadas desde el PEN y el Poder Judicial con el exjuez Galeano, condenado”, señalaron además. Y completaron afirmando que “La ‘exhaustividad’ a la que refiere la fiscalía se contradice con la situación: acumulación de papeles y desclasificar información sin leerla completa. Además, NO está analizado todo el material desclasificado, por lo que es imposible afirmar ahora que no hay pruebas”.

Santiago Pujol

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