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Rechazan exclusión

Miles de recuperadores urbanos marcharon desde la Plaza Manzana 66 hasta el frente de la estación Once para rechazar los cambios que el Gobierno porteño busca implementar en el sistema de gestión de residuos secos, en el marco de una nueva licitación que, según las cooperativas cartoneras, pone en riesgo un modelo de reciclado con inclusión social construido durante más de dos décadas y del que dependen alrededor de 7.000 familias. La movilización, convocada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR-UTEP), volvió a situar en el centro del debate la continuidad de un esquema que permitió ampliar la separación en origen, reducir el volumen de residuos enviados al CEAMSE y consolidar un trabajo comunitario que hoy enfrenta la posibilidad de ser reemplazado por empresas privadas bajo criterios de competencia y trazabilidad tecnológica. Buenos Aires, 25 de agosto de 2026. La protesta comenzó a las 11 en la intersección de Belgrano y Jujuy, en Balvanera, donde se encuentra la Plaza Manzana 66, y avanzó hacia la estación Once, uno de los nodos urbanos más transitados de la Ciudad. La columna estuvo integrada por las doce cooperativas que actualmente operan el sistema de reciclado, acompañadas por carros intervenidos con consignas, banderas y familias que participan del circuito desde su formalización a mediados de los años 2000. La marcha se desarrolló mientras el Gobierno porteño avanza con el proceso administrativo previo a la licitación del servicio de recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos, cuyo contrato vigente vence en septiembre.

Los pliegos técnicos de la nueva licitación fueron establecidos por la Resolución N° 53/SECH/26 y contemplan un período base de dos años. Antes de su implementación, la Ciudad abrió una instancia de consulta pública de diez días hábiles. El proyecto divide el territorio porteño en seis zonas operativas y prevé la participación de empresas prestatarias que deberán brindar de manera integrada seis servicios obligatorios: recolección puerta a puerta de materiales secos, atención a grandes generadores, vaciado de Puntos Verdes, recepción de materiales provenientes de contenedores verdes, procesamiento en centros de reciclado y tareas de promoción ambiental. Para los generadores individuales, la recolección deberá realizarse al menos dos veces por semana, mientras que para grandes generadores —comercios, industrias, hoteles y hospitales— se fija una frecuencia mínima de tres veces semanales.

El esquema también regula el procesamiento de materiales en los Centros de Reciclado, donde se realizarán tareas de pesaje, clasificación, compactación y enfardado. Los pliegos establecen una tolerancia máxima del 20% mensual de material descartado, cuyo excedente deberá ser justificado mediante declaración jurada. Además, se incorpora un sistema de seguimiento tecnológico de la flota: tanto los camiones aportados por la Ciudad como los que incorporen las empresas deberán contar con GPS y telemetría, lo que permitirá registrar recorridos en tiempo real y realizar auditorías digitales de las rutas. Para el procesamiento, el Gobierno porteño pondrá a disposición nueve Centros de Reciclado estatales.

Otro de los puntos regulados es el uso de bolsones para el acopio transitorio de materiales en la vía pública. El pliego establece un máximo de tres horas de permanencia en la calle y fija condiciones específicas para su ubicación, en línea con la intención oficial de ordenar el espacio urbano y evitar acumulaciones prolongadas de materiales reciclables. La Ciudad quedará dividida en seis zonas: Comunas 1 y 4; 2 y 14; 12 y 13; 11 y 15; 7, 8, 9 y 10; y 3, 5 y 6, donde se ubica Balvanera.

Frente a estos cambios, la FACCyR-UTEP convocó a la movilización bajo la consigna “7.000 familias. 20 años de historia. Un trabajo que no se negocia”. Las organizaciones sostienen que el nuevo esquema amenaza el sistema de reciclado con inclusión social y reclaman preservar los derechos laborales de los trabajadores cartoneros. Según la federación, las exigencias de facturación mínima, la obligación de contar con flotas propias de camiones y la titularidad sobre los Centros Verdes —predios que pertenecen al Estado y que las cooperativas operan mediante comodatos— dejarían fuera a las organizaciones que sostienen el sistema desde hace dos décadas y abrirían la puerta a empresas privadas de higiene urbana.

El Gobierno porteño, por su parte, sostiene que la licitación busca mejorar la limpieza de la Ciudad y corregir “fallas operativas” del sistema actual. En declaraciones oficiales, señalaron incumplimientos de horarios, falta de trazabilidad, uso inadecuado de uniformes y herramientas y situaciones en las que los residuos terminan desparramados en veredas o bloqueando contenedores. La nueva licitación, afirman, tendrá como ejes el monitoreo continuo, la medición de resultados y la incorporación de tecnología para garantizar previsibilidad y respeto por el vecino. “El cuidado del ambiente y la limpieza de las calles tienen que ir de la mano”, señalaron desde el Ejecutivo, que insiste en que las cooperativas podrán competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas.

Las organizaciones cartoneras rechazan esa interpretación y sostienen que el deterioro del sistema no se debe a fallas propias, sino a la reducción del financiamiento estatal destinado a logística, mantenimiento de vehículos y provisión de herramientas. Como ejemplo mencionan el incendio del Centro Verde de Barracas, que permanece sin ser reparado desde hace dos años, y la falta de renovación de insumos básicos para la recolección puerta a puerta. Para FACCyR, el nuevo esquema no solo amenaza la continuidad laboral de miles de trabajadores de la economía popular, sino que implica un cambio de modelo que podría desarticular un sistema reconocido internacionalmente por su aporte ambiental y social.

Durante el acto frente a la estación Once, los recuperadores urbanos recordaron que fueron ellos quienes, mucho antes de que la Ciudad hablara de economía circular, organizaron la separación en origen, desarrollaron los Centros Verdes y garantizaron que miles de toneladas de materiales no terminaran enterradas en el CEAMSE. “No somos descartables, somos trabajadores que cuidamos el ambiente”, señalaron en un comunicado difundido durante la movilización. Las cooperativas remarcaron que no se oponen a incorporar tecnología ni a mejorar el funcionamiento del servicio, pero exigen que cualquier modificación garantice la continuidad laboral, respete la Ley de Basura Cero y mantenga la participación de las organizaciones en la recolección puerta a puerta y en la operación de los Centros Verdes.

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