Buenos Aires, 14 de noviembre de 2023. Las sesiones de los jueves 26 de octubre y del 2 de noviembre sirvieron para poner al día el debate legislativo de las iniciativas pendientes; no obstante, el recinto fue también el escenario en que transcurrieron discusiones entre los 60 diputados que se desprendieron de los resultados electorales y de conflictos internacionales como el que actualmente se vive en la Franja de Gaza.

En la sesión del 26, fue aprobada la venta de 15 inmuebles en desuso que pertenecían al Estado porteño para financiar, con los fondos obtenidos, necesidades de varios hospitales del sistema público de salud, en especial los de niños Gutiérrez y Elizalde, el materno infantil Sardá, el de agudos Tornú y el oftalmológico Santa Lucía.

También, modificaron el Código de Tránsito y Transporte para reordenar y facilitar la circulación de grandes vehículos de carga conocidos como “bi-trenes”, que son aquellos que poseen al menos dos semiejes arrastrados por la unidad de tracción o camión.

Y sancionaron la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires a la ley nacional 27.671 que establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión de las islas Malvinas, para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Una semana después, en la sesión del 2 de noviembre, el principal tema que fue sancionado con votos de los bloques de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza fue un proyecto de la administración local para poner un tope al monto destinado, dentro del presupuesto, al beneficio que reciben en materia impositiva las empresas dedicadas a promover las actividades de la llamada “Economía del Conocimiento”.

Por otra parte, fueron girados al Gobierno diversos pedidos de informes para conocer detalles sobre el cierre de un Centro Integral de la Mujer en la Comuna 9, sobre el nivel de cumplimiento de una ley que dispone la incorporación de personas con necesidades especiales al sector público y sobre el estado de caniles de plazas y parques.

Los legisladores consensuaron que sea retirada una catalogación de nivel de protección cautelar a un inmueble lindante a la sede de la Fundación Favaloro, situado sobre la avenida Belgrano al 1700, a fin de conseguir la aprobación de una obra de ampliación de la institución sanitaria, la cual prevé utilizar el espacio para un centro de atención ambulatoria.

Los legisladores postergaron el tratamiento de un proyecto, que iba a discutirse el jueves 2 y que fue elaborado por el Ejecutivo (ver nota en página 10). El aplazamiento respondió a las observaciones hechas desde el arco opositor, desde donde pidieron más tiempo para su análisis.

El expediente planteaba una modificación al Código de Faltas a fin de incorporar el concepto de “reparación verde” para las infracciones ambientales, de higiene urbana y de daño en el espacio público. Estas sanciones contemplan que el infractor cumpla con capacitaciones o tareas comunitarias comprometidas en la recomposición, mantenimiento y preservación del ambiente

Sin embargo, dentro del texto original se incluyeron cambios como la creación de una multa para las personas en situación de calle que revisen los contenedores de residuos. También una suba considerable a la venta ambulante sin autorización y una sanción económica a los deterioros al espacio público que causen las manifestaciones. Ante la posibilidad de generar un clima de tensión con organizaciones sociales, el tema quedó para las próximas sesiones que restan antes de fin de año.

En esas reuniones, en tanto, se deberá aprobar el Presupuesto 2024, que fija los fondos con que contará la gestión para implementar las políticas de Gobierno, el que estará desde el 10 de diciembre a cargo de Jorge Macri. También se aguarda para el 24 de noviembre la realización de una sesión especial en la cual el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, rendirá su último informe de la gestión.

La crisis que atraviesa la coalición de Juntos por el Cambio, a partir del acercamiento a La Libertad Avanza, se trasladó a los pasillos legislativos, donde se entablaron las primeras conversaciones para acordar quién será el próximo vicepresidente primero del Parlamento en reemplazo de Emmanuel Ferrario (Vamos Juntos).

Si bien está estipulado que la presidencia del Poder Legislativo debe estar a cargo de quien ocupe la vicejefatura de Gobierno -en este caso será Clara Muzzio, actual ministra-, es también habitual que la verdadera conducción esté en manos del vicepresidente primero. Nombrarlo requiere de mayorías que, por ahora, no asoman. Entre otras cosas, por la misma fragmentación que sufre el PRO puertas adentro y la escisión que produjo el giro de Patricia Bullrich hacia los libertarios en Juntos por el Cambio. Así aparece como posible la continuidad de Ferrario. Pero está por verse.

También, están bajo negociaciones los cargos vacantes que se abrirán próximamente en el Consejo de la Magistratura, la Auditoría de la Ciudad y el Banco Ciudad, donde buscan desembarcar algunos legisladores que finalizan su mandato en diciembre, como el caso de Natalia Fidel y Esteban Garrido, ambos del bloque oficialista Vamos Juntos.

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